Los dueños de Ecomasa: “Era el proyecto de nuestra vida”
os dueños de Ecomasa, Jesús Manuel de Lavín y Andrés de León, se han acogido a su derecho a no declarar durante su comparecencia, este jueves, en la comisión de investigación parlamentaria en torno al fallido proyecto industrial.
Sin embargo, ambos empresarios, que han seguido las recomendaciones de sus respectivos abogados al hallarse esta actuación en fase de investigación judicial -en parte archivada-, han leído sendos comunicados, en los que han defendido la viabilidad de la fábrica de estufas de Maliaño y han achacado su liquidación al cambio de Gobierno, del PP al PRC-PSOE tras las elecciones de mayo de 2015.
“Automáticamente se corta todo el apoyo recibido e incluso compromisos adquiridos con anterioridad”, ha manifestado De Lavín, que ha censurado las declaraciones públicas que se comenzaron a realizar entonces “perjudicando la imagen de la empresa” así como la querella interpuesta por los trabajadores, casi un centenar, y recolocados la mayoría de ellos de Teka.
Por su parte, De León ha considerado que no se dio “tiempo suficiente” para que pudiera “madurar” Ecomasa, que era “viable”, pero que pese a ello se “dejó caer”, ha lamentado. Según ha dicho, le llegaron a comentar por teléfono que Sodercan, entonces bajo el mando de los socialistas, dejó “cerrar la compañía por razones políticas”.
Y, a continuación, ha instado a que se pregunte al actual consejero delegado de esta empresa pública, Salvador Blanco, quién ha salido beneficiado -ha dicho- desde el punto de vista político y también empresarial con el cierre de Ecomasa, ya que uno de los competidores tiene “buenas relaciones” con el PSOE.
“Era el proyecto de nuestra vida”, ha manifestado este empresario, que ha negado que con su puesta en marcha se causara un perjuicio económico de 18 millones a las arcas públicas, y ha defendido por contra que el proyecto generó beneficios al Estado de al menos 8 millones.
Al hilo, ha asegurado que todas las disposiciones de dinero público aprobadas se usaron “correctamente”, ya que se destinaron a los fines para las que fueron autorizadas.
Y aunque el portavoz del PP en la comisión, Eduardo Van den Eyden, ha negado vinculación personal entre este empresario y el líder del partido y expresidente cántabro, Ignacio Diego, Andrés de León ha querido hacer “justicia” al dirigente 'popular', y ha subrayado que no le “mueven intereses personales” para hacerlo, sino su labor al frente del Ejecutivo, donde ha sido una persona “tenaz”, “trabajadora”, “valiente” y “comprometida”.
Al tiempo, ha dicho que entiende y disculpa también el “enfado” de los trabajadores con los propietarios de Ecomasa, pero no que cuestionen la actuación del entonces presidente del Gobierno. Cree además que los empleados fueron “utilizados como arma arrojadiza” en la campaña electoral.
En cuanto a su gestión en la fábrica, De León ha alegado que no despidieron a “ningún” trabajador, sino que apostaron por sacar adelante el proyecto con “toda” la plantilla.
Frente a ello, los nuevos gestores redujeron a 60 los operarios, ha señalado el empresario, que ha tachado de “error” el ERE (Expediente de Regulación de Empleo), pues si bien no fue la causa del cierre de la factoría cree que sí “dañó” su imagen.
Y en relación con esto último, Andrés de León se ha vuelto a preguntar si el proyecto era viable -aunque fuera con 60 trabajadores- “por qué se dejó caer la compañía” y no se le dio una “oportunidad para que se salvara”.
De los empleados, ha destacado que les abonaron todas las pagas, y ha asegurado que la media de sus remuneraciones mensuales es un 40% superior no ya al salario mínimo interprofesional, sino al convenio de metal, en medio de la “mayor crisis” del país.
Y del plan de negocio, Andrés de León ha negado que fuera un “power point de 14 hojas”, como aseguraron los administradores concursales en su comparecencia en la comisión de investigación parlamentaria, sino un plan de “más de 40 páginas”.
“Calumnias”
Finalmente, durante la lectura de su declaración ha asegurado que los promotores del proyecto han perdido más de 3 millones de euros, “parte” de su salud y la “pena” de someterse a la opinión pública.
En este sentido, Jesús Lavín ha subrayado su “implicación”, tanto “emocional” como “económica” en Ecomasa, un proyecto en el que “siempre he creído” y al que ha dedicado una aportación de 3,2 millones “de mi patrimonio personal”.
Asimismo, ha negado que otro tanto, los más de 3 millones a los que aluden los trabajadores, salieran de ellos “ni de sus indemnizaciones” por ser despedidos de Teka, sino que al optar por ser recolocados en otra factoría no tenían derecho a percibirlas, ha aclarado en el turno de conclusiones Van den Eynden.
A su juicio, el proyecto “sobrevivió” hasta mediados de 2015, cuando “dos hechos” llevaron la liquidación de la planta de estufas. De un lado, el “cambio de Gobierno”, con el que se “corta” el apoyo a esta actuación, y por otro, la querella interpuesta por los trabajadores contra los dueños de la factoría.
A los empleados, Lavín les ha reprochado “calumnias” vertidas, como que no recibieran cursos de formación, o que los propietarios de la empresa se “apropiaran” de sus indemnizaciones por despido, acusaciones vertidas a través de los medios de comunicación y que llevaron, todo ello, a “finiquitar” Ecomasa, que “tenía un gran futuro”.