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STEC denuncia que los opositores de Cantabria se verán perjudicados respecto al resto
El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC)denuncia que la decisión de la Consejería de Educación de modificar, “con sólo unos meses de antelación” y “contra la mayoría sindical” en la Junta de Personal, los plazos de realización de las pruebas de las oposiciones de Secundaria, “perjudica” a los opositores que se presentan en Cantabria al dejarlas “en situación de desventaja respecto a los que lo hagan en otras comunidades autónomas.
El STEC señala que empezar a realizar la segunda prueba (la defensa de la programación y la unidad didáctica) en septiembre y con un único tribunal, prolongándose el tiempo necesario a lo largo de los primeros meses del curso, supone que quienes aprueben no podrán hacer la fase de prácticas hasta el curso 2021-22, mientras que en el resto del Estado la efectuarán durante el curso 2020-21.
“Accederán a la condición de funcionarios de carrera con un año de retraso en comparación con el resto de comunidades autónomas, y esteaño de retraso lo arrastrarán durante toda su vida laboral de cara a todo tipo de concursos, convocatorias, sistemas de adjudicación, etc., en los que se bareme el mérito de años de servicio como funcionario de carrera”, explica el STEC en un comunicado de prensa.
Para este sindicato, mayoritario en la Junta de Personal Docente, las posibles ventajas que pudiera tener esta medida “no compensan el agravio que supondría para las personas que participen en la oposición”.
PERJUICIO ECONÓMICO
El STEC añade que a las personas que aprueben la oposición y no estuvieran ya trabajando previamente como interinas, “se les hará además un perjuicio económico, ya que tendrán que esperar un año para trabajar (no lo harán hasta el 2021-22) en un puesto vacante de curso escolar completo”, lo que “supondrá una losa añadida para las familias más desfavorecidas”, advierte el sindicato.
Agrega que aquéllos que acceden a la interinidad y que aspiran a la cobertura de sustituciones, no podrán hacerlo hasta que esté terminado el proceso selectivo de su especialidad, con lo que empezarán a trabajar en sustituciones “con al menos dos meses de retraso” si no es “bastante más”, en comparación con cursos anteriores.
Por último, afirma que extender la oposición al otoño y tener que estar examinando a personas que en muchos casos son interinas y están trabajando en un instituto, podría acarrear consecuencias negativas para el funcionamiento de los centros educativos“, aunque ”todavía son difíciles de prever en toda su magnitud“.
El STEC señala que la Administración, en la mesa técnica del día 24, “se comprometió a estudiar fórmulas que solventaran esta pérdida del tiempo trabajado”, pero en la mesa de este lunes “se presentaron sin ninguna solución a los inconvenientes que señalábamos los sindicatos, pero con la intención de mantener la medida de modificar los plazos”.
Por otro lado, señala que tampoco han obtenido “los avances esperables” en la previsión de los criterios de evaluación y calificación, “pues todo su compromiso es que se procurará que sean públicos con 10 días de antelación”. El STEC señala que de esta forma, su conocimiento será útil para la realización delexamen, pero no para su preparación.
“PREOCUPACIÓN POR LAS FORMAS”
Además de discrepar con el fondo de este asunto, el STEC también muestra su “preocupación por las formas”. “Siempre hemos defendido que los cambios en el sistema de oposición, temarios, etc., han de hacerse con antelación para facilitar las cosas a las personas que se presentan a unas pruebas que requieren tanta planificación”, señala.
Además, para este sindicato “resulta impresentable que un cambio tan drástico se apruebe en contra de la mayoría sindical”. “Un asunto de esta naturaleza requiere consenso, o, por lo menos, que una mayoría de la Junta de Personal lo respalde. No ha sido así y la Consejería se ha lanzado a aprobar esta propuesta contando con la oposición de la mayoría sindical presente en este órgano de representación del profesorado, sostiene el STEC.
A la vez, advierte que actuaciones como éstas “suponen un punto de inflexión en las relaciones sindicato/administración”, y hace “un llamamiento a la sensatez” de la consejera, la regionalista Marina Lombó, a quien “exige que no dé por cerrado definitivamente este tema”.
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