La Fiscalía consigue una prórroga de 18 meses para investigar el caso Ecomasa
El Juzgado número 5 de Santander ha acordado una prórroga de 18 meses en la instrucción del denominado 'caso Ecomasa' por su “complejidad”. Atiende así la petición de la Fiscalía, que en su solicitud de prórroga argumenta que están “pendientes de dirimir numerosas peticiones de diligencias y sobreseimientos”.
Este procedimiento se abrió a raíz de la querella que los trabajadores de la fábrica de estufas de Ecomasa (EWI)-Nestor Martin en Maliaño presentaron en mayo de 2015 contra los dueños de la empresa, Jesús Lavín y Andrés de León, imputados en la actualidad por estafa agravada y delito de fraude de subvenciones por los 18 millones concedidos por el Gobierno de Cantabria en financiación y avales.
A la causa se adhirieron más tarde como acusación particular Sodercan y el Instituto Cántabro de Finanzas, organismos públicos que inyectaron a EWI esos 18 millones de euros en la anterior legislatura bajo el mandato de Ignacio Diego.
“Considerando el tiempo transcurrido y la insuficiencia del plazo inicial de 18 meses señalado al declarar la causa compleja”, el fiscal pide la prórroga del plazo de instrucción por otro año y medio, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o en su caso la fijación de un nuevo plazo máximo de instrucción.
La petición de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha cursado el pasado 31 de mayo, y en la misma fecha, la jueza instructora, Mercedes Compostizo, titular del Juzgado número 5 de Santander, dio traslado de la solicitud a las partes antes de resolver.
Un mes antes, en abril, la Audiencia Provincial desestimó los recursos del comité de empresa de Ecomasa contra las últimas decisiones de la jueza instructora, adoptadas en febrero de 2016. Ello supone que la instrucción de la causa principal contra Jesús Lavín y Andrés de León ha estado parada durante 14 meses.
La Audiencia ha confirmado el archivo de parte de la imputación inicial contra Lavín y León, en concreto la relativa a los 3,3 millones de euros que Teka aportó a Ecomasa en 2012 como contrapartida por la recolocación de 88 trabajadores en la fábrica de estufas de La Cerrada, que empezó a funcionar en febrero de 2013.
La plantilla defendía que ese dinero era el que les correspondía como indemnización por su salida de Teka, que entonces estaba inmersa en un expediente de regulación de empleo, pero los jueces no les han dado la razón, ya que entienden que al aceptar la recolocación perdieron el derecho a la indemnización. Durante todo este tiempo, los trabajadores han seguido pleiteando en los juzgados de lo Social, primero contra Sodercan y ahora contra el Fogasa.
Junto con el archivo de la parte relativa al dinero recibido por Ecomasa de Teka, la Audiencia también ha ratificado la negativa del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander a admitir a trámite la ampliación de la querella solicitada por el comité de empresa de Ecomasa, que pretendía extender su acusación a tres directivos de Teka.
Más frentes abiertos
El cierre de Ecomasa pese a la inyección de 18 millones de euros de dinero público sigue teniendo otros frentes abiertos además del penal: el proceso concursal en la vía mercantil, que está pendiente de que se fije la fecha del juicio; y la comisión de investigación creada en el Parlamento con el apoyo de los cinco grupos parlamentarios y a iniciativa de Podemos, para depurar responsabilidades políticas.
El Juzgado de lo Mercantil declaró en concurso voluntario a Ecomasa en septiembre de 2015, al mes siguiente se abrió la fase de liquidación, y en enero de 2016 se autorizó la medida colectiva de extinción de los contratos laborales de la totalidad de la plantilla.
La Fiscalía y la administración concursal de la fábrica de estufas han calificado de culpable el concurso de la mercantil, y han solicitado la inhabilitación de Lavín y de León por cinco y ocho años respectivamente, e indemnizaciones por daños y perjuicios.
