La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha otorgado un plazo improrrogable de cinco días al Ministerio Fiscal para que informe sobre la posible imputación del presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, en el conocido como caso Grúas. La providencia de la sala es resultado de un escrito presentado por el presidente Clavijo reclamando un pronunciamiento ante la inminente entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que pone fin al aforamiento de los miembros del Ejecutivo y de los sesenta parlamentarios de la Cámara autonómica.
La jueza titular del Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna, Celia Blanco, remitió el pasado mes de agosto al TSJC una exposición razonada indicando la conveniencia de llamar a declarar como investigado al presidente del Gobierno, una vez el fiscal responsable de la causa había apreciado indicios de delito en los actos protagonizados por Fernando Clavijo durante su etapa de concejal de Seguridad y luego alcalde de aquella ciudad.
La causa recayó en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, formada por su presidente, Antonio Doreste, y las magistradas Carla Bellini y Margarita Varona. La sala trasladó el escrito de la jueza de instrucción a la Fiscalía, que encomendó al fiscal Demetrio Pintado un pronunciamiento respecto a la posible imputación del presidente autonómico.
Desde entonces la Fiscalía no ha hecho público su pronunciamiento, que en el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria se da por elaborado y consultado con la Fiscalía General del Estado.
Durante este tiempo se ha terminado de tramitar y de aprobar en las Cortes Generales el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias que, entre otras novedades, incluye el fin de los aforamientos para los miembros del Gobierno y los parlamentarios autonómicos. Su entrada en vigor se producirá una vez se publique en el Boletín oficial del Estado, lo que se espera de modo inminente.
De ahí que sea decisivo el pronunciamiento del TSJC: si aprecia indicios de delito en las acciones llevadas a cabo por Fernando Clavijo en el Ayuntamiento de La Laguna tendrá que enviar la causa a los juzgados de esa ciudad, y en el caso contrario, proceder al archivo de la causa respecto al presidente del Gobierno. Además de Clavijo, en el caso Grúas están implicados el actual alcalde de la ciudad, José Alberto Díaz, y el concejal Antonio Pérez-Godiño, todos ellos de Coalición Canaria.