Gobierno y Liberbank pactan que la entidad bancaria renueve los alquileres sociales que caducaban en 2020

Más de un centenar de familias de Cantabria en situación de riesgo podrán respirar tranquilas por sus hogares este año. Y es que el Gobierno autonómico ha pactado con Liberbank que la entidad bancaria renueve los alquileres sociales que caducaban en 2020, como una medida para garantizar que estas personas puedan mantener unos contratos cuya continuidad veían amenazada.

Así pues, la Consejería de Vivienda que dirige Ana Belén Álvarez (PSOE) ha obtenido el compromiso de este banco de prolongar todos los alquileres, salvo aquellos que “tengan deuda o una renta muy por debajo de mercado”. En el primer caso, Liberbank renovaría el contrato si el inquilino se pone al día o si propone un plan de pago a la empresa. En el segundo, si la renta está muy por debajo de mercado se renovaría con una actualización.

Se trata de una reivindicación de las plataformas antidesahucios, las cuales venían alertando del riesgo de lanzamiento hipotecario al que se podían enfrentar alrededor de 300 familias cántabras en riesgo de exclusión social. Y es que los alquileres sociales que firmaron con Liberbank cuatro o cinco años atrás vencían este 2020 por lo que la preocupación de los colectivos por la situación de estas personas era máxima.

Ante este escenario, el Ejecutivo cántabro planteó a la entidad bancaria la posibilidad de renovar los contratos de las personas que estuvieran al corriente de pago para que pudieran así continuar en sus viviendas. Se trató de una petición expresa del vicepresidente, Pablo Zuloaga (PSOE), a la gerente de Liberbank durante la reunión en la que ambas partes acordaron la cesión de 50 viviendas de este banco al parque público de alquiler social, sobre la que ha obtenido una respuesta satisfactoria.

Viviendas sociales

Respecto al medio centenar de viviendas sociales que ha incorporado la Administración por un periodo de cinco años prorrogables, la Dirección General de Vivienda y Gesvican están llevando a cabo un proceso de supervisión y acondicionamiento una a una para ponerlas en condiciones óptimas a disposición de las personas en situación de riesgo.

Estas actuaciones se enmarcan en plena elaboración de la Ley de Vivienda de Cantabria, otra de las principales reivindicaciones de los grupos antidesahucios, que se encuentra a punto de comenzar el proceso participativo que servirá para recabar propuestas de agentes sociales, plataformas, arquitectos, aparejadores, entidades financieras y representantes del sector inmobiliario.