La Asamblea en Defensa de Las Excavadas y Cantabristas presentan alegaciones contra el PSIR Bisalia

La Asamblea en Defensa de Las Excavadas y el partido Cantabristas han presentado alegaciones contra la aprobación inicial del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) Parque Tecnológico y Empresarial Bisalia, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria el 3 de octubre.

La asamblea, que se constituyó hace ya ocho años para la defensa de los terrenos de Las Excavacadas, ha subrayado que mantiene “la misma decisión que el primer día” y la “fuerza” con la que ha logrado que se hayan presentado “al menos 200 alegaciones” contra la aprobación inicial del PSIR en el periodo de información pública, ante lo que espera que se le dé una respuesta “adecuada, detallada y justificada”.

El colectivo, integrado por colectivos políticos, sociales y medioambientales, ha denunciado nuevamente que el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torelavega, al que considera “verdadero promotor en la sombra del proyecto”, quieren “quieren arrasar los terrenos” utilizando la figura urbanística del PSIR, que “evita la ordenación urbana municipal”.

Además, ha subrayado que en el procedimiento se han cometido “varias irregularidades”, aunque han conseguido paralizar “la mayoría de avances” con informes técnicos “demoledores”.

Por su parte, Cantabristas defendido que “existen alternativas y no está justificada ni la demanda ni el emplazamiento” del proyecto, por lo que reclama la anulación y archivo de la tramitación del PSIR.

Su objetivo es que “se ponga punto y final a un proyecto que carece de sentido y de interés para Cantabria y Torrelavega”. “El proyecto cae por su propio peso dada la falta de ordenación territorial previa y la ausencia de planificación estratégica en materia industrial”, ha insistido.

A ello ha sumado que no hay una demanda específica que justifique este área, o el “sinsentido” de desarrollar un nuevo polígono en la zona interior de las autovías que rodean Torrelavega, “al contrario de lo que se está haciendo en el contexto europeo”.

Por ello, ambos colectivos enumeran en sus alegaciones diferentes motivos legales, ambientales, sociales y urbanísticos por los que consideran que no debería llevarse a cabo el proyecto, como la ausencia de un Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), frente a la proliferación de instrumentos territoriales de carácter excepcional, como son los PSIRs, o la “escasa o nula planificación estratégica o industrial” en la región.