La calidad educativa como caballo de Troya del mercado en la educación

La LOMCE es el acrónimo para la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Encontrándose en el mismo título de la ley, y tratando explícitamente de la misma, la calidad educativa debería ser algo bien concreto y transparente a ojos de la comunidad educativa o, como poco, del legislador. Sin embargo, esto no es así. Es más, nos topamos con que ya sólo el término calidad resulta enormemente difuso, y esto es algo que debería evitarse especialmente en una ley, más aún tratándose de una ley que se refiera a la educación.

Calidad proviene del término griego “kalos”, esto es, “bueno”, “excelente”, “bello”. “Kalos” era el término que designaba uno de los pilares de la Paideia griega pues, como refiere Werner Jaeger, indicaba el ideal de aspiración en la misma:

“La educación no es posible sin que se ofrezca al espíritu una imagen del hombre tal como debe ser. En ella la utilidad es indiferente o, por lo menos, no es esencial. Lo fundamental en ella es kalos, es decir, la belleza, en el sentido normativo de la imagen, imagen anhelada, del ideal”

Autores como José Antonio Pérez Tapias o Juan Manuel Escudero Muñoz nos señalan que en la actualidad, sin embargo, y a partir especialmente de la década de los 90, la calidad aparece como una “categoría difusa, general y abstracta” donde “se han ubicado demasiadas cosas y muy confusamente” y, a todas luces, estrechamente ligada al “lenguaje de la publicidad, propaganda o marketing”.

El carácter mercantil y empresarial del término “calidad” en la actualidad parece de común consenso para los especialistas del mundo de la educación y la enseñanza, pero de la misma manera es ya claro y evidente su traspaso al ámbito educativo en los mismos términos. Su índole difusa y debidamente edulcorada ha servido como tapadera o caballo de Troya para intereses de clase, defensa de la reinstauración de nuevos privilegios, la segregación y exclusión en la educación desde una ideología manifiestamente (neo) liberal.

Pero el uso retórico del término no hace sino legitimar y justificar una práctica que sustituye la calidad como excelencia -en el primer sentido que le dimos, como ideal de aspiración en la educación- por un mero producto del capital cuyo fin es satisfacer clientes y, por tanto, que compita en un nuevo “mercado educativo”, pues este es el fin último del interés privado.

Una de las pruebas más evidentes de este ataque privado sobre una institución pública como la educación fue el Modelo Europeo para la Gestión de Calidad (EUFQM), una serie de criterios tomados de la gestión empresarial (TQM: Total Quality Management) y aplicados a los centros escolares para medir su “calidad”.

De hecho, si uno busca en la LOMCE la referencia a la calidad educativa en los centros, nos encontramos con el Artículo 122 bis. Acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros docentes.

Se promoverán acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros docentes (…) Dichas acciones comprenderán medidas honoríficas tendentes al reconocimiento de los centros, así como acciones de calidad educativa, que tendrán por objeto el fomento y la promoción de la calidad en los centros.acciones de calidad educativa

En efecto, como advierte Daniel Escribano, la instauración de leyes abiertamente (neo)liberales y reaccionarias como la LOMCE, van en la dirección señalada: ayudas a la enseñanza privada, financiación de centros que practican la segregación por razón de género, supresión de la asignatura de educación para la ciudadanía, reimposición del carácter obligatorio de la religión, establecimiento de pruebas de evaluación final al finalizar la enseñanza secundaria y bachillerato, etc.

Ahora bien, como señala Pérez Tapias, a pesar del secuestro del término calidad, “no basta la voluntad de emplear un término desde otras perspectivas y supuestos distintos del campo semántico del que proviene para que se logre liberarlo de determinada carga ideológica, máxime si la procedencia no es sólo de un determinado campo semántico, sino de un campo semántico atravesado por intereses sociales y económicos”.

En mi opinión, debería de optarse por la “excelencia” como sinónimo no tan profusamente viciado y pervertido por el interés del mercado, para referirse a ese deber ser de la educación como derecho y que, siguiendo un esquema similar propuesto por la presidenta del Learning Policy Institute Linda Darling-Hammond se caracterizaría por:

La educación como derecho humano, y por tanto asegurado y protegido por sólidas instituciones públicas que garanticen su universalidad y gratuidad.

El acceso universal a docentes cualificados, con la mejor preparación y certificación.

La dotación material de centros y docentes, lo que permite su libertad, independencia y autonomía profesional.

Pues, como señalaba Kant en su Pedagogía: “No se debe educar a los niños conforme al presente, sino conforme a un estado mejor, posible en lo futuro, de la especie humana: es decir, conforme a la idea de humanidad y de su completo destino”.