El macrojuicio por corrupción urbanística de Castro se cobra su primera víctima

A apenas 48 horas de comenzar la campaña electoral, el PSOE ha sufrido un fuerte revés en dos municipios en los que prevé ostentar tareas de gobierno a partir del próximo 24 de mayo. La Audiencia Provincial de Cantabria ha ratificado la imputación de sus candidatos a la Alcaldía de Castro Urdiales y de Laredo, Daniel Rivas y Juan Ramón López Revuelta, respectivamente.

El primero ya ha anunciado que se retira de la carrera electoral, con lo que el partido tendrá que nombrar un nuevo candidato -posiblemente Ainhoa Pérez San Miguel, número dos en la lista-, mientras que López Revuelta comparecerá este jueves ante los medios de comunicación para dar a conocer su decisión que, según ha podido saber este diario, será seguir siendo cabeza de cartel en las elecciones y dimitir una vez se abra juicio oral. Con ello, cumpliría “estrictamente” el Código Ético del PSOE, señalan fuentes del partido.   

Ambos son las dos primeras víctimas del 'caso La Loma', en el que hay un total de 48 encausados -23 políticos, trece promotores y constructores, ocho funcionarios, tres técnicos y un notario- por el desarrollo urbanístico “irregular” de esta zona de Castro Urdiales. Entre los años 2002 y 2004, el Pleno municipal modificó el Plan General de Ordenación Urbana para recalificar “fraudulentamente” más de 300.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable, según recoge la instrucción del magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro, quien tras la confirmación de la Audiencia Provincial, tendrá que emitir un nuevo auto para iniciar el juicio oral.  

Entre el casi medio centenar de imputados también figuran los exalcaldes Fernando Muguruza (tránsfuga del Partido Regionalista de Cantabria) y Rufino Díaz Helguera, que es candidato por Acuerdo por Castro. En conjunto, la Fiscalía pide penas que suman 200 años de prisión por haber incurrido en diez tipos de delitos, entre otros, prevaricación, estafa, cohecho, falsedad de documentos públicos y malversación.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles, Rivas ha explicado que su renuncia es “irrevocable”, y que constituye una decisión “personal” y “meditada”. Lo hace, ha dicho, “por el bien del partido”, y por no contribuir a “la mala imagen” de Castro y sus vecinos, después de que la Audiencia haya rechazado el recurso que interpuso en 2012 contra su imputación por prevaricación tras votar en el Pleno municipal a favor del Plan Parcial. “Ésta ha sido la única implicación que yo he tenido en todo el procedimiento” de La Loma, ha subrayado Rivas. En el caso de López Revuelta está acusado de estafa continuada por su actuación como representante de una de las empresas constructoras.

Tras apuntar que el Plan Parcial no se ha desarrollado, es decir, que a día de hoy “está verde”, y que venía acompañado por los “informes favorables” de los técnicos municipales, Rivas ha asegurado que no tiene “nada que ver” con el resto del caso La Loma, esto es, “con licencias concedidas en suelo rústico, casas sin abastecimiento de agua, presuntos cohechos, enriquecimientos personales y un largo etcétera”. “Mi única participación -ha insistido- fue en un Pleno, siendo concejal de la oposición y con informes favorables de los técnicos”.

Así, el socialista ha defendido su honorabilidad. “Creo firmemente en la decencia política. No tengo nada que ocultar, todo mi patrimonio está a disposición de los ciudadanos. La calidad de las personas se fija con los niveles de exigencia que uno se exige asimismo”, ha argumentado Rivas.

Finalmente, Rivas, que durante los últimos cuatro años ha liderado la oposición de su partido en el municipio, ha remarcado que el proyecto del PSOE en Castro es de “trabajo y futuro”, y “a parte de Daniel Rivas hay mucho más PSOE”. 

“Trama de corrución”

El 'caso La Loma' constituye el mayor procedimiento judicial contra la corrupción de Castro Urdiales. En un auto de más de 200 páginas, el juez Acayro concluyó que el desarrollo urbano de ese sector se gestionó con “el pelotazo, la fata de infraestructuras básicas y la falta de equipamientos” como “denominador común”. 

En la instrucción de la causa, que supera los 70.000 folios, Acayro asegura que existen indicios sólidos “como para apreciar una trama de corrupción” en la gestión urbanística del municipio, uno de los que mayor crecimiento inmobiliario ha experimentado en los últimos años en Cantabria. 

La Audiencia Provincial ha ratificado esta semana el auto del magistrado, manteniendo la práctica totalidad de las imputaciones -salvo la de dos empleados municipales-. El Tribunal afirma que la Corporación concedió licencias de obra para la construcción de viviendas “pese a que no había infraestructuras para el abastecimiento de agua, ni era previsible que las hubiese a la finalización de la construcción”.