Colectivos ecologistas denunciarán al consejero de Industria por prevaricación, tráfico de influencias y delito ecológico
La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria acudirá ante la Fiscalía Anticorrupción para denunciar al consejero de Industria del nuevo Ejecutivo autonómico, Francisco Martín, de prevaricación, tráfico de influencias y delito ecológico en la tramitación de 14 proyectos de parques eólicos, con una potencia solicitada de unos 600 megavatios, y otros 17 que son competencia del Estado.
El colectivo convervacionista ha pedido ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) la “suspensión cautelar urgente” del Plan de Sostenibilidad Energética y de los parques eólicos en tramitación y ha exigido además la dimisión del presidente, Miguel Angel Revilla (PRC), y los consejeros Juan José Sota (PSOE) y Francisco Martín (PRC), para el que pedirá “responsabilidades penales” por su gestión al frente del departamento responsable de estos proyectos.
Martín explicó el pasado viernes en el Parlamento el estado actual de todas las instalaciones eólicas en tramitación y reivindicó el desarrollo de la energía eólica como una de las puntas de lanza de la actividad política del nuevo Gobierno bipartito. Según confirmó en esa comisión parlamentaria, existen cerca de 30 proyectos de parques eólicos proyectados en territorio de Cantabria.
De hecho, y según ha denunciado en rueda de prensa la plataforma, esos parques figuran como “vigentes” en un plano elaborado por la propia Dirección General de Industria. “Solo uno ha salido a información pública y del resto no teníamos ni la más remota idea”, ha censurado durante su intervención ante los medios el abogado Fernando Merodio, que ha actuado como portavoz del colectivo ecologista.
Para Merodio, la forma en que el Gobierno de Cantabria está tramitando los parques eólicos constituye “un desprecio a los ciudadanos, una burla y una desfachatez”, más aún, a su juicio, teniendo en cuenta que todos los proyectos excepto uno se localizan en el sur de la comunidad autónoma.
Una larga lucha judicial
La plataforma anunció en octubre de 2014 la presentación de un recurso contencioso administrativo contra el Plan Energético y solicitó su suspensión como medida cautelar, una petición que les ha sido denegada. Merodio ha denunciado que “pasado un año, la Administración ni siquiera ha contestado a la demanda”.
Este colectivo ya había recurrido la denegación de la suspensión cautelar del plan pero, después de las declaraciones de Martín en sede parlamentaria ha vuelto a presentar un recurso ampliando ante el TSJC las razones de tal suspensión y su máxima urgencia.
