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Aplazada la declaración como investigado de Enrique Bretones

Enrique Bretones, en el centro de la imagen, en un acto de campaña en 2011.

Rubén Vivar

La declaración como investigado por un presunto delito de prevaricación del alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, prevista para este martes 21 de marzo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Torrelavega, ha sido suspendida de forma cautelar debido al recurso presentado por la defensa del dirigente del PP contra la personación en la causa de los partidos de la oposición PSOE y Partido por la Libertad con las Manos Limpias (PxL).

Bretones, que es alcalde de Alfoz de Lloredo desde el año 2007 y que también forma parte del Comité Ejecutivo del PP de Cantabria como secretario de Política Local, está siendo investigado por la contratación supuestamente irregular del abogado José María Real del Campo, tal y como adelantó el pasado mes de febrero en exclusiva eldiario.es. 

La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía por los concejales socialistas, Fernando Rodríguez y Ana Herrera, y por el portavoz de PxL, Felipe Rodríguez del Castillo, y se ha sumado a la registrada con anterioridad, de forma independiente, por el exconcejal del PP José Manuel Luguera, quien mantiene un agrio enfrentamiento con el alcalde desde hace varios años.

Tras practicar las diligencias oportunas, el Ministerio Fiscal ha apreciado indicios de un posible delito de prevaricación. Además, la acusación particular añade otro por malversación de caudales públicos.

Desde la oposición aseguran que Bretones viene contratando 'a dedo' a Real del Campo desde hace aproximadamente una década, con reparos de intervención, y “por unas cantidades muy superiores a las que pueden pagarse por una adjudicación directa”.

En este sentido, afirman que el abogado -vinculado a otros ayuntamientos también gobernados por el PP- ha ingresado “cientos de miles de euros sin que se hayan controlado los servicios que ha prestado”. 

Además de Bretones, también estaban citados a declarar este martes el propio José María Real del Campo, así como la exsecretaria del Ayuntamiento y la actual persona que desempeña este cargo. En los tres casos, en calidad de testigos.

Personación o acción popular

De este modo, el proceso judicial se ha detenido a la espera de que la magistrada Raquel García Hernández resuelva el recurso planteado por la defensa del dirigente del PP, quien ha contratado para este caso a la abogada Carmen Sánchez Moral, la misma que defendió a Javier López Marcano (PRC) -exconsejero de Cultura, Turismo y Deporte- en los casos de la Casa de los Gorilas de Cabárceno, en El Soplao  y en Racing, donde también prestó servicio al exconsejero de Economía y presidente del PSOE en Cantabria.  

En el recurso, Carmen Sánchez Moral, considerada la mejor penalista de Cantabria, sostiene que los partidos de la oposición no son parte perjudicada y por lo tanto, no pueden participar en el proceso judicial. Según explican fuentes judiciales a este diario, la diferencia más importante a la hora de estar personado o no en la causa se produce cuando llega el momento de las conclusiones finales y la acusación particular puede proponer la condena, independientemente de la que solicite, si es el caso, la Fiscalía.

En el caso de que el recurso sea aceptado, los partidos de la oposición tendrían la posibilidad de ir como como acción popular, lo que supondría el depósito de una fianza y la formulación de una querella.

Por otro lado, Ignacio Diego, candidato a la reelección como presidente del PP de Cantabria, ha anunciado este fin de semana que si resulta vencedor frente a María José Sáenz de Buruaga, actual secretaria general de la formación, nombrará a Bretones vicesecretario de Organización y secretario de Política Social dentro de un equipo que encabezará Santiago Recio como coordinador general.

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