El Gobierno cántabro abre la cartera en Sanidad: dos millones más para pagar peonadas y bajas médicas en Atención Primaria

El Gobierno de Cantabria ha aprobado incrementar en casi dos millones de euros las partidas destinadas a retribuir la actividad extraordinaria que los profesionales sanitarios están llevando a cabo para reducir las listas de espera en actividad quirúrgica, pruebas diagnósticas y consultas de Atención Especializada, y además hacer frente a la falta de profesionales sustitutos disponibles en Atención Primaria.

En concreto, en el Consejo de Gobierno celebrado este jueves el Ejecutivo ha autorizado aumentar la cuantía máxima global del denominado Programa Especial de Reducción de la Demora Asistencial (PEREDA) en 1.725.000 euros, con lo que la cuantía global para este año se eleva hasta los 4.815.627 euros.

El objetivo es hacer frente a la lista de espera quirúrgica y de pruebas diagnósticas y consultas en las tres gerencias de Atención Especializada. Así, al Área I Valdecilla, el Gobierno destinará 2.769.958 euros; a las Áreas III y IV Sierrallana 1.649.590 euros, y al Área II del hospital de Laredo, 369.719 euros.

El programa PEREDA forma parte de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a las elevadas listas de espera de la sanidad pública y se incluye en el Plan Integral para la Reducción de Listas de Espera, que supone una inversión de 65 millones de euros por parte del Gobierno.

En concreto, esta cantidad se destinará a financiar la autoconcertación con los profesionales del sistema púbico, que supone emplear los medios humanos y materiales con que cuentan los hospitales del Servicio Cántabro de Salud (SCS) para reducir las listas de espera, sobre todo a través del incremento de las horas de trabajo para la realización de la actividad extraordinaria.

Además, el Ejecutivo ha aprobado ampliar la cuantía máxima global del Programa Especial de Optimización del Rendimiento Asistencial y de la Autocobertura en las Zonas Básicas de Salud del SCS para el año 2024, incrementándola en 275.000 euros.

Con este aumento, el Gobierno destinará este año un importe global de 9.499.000 euros para retribuir los complementos de productividad variables que reciben los profesionales sanitarios de Atención Primaria por la actividad extraordinaria que desarrollan más allá de su jornada ordinaria y debido a la falta de profesionales sustitutos disponibles.

Éstos son dos de los principales acuerdos del Consejo de Gobierno de esta mañana, en el que también se ha dado luz verde a otros puntos más en materia de salud, como a los contratos para la adquisición de camas y sillones de pacientes para el Hospital Comarcal de Laredo, con un valor de 243.000 euros; o para el suministro e instalación de mobiliario clínico para las unidades de hospitalización del Hospital Sierrallana de Torrelavega, estimado en 608.980 euros.

Igualmente se ha aprobado el contrato relativo al levantamiento BIM y servicios de mantenimiento integral de instalaciones e infraestructuras de los centros adscritos a la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, por 6 millones de euros; y se ha autorizado la prórroga del contrato relativo al suministro en régimen de arrendamiento de una unidad portátil de resonancia magnética para el Hospital Comarcal de Laredo, con una duración de 12 meses, desde el 21 de septiembre de 2024 hasta el 20 de septiembre de 2025, y por un importe de 360.000 euros.

Dependencia

Por otro lado, en la reunión de este jueves la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha informado de los nuevos precios públicos de las prestaciones y servicios del ICASS destinados a la atención a personas en situación de dependencia, que se publicaron a principios de este mes de agosto pero se aplicarán con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero de 2024.

La nueva normativa incluye mejoras económicas vinculadas a la subida de los costes salariales en el sector de la dependencia y la discapacidad y de los costes generales relacionados con el incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) de diciembre de 2022 a diciembre de 2023, fijado en un 3,1%.

El objetivo del Gobierno de Cantabria con esta medida es mejorar la atención de las personas en situación de dependencia, “avanzado en derechos, servicios y prestaciones, y tratando de dar respuesta a las necesidades del sector”.