El bipartito estrena 'aliados' inesperados antes de la negociación presupuestaria
Cuando el Gobierno de Cantabria aprobó las cuentas públicas de 2018 las pasadas navidades a través del atajo de un diputado tránsfuga, casi de forma simultánea con la celebración del importante pellizco que la Lotería Nacional dejó en aquellas fechas en el bolsillo de un buen número de cántabros, la impresión generalizada en el hemiciclo es que aquellos serían los últimos presupuestos de la legislatura.
La cercanía electoral hacía presagiar a muchos que la siguiente negociación iba a ser una misión imposible de superar para el bipartito. Los comicios de 2019 estarían demasiado cerca como para que ningún grupo parlamentario estuviera dispuesto a dar aire al Ejecutivo formado por regionalistas y socialistas. La precampaña haría el resto, lo que abocaba a una casi segura prórroga de los presupuestos.
Sin embargo, aquel escenario parece ahora muy lejano. PRC y PSOE ultiman estos días los detalles de las cuentas del próximo año con mayor tranquilidad, sin los enfrentamientos públicos que protagonizaron en ocasiones anteriores ambos socios de Gobierno por el reparto de las distintas partidas económicas, y con la convicción de que de una forma u otra sumarán el voto que les falta para salvar su minoría en la Cámara.
Además, en los últimos días, se han encontrado con dos posibles 'aliados' inesperados, que no entraban en los planes del Gabinete presidido por Miguel Ángel Revilla antes de iniciar la negociación presupuestaria: primero Ciudadanos, y después el Partido Popular, han lanzado una oferta al Gobierno para sacar adelante las cuentas sin sobresaltos. Ambas propuestas tienen una característica común, y es que en los dos casos exigen una bajada generalizada de impuestos.
Desde el bipartito son conscientes de que son ofertas “envenenadas”, porque esa reducción de los tributos provocaría de forma inmediata una bajada en la recaudación, con el consiguiente recorte en el presupuesto y la dificultad añadida de asumir los gastos relativos a los servicios públicos de primera necesidad, comprometiendo por tanto algunas de las promesas pendientes en esta recta final de la legislatura.
Abstención del PP
En el caso del PP, María José Sáenz de Buruaga anunció este martes en rueda de prensa que su grupo parlamentario se abstendría en la votación de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2019, facilitando su aprobación, si el Gobierno PRC-PSOE “revierte las subidas impositivas efectuadas en esta legislatura, volviendo a la situación de 2015”.
Según ha dicho, su partido “no se plantea un escenario de posible negociación presupuestaria” con el Gobierno sobre unas cuentas que, aunque no conoce, cree que, por lo adelantado por los miembros del Ejecutivo, serán “irreales”, “imposibles” y “claramente insuficientes” para financiar el gasto.
“A diferencia del resto de los grupos parlamentarios que a lo largo de la legislatura han sido cooperadores necesarios de unos presupuestos inservibles, nosotros no confiamos en este Gobierno ni vamos a convertirnos en su cómplice. Nosotros no vamos a ser cómplices de una farsa”, ha expresado.
Con su petición de que se reviertan las subidas impositivas de esta legislatura, el PP exige una bajada en el tramo autonómico del IRPF; bajar el impuesto de actos jurídicos documentados; suprimir el impuesto de sucesiones; bajar el impuesto de transmisiones patrimoniales, incluida la compraventa de vehículos; y revertir la subida del impuesto de patrimonio.
Apoyo de Ciudadanos
En la misma línea, Ciudadanos remitió la semana pasada una oferta a los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, PRC y PSOE, en la que mostraba su disposición a negociar los presupuestos de Cantabria para 2019 y planteaba cuatro medidas “irrenunciables”, con la bajada de impuestos, la racionalización del gasto público y la lucha contra la corrupción como prioridades.
Las cuatro medidas son la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones y la bajada del IRPF en los dos primeros tramos autonómicos; la aplicación de las medidas recogidas en el informe de la AIREF sobre las empresas y fundaciones del sector público de Cantabria en lo relativo a la gestión de los recursos humanos; la centralización de compras y eliminación de duplicidades, y la aprobación de la proposición de ley de protección integral de denunciantes de corrupción impulsada por Cs.
Negociaciones en marcha
A pesar de estos 'cantos de sirena' de las dos formaciones conservadoras en la Cámara, el bipartito sigue cerrando flecos del presupuesto y tiene previsto presentar las cuentas a los agentes sociales esta misma semana. Será un paso previo a su aprobación en el Consejo de Gobierno y su posterior presentación en el Parlamento para comenzar su tramitación legislativa.
PRC y PSOE han conseguido solventar todos los años estos escollos y poner en marcha su proyecto con los apoyos más dispares: en el primer ejercicio fue Podemos quién lo permitió, en el segundo contaron con el visto bueno de Ciudadanos, y el pasado invierno sumaron el voto del diputado tránsfuga Juan Ramón Carrancio, exdirigente de Cs, en lo que ha sido la operación más controvertida hasta la fecha.
De hecho, el secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, intentó por todos los medios no tener que pasar por ese trago, pero finalmente sacrificó su compromiso ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Podemos en el escaso margen de tiempo disponible.
Este año ha tratado de adelantarse a los acontecimientos e inició hace unas semanas las conversaciones con Rosana Alonso, líder autonómica de la formación morada, pero la convulsa situación interna que viven los de Pablo Iglesias en Cantabria lo ha dejado sin interlocutores válidos.
A la espera de que se resuelva el conflicto de los morados, todas las opciones están sobre la mesa del bipartito, que tanto en público como en privado manifiestan su seguridad de que, de una u otra forma, sumarán el preciado voto que les solvente la última papeleta de la legislatura para centrarse de lleno en la recta final antes de las elecciones. En estos casi cuatro años, la geometría variable a la que se encomiendan en cada pleno les ha dado resultado siempre positivos.
