El embudo legislativo del Gobierno: quedan dos meses de legislatura para aprobar una decena de leyes
El Gobierno de Cantabria se ha encontrado con un embudo legislativo en la recta final de la legislatura. El bipartito PRC-PSOE tiene cerca de una decena de proyectos de ley pendientes de tramitación cuando quedan apenas dos meses hábiles de legislatura, ya que la convocatoria de las elecciones autonómicas se producirá el 1 de abril, lo que reduce a ocho los plenos que restan antes de que se disuelva la Cámara.
Con este apretado calendario por delante, el Ejecutivo autonómico tiene difícil aprobar algunas de sus promesas electorales, leyes 'estrella' para socialistas y regionalistas que se pueden quedar en el cajón por no haber hecho los deberes a tiempo o por el intento de acompasar su aprobación al calendario electoral, de forma que estas normas se pudieran usar como logros recientes que exhibir en campaña.
Las guerras internas en los diferentes partidos políticos con representación en la Cámara tampoco han ayudado, ya que han sacudido directamente a la actividad parlamentaria, retrasando algunos trámites imprescindibles. Por ejemplo, la reciente disolución del grupo parlamentario de Podemos y el paso de dos de sus diputados al grupo mixto sigue pendiente de resolver y modificará tanto la organización de la Mesa del Parlamento como de las distintas comisiones en las que tenían presencia.
En estos momentos están pendientes varios proyectos importantes impulsados por el Gobierno de Cantabria. Se han iniciado los trámites parlamentarios de la Ley de Protección y Bienestar Animal, la Ley de Control Ambiental, la Ley de Garantía de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, transgénero, bisexuales e intersexuales y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, la Ley del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias, la Ley de Igualdad, la Ley por la que se extingue la Cámara Agraria y la Ley de creación del Consejo de la Juventud de Cantabria.
Salvo en el último caso, que previsiblemente saldrá adelante en el próximo pleno del 4 de febrero, el resto deben superar aún varios hitos antes de estar listas para su debate en la Cámara. De hecho, las leyes de Control Ambiental, LGTBI e Igualdad están “completamente bloqueadas” hasta que no se renueve la mesa de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, que presidía la diputada de Podemos, Verónica Ordóñez, hasta que hace unos días abandonó el grupo parlamentario por discrepancias con sus compañeros de filas.
En cualquier caso, estos son únicamente los proyectos de ley aprobados e impulsados por el Gobierno. Al margen de ellos están las proposiciones de ley que han registrado las diferentes fuerzas políticas, muchas de ellas pendientes de pasar por el pleno para decidir si se tramitan o no. Eran cerca de una decena antes de la disolución del grupo parlamentario de Podemos.
Como consecuencia de su desaparición han decaído automáticamente todas las iniciativas presentadas por el partido morado -proposiciones de ley, no de ley y solicitudes de comparecencia-, entre ellas, la Ley contra el Fracking presentada en mayo del año pasado. Una excepción a esta regla será la Ley de Vivienda, que se mantendrá por haberse registrado de forma conjunta con el grupo socialista.
Previsiones incumplidas
Las previsiones del Gobierno eran muy optimistas de cara al año pasado, pero esos planes quedaron muy lejos de la realidad. El Plan Normativo de Cantabria para 2018 recogía la intención del Ejecutivo autonómico de llevar a cabo 86 decretos y 24 leyes en total. Sin embargo, un repaso a la actividad legislativa del bipartito arroja cifras mucho más modestas: finalmente se aprobaron un total de 11 leyes, si se incluyen en ese registro los presupuestos y la ley de acompañamiento a las cuentas.
Por tanto, quedaron pendientes de aprobación más de la mitad de las normas que tenía contempladas el Gobierno, un registro que fue aún más pobre en 2017, cuando el Ejecutivo solo consiguió sacar adelante una de las 26 leyes que había anunciado previamente, tal y como denunció la oposición encabezada por el Partido Popular.
Esas previsiones tan optimistas del bipartito año tras año contrastan con el balance que se desprende de la actividad legislativa desplegada a lo largo de toda la legislatura. Y es que si para 2018 se anunciaron 24 leyes y para 2017 la cifra fue de 26, cuando faltan solo dos meses para que se convoquen elecciones y se disuelva la Cámara solo se han aprobado una treintena de leyes en total, contando ahí modificaciones de normas ya existentes y los proyectos de presupuestos anuales.
Calendario exprés
“En estos momentos tenemos una acumulación de leyes para tramitar importantísima, y además unas leyes con mucha enjundia, con mucho interés para el futuro de los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria. Para distintos colectivos en particular y para la sociedad en general”, defendía recientemente la presidenta del Parlamento de Cantabria, Dolores Gorostiaga, en una entrevista con eldiario.es.
Para la dirigente socialista, es “responsabilidad” de los grupos parlamentarios ponerse de acuerdo y encontrar la fórmula que haga posible desarrollar todos los proyectos que ha presentado el Gobierno, muchos de ellos anunciados a bombo y platillo a lo largo de la legislatura, pero que no acaban de concretarse.
“No sería muy presentable que a estas alturas de la legislatura, después de que tengamos aquí algunas leyes desde hace seis meses, digamos que no nos da tiempo a tramitarlas”, lamentaba Gorostiaga, que intentó habilitar el mes de enero ante la intensa actividad legislativa, una propuesta que finalmente no prosperó por la reticencia de los grupos parlamentarios.
