Equo insta a Castro Urdiales a que investigue la posible usurpación de suelo público por parte de la Fábrica de Lolín
Equo Cantabria insta al alcalde de Castro Urdiales a que abra un expediente de investigación con el objetivo de “identificar y recuperar el suelo público presuntamente usurpado por la Fábrica de Lolín”. A través de un escrito de 40 páginas, el partido ecologista presenta “pruebas que indicarían de forma fehaciente” la citada apropiación.
Equo niega que la parcela actual de la conservera tenga 6.178 metros cuadrados, tal y como figura en el Registro de la Propiedad, ya que, según denuncia esta formación, en esa superficie se habría incluido el suelo peatonal que según el Plan General de Ordenación Urbana debería haberse respetado, y sin embargo, “se metió dentro de los muros de la fábrica tras su construcción en el año 1998”.
Así pues, los cálculos que se exponen en el escrito determinan que al menos 650 metros cuadrados de suelo público “habrían ido a engrosar de forma ilegal la propiedad de la Fábrica de Lolín”. Además, para el partido ecologista la venta del denominado “sobrante de vía pública” llevada a cabo en 1997 por el Ayuntamiento a Notna S.L. -sociedad propietaria de la parcela de la fábrica- “sigue generando dudas sobre su legalidad”.
Es por ello, que exige acceder al expediente para que se aclare por qué dicha empresa “no pagó las 3.731.400 pesetas en las que se valoró ese 'sobrante', y en su lugar esa cantidad fue compensada, tres años después, por una deuda que el Ayuntamiento mantenía con esa sociedad”.
No es la primera vez que Equo denuncia esta presunta usurpación de suelo público por parte de la Conservera Lolín. Lo hizo cuando impugnó el convenio entre el Ayuntamiento y la fábrica antes de que fuera aprobado en Pleno el pasado mes de mayo con los votos a favor de CastroVerde -formación que gobierna en solitario en el municipio- y del PRC, con el objetivo de trasladar la fábrica de anchoas, situada en el entorno urbano del municipio, al polígono industrial de Vallegón.
El entonces portavoz y concejal de los regionalistas castreños, Jesús Gutiérrez, tuvo que ausentarse de la votación por ser el dueño de la conservera y, por tanto, tratarse de un asunto que le “afecta directamente”. Días más tarde, dimitió de su cargo para garantizar la consecución de citado acuerdo urbanístico, hecho que desencadenó dimisiones en el seno del partido.
“Pasividad y responsabilidad penal”
Equo Cantabria denuncia la pasividad del equipo de gobierno tras aprobar el convenio urbanístico desoyendo la advertencias de apropiación presentadas por la propia formación ecologista, así como por Podemos, MASCastro y varios particulares. “Sorprende mucho que ni siquiera se haya ordenado hacer un estudio previo para comprobar la certeza de los indicios de usurpación”, sostiene este partido.
A pesar de que estos hechos, por haberse producido en 1998, habrían prescrito, no implica, según Equo, que “los miembros de la corporación estén exentos de responsabilidades penales por acción o inacción”.
En este sentido, el partido ecologista pretende que este escrito “sirva para que se cambie la actitud del equipo de gobierno y el alcalde ordene la apertura de un expediente de investigación” y, además, solicita la suspensión del convenio “para salvaguardar los intereses públicos”.
