El Gobierno destinará 85 millones para afrontar la situación de emergencia social
La vicepresidenta del Gobierno autonómico, Eva Díaz Tezanos (PSOE), ha presentado el borrador del Plan de Emergencia Social de Cantabria que supone la puesta en marcha de 100 medidas para un periodo de dos años, aunque ya se está trabajando en medio centenar de ellas, y una inversión de 85 millones de euros. El objetivo, según ha asegurado, es “hacer frente a la situación por la que pasan más de 160.000 personas en Cantabria”.
El Plan, cuyo borrador ha sido aprobado este lunes en la Comisión Interdepartamental de Emergencia Social, quedará cerrado de manera definitiva el próximo mes de diciembre una vez que los grupos parlamentarios, convocados para el próximo jueves, hagan sus aportaciones.
Díaz Tezanos ha asegurado que el Plan muestra la voluntad política de un Gobierno que “hace frente a una realidad a la que el anterior Ejecutivo dio la espalda durante años”. “Una voluntad política que ha supuesto, en primer lugar, reconocer que existe esta situación de emergencia social, que se ha tratado de ocultar durante años, unos años que han sido duros para muchas personas y familias que han sido golpeadas por la crisis y por las medidas del Partido Popular”, ha afirmado.
Además, la vicepresidenta ha explicado que el Plan cuenta con indicadores de seguimiento para cada una de las medidas y que la Comisión Interdepartamental y el grupo de trabajo técnico, que se ha creado para coordinar las medidas del Plan, evaluarán el grado de cumplimiento de las diferentes acciones y su implementación para adaptarse a posibles necesidades que puedan ir surgiendo.
Díaz Tezanos ha precisado “el Plan se dirige fundamentalmente a los perfiles más tradicionales de pobreza y exclusión, pero también a las familias que se mueven alrededor del umbral de la pobreza” y el objetivo es “dar cobertura y apoyos necesarios a las personas y familias que presentan una mayor vulnerabilidad procurando una mayor autonomía y evitando que deriven en mayores dificultades o problemas de exclusión social”.
En la elaboración del documento ha participado, además de siete departamentos del Ejecutivo regional, reunidos en la Comisión Interdepartamental, el Consejo Asesor de Servicios Sociales y la Alianza Cántabra contra la Pobreza. Los sindicatos CCOO y UGT, CEOE-Cepyme Cantabria, el Colegio de Trabajadores Sociales, la asociación profesional de Educadores Sociales de Cantabria, los representantes de consumidores, la Federación de Municipios de Cantabria, Cáritas, Fundación CUIN y CERMI han hecho sus aportaciones a este documento que se aprobará en Consejo de Gobierno el próximo mes.
Cinco objetivos estratégicos
Las 100 medidas se estructuran en torno a cinco objetivos estratégicos “para garantizar la necesidades básicas de la familias y personas” y se concretan en la garantía de unos ingresos mínimos, garantizar el acceso a suministros básicos (plan de garantía alimentaria, plan de garantía de suministros vitales, y plan de garantía habitacional), ofrecer medidas que repercutan y mejoren los programas de inclusión laboral y comunitaria, garantizar el acceso a los servicios de salud y garantizar la movilidad.
Además, se han diseñado otros cinco grupos de medidas trasversales, que inciden y dan apoyo a las líneas estratégicas del Plan, y supone la puesta en marcha de la Red Centinela de Apoyo a Personas y Familias afectadas por la crisis, el desarrollo socialmente sostenible, la creación de un Fondo de Solidaridad y Garantía para luchar contra la pobreza y exclusión, la detección y lucha contra la pobreza infantil y atención a colectivos especialmente vulnerables.
Medidas más relevantes
Díaz Tezanos ha precisado que la mayor parte de las 100 medidas son de nueva creación y en 49 de ellas el Ejecutivo ya está trabajando para ponerlas en marcha de manera inmediata sin esperar a la aprobación del documento. También ha asegurado que llegar a este punto “no ha sido fácil” porque, en primer lugar, han tenido que eliminar el “infierno burocrático” que había para acceder a las prestaciones sociales y poner en marcha modificaciones normativas.
De entre el conjunto de acciones, la vicepresidenta ha destacado las medidas que afectan a la Renta Social Básica, con una inversión de 21,4 millones de euros; la puesta en marcha del ticket social cántabro para la adquisición de alimentos, productos frescos y de primera necesidad gestionado por los Servicios Sociales de Atención Primaria con una inversión de un millón de euros; el refuerzo de las becas de comedor en centros de educación infantil y primaria para lo que se destinará 1,6 millones de euros o el fondo extraordinario de suministros básicos que haga frente a la pobreza energética y a otras necesidades vitales con dos millones de euros de inversión.
Asimismo, la prestación económica de emergencia social para la cobertura de necesidades básicas en situaciones de emergencia social y para víctimas de violencia de género (un millón); el refuerzo del programa de ayudas para la adquisición de libros y materiales curriculares (dos millones de euros); la creación de un parque público de viviendas (dos millones); ayudas del Fondo de Emergencia Habitacional para el pago de alquiler o de la hipoteca (250.000 euros), y ayudas para el acceso al alquiler (3,5 millones de euros).
Díaz Tezanos se ha referido también a los convenios de incorporación social para los beneficiarios de la Renta Social Básica, los programas específicos para la formación de personas con necesidades formativas especiales o que tengan dificultades para su inserción o recualificación profesional (100.000 euros); la elaboración de la ley de Renta Básica en la que ya está trabajando el Gobierno, y el priorizar a las personas desempleadas de larga duración que no perciban prestaciones o subsidios por desempleo en el programa de colaboración con las entidades locales de Cantabria.
La universalización de la asistencia sanitaria para lo que el Ejecutivo va a destinar 1.764.830 euros; la creación y puesta en marcha de la Red Cántabra de Apoyo a las personas y familias afectadas por las crisis, la aprobación por acuerdo de Consejo de Gobierno de las directrices de política general dirigidas a los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública; la creación de un Fondo de Solidaridad y Garantía para la lucha contra la pobreza y la exclusión, la puesta en marcha de programas de integración sociolaboral de la población gitana (250.000) y de la Red Centinela de Pobreza Infantil son otras medidas que la vicepresidenta ha destacado durante la presentación del borrador del Plan.
