El TSJC recurre a la Policía para citar al juez Salvador Alba y poder notificarle la orden de ingreso en prisión

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha tenido que recurrir a la policía judicial para citar personalmente al aún juez Salvador Alba (suspendido en funciones y con un expediente de expulsión abierto en el Consejo General del Poder Judicial) a una comparecencia este martes a las 11.00 horas en la sede de la Sala de lo Civil y lo Penal en Las Palmas de Gran Canaria, situada en la plaza de San Agustín de la capital, y poder así notificarle la obligación de ingreso en prisión. Alba fue condenado a seis años y medio de prisión y a 18 de inhabilitación por conspirar contra Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. 

En una providencia notificada este lunes a las partes, la Sala advierte a Salvador Alba de que, en caso de no personarse en sede judicial o de no ser localizado este martes a la hora acordada, ordenará su inmediata detención. 

El pasado jueves expiró el plazo que el TSJC había concedido a Alba para que ingresara voluntariamente en la cárcel en ejecución de la condena que le impuso el alto tribunal canario en septiembre de 2019 por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad documental. Una sentencia que adquirió firmeza con el auto dictado por el Supremo el pasado 17 de septiembre. Desde entonces han pasado ya 68 días y Alba sigue siendo juez, cobrando un salario del Ministerio de Justicia y no ha pagado ni la multa de 12.000 euros que se le impuso ni la indemnización de 60.000 euros a Rosell por los daños y perjuicios ocasionados por sus maniobras para perjudicar su carrera profesional y política y alimentar la querella que José Manuel Soria, a la sazón ministro de Industria, Energía y Turismo y presidente del Partido Popualar (PP) en Canarias había interpuesto contra su rival en las elecciones de 2015. 

El juez suspendido y condenado ha presentado un incidente extraordinario de nulidad de actuaciones, al entender que ha sufrido indefensión en todo el procedimiento judicial que finalizó con su condena y que, dada su condición de magistrado, se ha visto perturbado en su independencia. Alba pretende que la ejecución de la sentencia quede en suspenso hasta que el Supremo se pronuncie sobre esta última solicitud y que, además, se le dé tiempo para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 

El Consejo General del Poder Judicial acordó el pasado jueves 13 de enero iniciar el expediente de expulsión de Salvador Alba de la carrera judicial, dando audiencia al interesado y a la Fiscalía para que se pronuncie. Desde que, en julio de 2018, el órgano de gobierno de los jueces le suspendiera provisionalmente de funciones tras la apertura de juicio oral, Alba ha cobrado cada mes una retribución básica de 1.800 euros en aplicación del reglamento de los jueces.  

El magistrado condenado también ha solicitado al Supremo que asuma el pago de la indemnización de 60.000 euros a Rosell en aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que mandata que así sea cuando se produzcan errores judiciales. En la causa figura como fiador de Alba la aseguradora Allianz, que ha pedido al TSJC que primero lo reclame al condenado y que, si este no lo paga, asumirá el abono en su nombre.