Libres exige la dimisión del delegado del Gobierno por “no facilitar datos para identificar a agresores de ultraderecha”
Los graves altercados que se produjeron en Santander el pasado 27 de octubre en el exterior del Palacio de Festivales de Cantabria, con motivo del acto político convocado por Podemos y en el que participaba el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, siguen generando reacciones casi tres meses después de unos hechos en los que un grupo de radicales de ultraderecha profirieron insultos, amenazas, intentos de agresión y muestras de violencia contra los asistentes y la prensa que cubría el mitin.
La última respuesta ha llegado desde la Asamblea Cántabra por las Libertades y Contra la Represión (Libres), que ha exigido la “dimisión inmediata” del delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz (PP), al que acusan de “no facilitar información” al juzgado que investigaba la denuncia de una periodista para identificar a los radicales que la agredieron, por lo que ha quedado archivada por “falta de autor conocido” pese a los vídeos e imágenes que recogen los insultos, empujones y golpes que sufrió.
“El delegado del Gobierno conoce perfectamente la modificación que se hizo en 2015 a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a los jueces a archivar los casos si no hay autor conocido y, a pesar de que la Policía Nacional identificó a once personas, no ha facilitado la información al juzgado”, explica Darío Serrano, abogado y uno de los portavoces de Libres.
Este colectivo insiste en que Ruiz “mantiene un patrón de vulneración de las libertades y los derechos fundamentales de los cántabros” pero, en el caso de los insultos y agresiones protagonizadas por un grupo de ultraderechistas en Santander, “ha rebasado el límite”. Según explican desde esta organización, la Delegación del Gobierno remite normalmente las identificaciones que se producen a los juzgados, pero “no ha sido así en este caso”.
Por este motivo, Libres considera que Ruiz debe dimitir de forma inmediata porque esta actitud -“nada democrática y con el agravante de su conocimiento de los cambios en la ley de enjuiciamiento criminal”- se suma a “la aplicación desmesurada de la Ley Mordaza en Cantabria y con una forma de procesar los expedientes que genera indefensión en la ciudadanía, como acaba de ratificar el Defensor del Pueblo en un informe”.
A juicio de Libres, el “excesivo celo” que ha mostrado el delegado del Gobierno en los casos de protesta social o en los escraches, con detallados informes e identificaciones masivas, “se convierte en dejación de funciones cuando se trata de agresiones fascistas que, además, estuvieron cargadas de sexismo”, unas críticas a las que la Delegación del Gobierno en Cantabria no han querido responder.
Gestión en entredicho
La gestión de Samuel Ruiz al frente de la Delegación del Gobierno en Cantabria, que se prolonga desde que Mariano Rajoy llegó al Gobierno en 2011, está siendo muy cuestionada casi desde el principio de su mandato por los colectivos sociales, que critican tanto la rigidez con la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a su cargo aplican la Ley de Seguridad Ciudadana, como la falta de explicaciones del alto cargo, que incluso se negó a comparecer en el Parlamento para dar cuentas públicas.
Además, tras conocerse el archivo de la denuncia por agresión en el exterior del Palacio de Festivales presentada por una periodista de Europa Press por “falta de autor conocido”, la reacción desde Podemos fue unánime y cuestionaron la intervención y las medidas de seguridad que se llevaron a cabo por parte de la Policía Nacional durante el mitin de Pablo Iglesias en Santander.
“Si la Delegación de Gobierno hubiera ordenado a la policía identificar a los ultras no se hubiera desestimado la denuncia por 'falta de autor conocido'. En Cantabria sale gratis agredir, insultar y amedrentar si eres un fascista”, denunció el actual coordinador del partido en la comunidad, Alberto Gavín. También desde la cúpula de la formación morada a nivel nacional hubo reacciones inmediatas, con mensajes de Pablo Iglesias e Irene Montero en sus respectivas cuentas de Twitter.
Pese al archivo de esta causa, que es provisional y podría reabrirse si se identifica a los autores de la agresión, sigue sin resolver la sanción por la convocatoria de esa concentración sin permiso legal y hay abierto otro proceso judicial por una querella presentada por otro periodista cántabro, que también sufrió la acción de los participantes en esa protesta.
