Cantabria reclama casi tres millones a la filial de Ferrovial que gestiona Valdecilla por incumplimientos en el contrato

La Justicia ha vuelto a dar la razón al Servicio Cántabro de Salud (SCS) en el pleito que mantiene desde 2018 con la empresa adjudicataria del contrato público-privado del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, que deberá hacerse cargo del coste del servicio de transporte de bienes y productos de uso hospitalario tanto interno como externo, valorado en más de 600.000 euros al año, y que deberá asumir a partir de ahora Smart Hospital Cantabria, filial de la compañía Ferrovial y la constructora SIEC.

Tras el dictamen del Consejo de Estado y la sentencia favorable a los intereses del Gobierno de Cantabria de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en enero de hace dos años, un nuevo auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander fechado el 28 de abril de 2023 por la magistrada Ana Rosa Araujo –y consultado por elDiario.es– desestima las reclamaciones de la concesionaria, que lleva meses intentando dilatar el proceso hasta la celebración de las elecciones del 28M.

La sentencia del TSJC entendió que la prestación del servicio de transporte, del que queda excluido el de personas, incluye “el movimiento de materiales, historias y documentación clínica y otros bienes y productos destinados al uso sanitario entre dependencias, departamentos, salas, unidades asistenciales, áreas de hospitalización o laboratorios que así lo precisen”, es decir, interno, pero también “respecto de centros o dependencias externas al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla que así lo precisen”.

Este pleito que surgió en 2018 por las diferencias de interpretación entre la adjudicataria y la Gerencia del Hospital de Valdecilla sobre la inclusión en el contrato público-privado del transporte de materiales tiene una importante repercusión económica para las arcas públicas, que han estado asumiendo esos cerca de 600.000 euros anuales desde entonces, y también para la empresa concesionaria, que deberá hacerse cargo de ese gasto y se enfrentará a una reclamación por parte del Servicio Cántabro de Salud para que abone la cantidad correspondiente a los últimos cuatro ejercicios, lo que eleva la cifra hasta acercarse a los tres millones de euros.

Smart Hospital Cantabria, filial de la compañía Ferrovial y la constructora SIEC, es una sociedad creada para la conclusión de las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y la gestión integral de algunos de los servicios sanitarios privatizados durante la etapa de Gobierno del Partido Popular, con la actual candidata autonómica y presidenta del PP Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, como consejera de Sanidad. Esta compañía asumió durante 20 años y con precio superior a los 900 millones de euros la prestación de una docena de servicios no clínicos y cuatro explotaciones comerciales, con cerca de 650 puestos de trabajo directos en el propio centro hospitalario.

Reclamación millonaria

Según explican desde el Gobierno de Cantabria, el auto judicial que pone fin a este conflicto de competencias con la filial de Ferrovial “obliga a la concesionaria a hacerse cargo de manera inmediata de este servicio porque así lo establece la Justicia”. De forma paralela, la Consejería de Sanidad estudia imponer una “penalidad por incumplimiento”, es decir, una sanción por no haber respetado el contrato firmado.

Además, mientras la empresa no empiece a prestar este servicio de manera efectiva, el Ejecutivo autonómico detraerá la cantidad correspondiente del pago mensual estipulado con Smart Hospital Cantabria para la prestación de servicios y reclamará a la adjudicataria el pago retroactivo del servicio de transporte de bienes y productos de uso hospitalario de los últimos cuatro años, una vez ratificado judicialmente que no lo venía prestando adecuadamente, lo que puede suponer una cantidad que se acerca a los tres millones de euros.

A preguntas de este periódico, Smart Hospital Cantabria no ha querido pronunciarse sobre las implicaciones de este nuevo varapalo judicial, que tensa aún más sus relaciones con el Ejecutivo bipartito PRC-PSOE, que se ha mostrado siempre muy crítico con la decisión del PP de externalizar estos servicios a través de un 'macrocontrato' por 20 años y más de 900 millones de euros que estudiaron incluso revocar a su llegada al poder, pero cuyo coste era inasumible. “Supone ser un inquilino en tu propia casa”, aseguran fuentes de la Consejería de Sanidad, que alertan de las “condiciones ventajosas” que el Partido Popular blindó a la concesionaria mediante una adjudicación millonaria.

“El PP quería hacer un negocio de la sanidad pública y lo hizo”, ha dicho este martes el vicepresidente de Cantabria y candidato autonómico del PSOE, Pablo Zuloaga. Para el dirigente socialista, lo que deja “claro” este auto es que la presidenta del PP cántabro y cabeza de cartel el 28M cuando fue consejera de Sanidad entre 2011 y 2015, cuando se realizó esta privatización en Valdecilla, “actuó mal, poniendo los intereses privados de una empresa por delante de los intereses de los cántabros”.

Múltiples conflictos

Esta nueva victoria judicial del Servicio Cántabro de Salud frente a la adjudicataria del 'macrocontrato' de Valdecilla no es la primera desde que el cambio de gobierno que se produjo en 2015 con la llegada del bipartito PRC-PSOE y la asunción de las competencias sanitarias por parte de los socialistas que ha llegado a los tribunales, ya que las reclamaciones han sido constantes y el choque con la concesionaria se ha producido en múltiples ocasiones en los últimos años.

Así, por ejemplo,  el Tribunal Supremo obligó a Smart Hospital a hacerse cargo de la gestión y el mantenimiento del sistema quirúrgico robotizado Da Vinci, que supone más de 163.000 euros al año. En 2021, el Alto Tribunal falló a favor de la Consejería de Sanidad de Cantabria en una sentencia que tuvo implicaciones sobre el resto de tecnología porque “no puede sostenerse con éxito que el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado exclusivamente deba limitarse al mantenimiento de los equipos que tuviera el Hospital en ese preciso momento de la formalización del contrato”, remarcó el fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

Según esa sentencia, “resulta esencial esta actualización en un contrato de mantenimiento de actuación global e integrada que tiene larga duración, pues la tesis contraria supondría que años antes de expirar el contrato, los 20 años, no quedarían aparatos o equipos que precisaran mantenimiento, al haber quedado muchos de ellos desfasados u obsoletos”, en lo que supondría un claro beneficio para la empresa que asumió esta privatización de los servicios hospitalarios impulsada por el PP durante la etapa de Buruaga como consejera.

Sistema informático colapsado

En este mismo sentido, también ha sido cuestionado el sistema informático del Hospital Valdecilla. A los cuatro años de la puesta en servicio del nuevo hospital, ya se encontraba al límite, lo que obligó en 2020 a afrontar un nuevo gasto de 27 millones de euros a las arcas públicas para adaptarlo a las necesidades reales de la información sanitaria, una falta de previsión de grandes proporciones si se tiene en cuenta que no ha soportado ni los 10 años mínimos antes de ejecutarse modificaciones, plazo estipulado en el contrato con la empresa privada que se encargó de hacer este centro sanitario y gestionar algunos servicios como el propio sistema informático.

El contrato público-privado firmado por el entonces Ejecutivo autonómico del Partido Popular, presidido por Ignacio Diego, “no preveía ni los cambios tecnológicos ni el aumento de la demanda de capacidad”, lo que ha llevado a comprometer cerca de dos millones de euros anuales hasta 2034, es decir, cerca de 27 millones de euros más de dinero público hasta esa fecha, según un informe interno del Hospital Valdecilla consultado por elDiario.es.