No es país para pobres

Esta semana nos han pegado una bronca de proporciones bíblicas. El relator sobre extrema pobreza de la ONU Philip Alston ha estado de vacaciones dos semanas en España. Pero no en esa España de catálogo de turoperador, donde todo es sol y playa, donde los monumentos y la paella brillan aderezados con sevillanas y una copita de rioja. El Sr. Alston ha visitado la otra España, la nuestra, la de verdad. Y no ha podido por menos que volverse a su casa escandalizado por los índices de pobreza y desprotección tan escandalosos que tenemos en la decimotercera potencia mundial.

Cuenta el pobre Alston que probablemente muchas de las personas que vivimos en este país no reconoceríamos como propios algunos de los lugares que ha visitado. Barrios chabolistas, sin agua y sin luz, donde la gente sobrevive como puede en condiciones infrahumanas. Una foto propia de la postguerra o de campamentos de refugiados; imágenes que asociamos a conflictos bélicos o a zonas devastadas por catástrofes. Y es cierto, esta España nuestra es así: un país en el que conviven los millonarios con todas esas personas a las que la recuperación económica dejó abandonadas a su suerte. Porque eso también fue una guerra, la guerra del sálvese quien pueda, en la que los más listos hicieron fortuna con la desesperación de tantos.

Los damnificados de esa batalla cruenta, en la que sucesivos gobiernos han actuado como salvaguarda de los grandes capitales, son los 12,3 millones de personas que están actualmente en riesgo de pobreza o exclusión social, el 26,1 % de la población española. Pero dentro de ese grupo hay otro, los pobres entre los pobres, los que viven en privación material severa: 670.000 afectados que ni siquiera pueden comer pollo dos veces por semana.

Cantabria no escapa a esas estadísticas. EL 25 % de nuestra gente vive en esa situación: 145.000 cántabros y cántabras. Perdón, más cántabras que cántabros – un 20% más concretamente-, porque la pobreza en todo el país lleva nombre de mujer, precaria o en paro, responsable de una familia monomarental. Y aquí, el conjunto de los que sobreviven – porque a eso no se le puede llamar vivir- con menos de 370 euros al mes es de unas 34.000 personas.

El relator de la ONU no pasó por nuestra comunidad, pero no creo que esa foto fija hubiera sido muy diferente. Sufrimos como nadie la estacionalidad del empleo, los contratos parciales, por horas y hasta por minutos al paso que vamos, y hemos liderado la subida del paro este mes: un 19%. Los ERTEs asolan nuestra industria, los ferris se nos van a las comunidades limítrofes porque tienen mejores infraestructuras aunque alguno se empeñe en culpar a los migrantes irregulares, las minas de zinc no son tales, los pelotazos urbanísticos ya no funcionan. Lo único que les queda a nuestros dirigentes, dada su manifiesta incapacidad para formular soluciones, es rezar al dios del cambio climático para que nuestras costas sean la nueva Marbella, con sol y calor los 365 días del año.

El relator de la ONU ha puesto el foco donde se debe poner: “los niveles de pobreza en España reflejan una decisión política. Esa decisión política ha sido hecha durante la última década”. Alston es especialmente incisivo en la política de vivienda, por llamarla de alguna manera, que lleva nuestro país. En unos días en los que algún dirigente de la derecha patria invocaba a la libre regulación del mercado en nombre de un manoseado Adam Smith –si levantara la cabeza y oyese semejantes necedades le daba un ictus seguro- el australiano nos ha dicho que el principal problema de nuestro país es la vivienda. No Venezuela o el adoctrinamiento en los colegios, para sorpresa mayúscula de algunos medios de comunicación. En Cantabria, por quedarnos cerca de casa, el precio medio del alquiler por m2 es de 7,5 €, que se incrementa a 8,4 €/m2 en la capital. Es decir, un piso de 60 m2 nos costaría de media 500 € en Santander. Desde luego no son los precios de Madrid o Barcelona -966 € y 1.002 respectivamente de media-, pero que me expliquen cómo ese 25 % de paisanos pueden optar a techo y a comer al mismo tiempo.

Como remarca el relator, cambiar las cosas es una decisión política; decisión que pasa por regular los precios del alquiler, por implementar una política fiscal realmente progresiva, por perseguir el fraude de las grandes empresas, por mejorar las condiciones laborales, por instaurar una renta mínima que garantice la subsistencia, por ayudar a las mujeres solas a sacar a delante a sus familias, por evitar la depredación de la vivienda por parte de los fondos buitre, por rescatar personas en lugar de bancos. En definitiva, por atreverse a llevar adelante un batería de políticas sociales que realmente lo sean. España no es país para pobres, es la vergüenza de Euro.