Cantabristas denuncia un “escándalo” en la valoración económica de 140 VPOs de Peñacastillo

El partido Cantabristas ha denunciado un “escándalo” en la valoración económica, “autorizado” por la Dirección General de Vivienda“, de 140 Viviendas de Protección Oficial (VPO) del Primero de Mayo, en Peñacastillo (Santander).

Según ha señalado la formación en un comunicado, esta semana, tras años en alquiler y llegando el momento de poder acceder a la compra de sus viviendas, los inquilinos han sido sorprendidos por la “valoración económica” de sus hogares, que ha remitido la empresa Residencial Primero De Mayo S.L., autorizada por la Dirección General de Vivienda, donde se establecen precios de venta que rondan los 3.000 euros por metro cuadrado.

Asimismo, sostiene que esta situación “escandalosa” supone que el coste de ejecución de la opción a compra de un piso de 50 metros cuadrados en el Primero de Mayo se esté valorando en más de 150.000 euros, un precio, a su juicio, que no se corresponde “ni de lejos” con las características de los inmuebles, su ubicación y su carácter de vivienda protegida.

En opinión de la formación, este precio de compra busca “impedir” la compra de las vivienda a quienes vivían en ellas en régimen de alquiler con opción a compra desde hace años, en un momento en el que “la empresa considera más rentable mantener a los inquilinos en alquiler”.

“Lo más alarmante es que la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Cantabria, dirigida por Eugenia Gómez de Diego (PSOE), haya autorizado este cálculo desorbitado y escandaloso del

precio de las viviendas, en especial, tratándose de Viviendas de Protección Oficial, que la legislación establece como medio para acceder a una vivienda digna y adecuada, especialmente para quienes más dificultades tienen para ello“, ha criticado.

Además, desde Cantabristas cuestionan si esta situación se ha generado ahora o es consecuencia de “negligencias graves” en el planteamiento de esta promoción de VPOs, que recibió 13 millones de euros de ayudas públicas por parte de la Consejería de Vivienda en 2010, dirigida entonces por José María Mazón (PRC).

Por todo ello, la formación política ha exigido explicaciones por parte de Vivienda, así como la rectificación de lo que considera un “despropósito” que vuelve a poner por encima los intereses especulativos al derecho a la vivienda, con la colaboración

necesaria de unos poderes públicos que muestran una “carencia total de sensibilidad y una afrenta a los vecinos”.

“El Gobierno de Cantabria no parece entender aún la problemática que supone el acceso a la vivienda para la mayoría de la población”, ha sentenciado.