El Ministerio suspende los permisos de fracking 'Bezana' y 'Bigüenzo'

El riesgo de que el fracking afecte al territorio de Cantabria está cada vez más lejos. Las movilizaciones sociales y las protestas continuas en torno al uso de esta técnica para la extracción de gas no convencional empujaron a los partidos políticos de la comunidad autónoma a reaccionar poco a poco y a buscar alternativas para prohibir la fractura hidráulica. Las decisiones han ido cayendo como piezas de dominó hasta el momento actual, en el que los últimos permisos en vigor están caducados y fuera de todos los plazos legales.

La última novedad en este sentido ha sido la orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que se publica este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que declara la suspensión de los permisos de investigación de hidrocarburos 'Bezana' y 'Bigüenzo', concedidos en 2009 para la extracción de gas no convencional a través de la técnica del fracking dentro de un territorio que abarca la zona de Campoo, el norte de Burgos y Palencia.

La Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria había denunciado recientemente la “dejación de funciones” de las administraciones públicas a la hora de “dar carpetazo definitivo a esta amenaza”. Además, el colectivo había recordado que han hecho “reiterados requerimientos” a las instancias correspondientes para que esta tramitación que ahora se concreta se llevara a cabo.

En concreto, el Ministerio, en una orden fechada el 22 de marzo -a partir de cuando surte efecto-, declara que los citados permisos han estado suspendidos desde el 3 de mayo de 2013 por causa no imputable al titular, Petroleum Oil & Gas España S.A., debido a la necesidad de tramitar la evaluación de impacto ambiental previa a la autorización de los sondeos.

Así, la declaración está condicionada a que continúe la tramitación del correspondiente procedimiento de autorización, por lo que no surtirá efectos en el supuesto de que el operador desista voluntariamente de tal tramitación.

En este sentido, se considera que el operador desiste voluntariamente si lo hace antes de que llegue a ser otorgada la declaración de impacto ambiental, o tras la emisión de declaración de impacto ambiental favorable, “salvo que resulte acreditado que el desistimiento viene determinado por cualesquiera actos administrativos impeditivos de la obtención de otras autorizaciones indispensables para la ejecución de los trabajos o por otras circunstancias sobrevenidas que, a juicio de la Administración, otorguen justificación bastante al mismo”.

Durante el período de suspensión no se podrá exigir canon ni tasa ni el mantenimiento del plan de inversiones previsto. También se habilita a la Dirección General de Política Energética y Minas para levantar, mantener y modificar la suspensión de los permisos de acuerdo con una serie de condiciones, como que la suspensión se mantendrá hasta que concluya el procedimiento administrativo de solicitud de autorización del primer trabajo que permita al titular proseguir con sus compromisos.

En caso de que la terminación sea por resolución favorable a la solicitud del promotor, la Dirección General de Política Energética y Minas, junto con la autorización de los trabajos, levantará la suspensión de los permisos de investigación.

Si por el contrario la terminación lo fuera en sentido desfavorable o si se produjera ésta por desistimiento no voluntario del titular, la Dirección General podrá levantar, mantener o modificar la suspensión en función de las circunstancias que hubiesen producido tal terminación, así como de la situación particular de los permisos de investigación.

Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo.

Detalles técnicos

El permiso de investigación de hidrocarburos 'Bezana' ocupa una superficie de 87.780 hectáreas, y el permiso 'Bigüenzo', 91.654 hectáreas, ambos en el sur de Cantabria y el norte de Burgos y Palencia.

El Ministerio de Industria se los concedió en 2009 a Petroleum Oil & Gas España, S.A., propiedad al 100% de Gas Natural S.A., por un periodo de seis años. En junio de 2011 se autorizó la cesión de un 40% a Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A., y en febrero de 2012 Petroleum Oil & Gas cedió otro 10% a Pyreenes Energy Spain, SA.

El 30 de enero de 2016, el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por el Ayuntamiento de Valdeprado del Río contra la decisión del Consejo de Ministros de conceder a Petroleum Oil & Gas España SA los citados permisos de investigación de hidrocarburos.

Fin al permiso 'Luena'

Previamente, la batalla contra la fractura hidráulica en Cantabria había logrado un nuevo hito con la renuncia de la multinacional energética Repsol al conocido como permiso 'Luena', que tenía influencia sobre las cuencas fluviales de los ríos Besaya, Pas, Pisueña, Miera y Asón. Con esta decisión quedó enterrada la amenaza de la fractura hidráulica que pesaba sobre esta zona del territorio autonómico, que había provocado además una gran contestación social y política.

Desde el colectivo antifracking señalaron entonces que “gracias a la movilización popular” Repsol no llevó a cabo nunca su campaña de estudios sísmicos en el permiso 'Luena', igual que provocó que desistieran de hacer un pozo somero en San Martín de Toranzo o que desarrollaran el pozo de fracking que tenían previsto entre San Pedro del Romeral y Vega de Pas.

La empresa energética Repsol mantenía todavía intereses económicos en los permisos de fracking 'Bezana' y 'Bigüenzo' con un 40% de participación, junto con la también multinacional Gas Natural Fenosa, unos permisos que “son manifiestamente ilegales, pues su tiempo de vigencia ha caducado”, han señalado insistentemente desde la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria.