“Sigo siendo un delincuente y mi delito es pelear contra una dictadura criminal fascista”

José María Galante, apodado 'Chato' Galante, es una de las víctimas del franquismo que en la actualidad lucha porque se haga justicia contra los crímes de la dictadura. De muy joven fue detenido por la Brigada Político Social de la Policía franquista en cuatro ocasiones, fue torturado, juzgado tres veces y pasó más de cinco años en la cárcel, hasta diciembre de 1976.

Actualmente, mediante la asociación de expresos políticos 'La Comuna: Presxs del franquismo', constituida tras el derribo de la cárcel de Carabanchel en Madrid, participa en la conocida como 'querella Argentina', a través de diferentes ayuntamientos, que investiga en el país sudamericano los crímenes del franquismo.

Santander Sí Puede, la formación que encabeza el concejal Antonio Mantecón en la capital cántabra, registró una moción que se debatirá este jueves 6 de abril en el Pleno, en la que insta al ayuntamiento santanderino a adherirse a la 'querella Argentina', así como a interponer una demanda en este mismo sentido en los juzgados de la ciudad.

¿Cuándo empiezan a participar en la conocida como 'querella Argentina'?

Participamos en 2012 cuando nos personamos en Buenos Aires, y a a partir de ahí, fuimos desarrollando una serie de actividades: imputaciones hasta a 21 encausados, a ministros de la dictadura que firmaron penas de muerte, torturadores, consejos de guerra, un médico relacionado con el robo de bebés... Distintos perfiles de criminales de guerra y autores de crímenes contra la humanidad.

¿Qué papel juega el Gobierno de España en este asunto?

El Gobierno español ha saboteado por tierra mar y aire este proceso negándose a extraditar a esos imputados para que les tomaran declaraciones en Argentina y a que fueran juzgados en España. Incluso se ha negado a que la jueza pudiera tomar declaraciones indagatorias para proceder a procesar a estos criminales, a través de la emisión de una vergonzosa orden de la fiscal general del estado por la que amenazaba a los jueces que lo hicieran.

¿Qué importancia tienen las iniciativas de los diferentes ayuntamientos?

En ese proceso, a partir del otoño del año pasado, decidimos volver a poner querellas en España y lo hacemos a través de los ayuntamientos. Hay algunos que se han personado en Argentina o que han puesto querellas en juzgados territoriales españoles contra los crímenes cometidos en sus ciudades por la dictadura franquista.

Para nosotros es muy importante porque por primera vez hay una acción institucional exigida en defensa del derecho a la justicia de las víctimas. Hay cerca de 100 ayuntamientos que han aprobado mociones para tomar iniciativas de este tipo y hay algunos que han presentado las querellas, como Vitoria, Pamplona y Tarragona, entre otros.

Se está conformando una red de ciudades por la justicia. Hay un proceso que nosotros creemos que es imparable por el que los municipios, a través de la institución más próxima a la ciudadanía, empiezan a tomar conciencia de la necesidad de que la recuperación de las condiciones de la convivencia democrática se establezcan en un plano que parta del reconocimiento de los principios de justicia y reparación de las víctimas de la dictadura franquista.

Desde nuestro punto de vista, no se puede establecer una relación de convivencia democrática cuando se mantienen sin castigar crímenes que según la legislación de Naciones Unidas, ni son amnistiables ni son prescriptibles porque están cometidos contra la humanidad.

¿Qué opina cuando un sector de la sociedad e incluso algunos dirigentes políticos dicen que esto pasó hace tiempo y que es mejor no abrir heridas?

Lo mejor que se puede hacer para no abrir heridas es cerrarlas y resulta que ni mis heridas, ni las de muchos están cerradas. Para poder abrir heridas tienen que estar previamente cerradas y hay un sector de la sociedad importante que tiene principios y derechos internacionalmente reconocidos que les han sido negados.

Se saltan principios humanos básicos como el derecho a la justicia. Yo sigo siendo hoy en día un delincuente y mi delito es haber peleado contra una dictadura criminal fascista condenada como tal por Naciones Unidas. Yo he sufrido en primera persona del singular los crímenes de ese régimen y lo que quiero es que se reconozcan esos derechos y que me anulen unas condenas impuestas por tribunales fascistas en aplicación de una legislación absolutamente ilegal y contraria a los DDHH y a los principios democráticos. Sin eso difícilmente puedes construir una democracia plena.

Por eso queremos que los ayuntamientos y la justicia se pronuncien, no queremos escribir una nueva historia, queremos una verdad jurídica. No puede existir una Fundación Francisco Franco, por ejemplo. En ningún país de Europa hay fundaciones que reivindiquen el fascismo, ni calles, ni monumentos que lo hagan. Es algo vergonzante que sí ocurre en este país y con lo que hay que acabar.

Creo que no es tan difícil de entender cuando se tiene una sensibilidad a flor de piel sobre cualquier cosa que tenga que ver con un insulto a un criminal de guerra, como Carrero Blanco que, a raíz de un chiste referido a su último vuelo, se condena a un año de prisión a la tuitera. Ponga usted en la misma balanza eso y, por ejemplo, 15 días en la Dirección General de Seguridad de un Estado de excepción sometido a torturas.

Acabamos de conocer que el Gobierno ha vuelto a eliminar de los Presupuestos Generales de 2017 la partida destinada a la Ley de Memoria Histórica.el Gobierno ha vuelto a eliminar

La Ley de Memoria Histórica es una ley que renuncia a hacer justicia. Para nosotros es más que insuficiente y en muchos de sus apartados es ofensiva para la memoria de las víctimas de la dictadura franquista. Si no fuera siniestro sería cómico. Es absolutamente esperpéntico, como muchas de las cuestiones que hay que soportar en este país.

¿Critica, por tanto, que no se destine ni un euro?

Critico que sigue habiendo más de cien mil cuerpos en cunetas en este país y que el PSOE haya gobernado durante 24 años dejando que algunas decenas de miles de esos cuerpos, de gente cuyo único delito fue militar en ese partido, sigan hoy ahí. También critico que se considere que es responsabilidad de las familias sacarlos. El Estado no debe hacer un presupuesto para la Ley de Memoria Histórica, sino que debe empezar por desenterrar y restituir los cuerpos de las víctimas a los familiares que quieran. Es una responsabilidad suya que figura en todos los tratados internacionales que ha firmado este país.

Es más un síntoma que no se presupueste nada a la Ley de Memoria Histórica que algo que me preocupe. Yo no estaría satisfecho si se dotara presupuesto a esta ley, pero cuando no se hace se está dando una imagen muy certera de lo que pasa en este país con este tema.