El Parlamento de Cantabria se reorganiza para encajar al diputado tránsfuga Cristóbal Palacio tras su salida de Vox

La salida de Cristóbal Palacio del grupo parlamentario de Vox ha obligado al Parlamento de Cantabria a reestructurarse de cara a resolver la nueva situación del diputado de extrema derecha, que a partir de ahora ejercerá su labor como tránsfuga de la formación ultra como 'no adscrito', por lo que se le han asignado nuevas condiciones para desarrollar su actividad en la Cámara autonómica.

Así pues, la Mesa del Parlamento se ha reunido este viernes para tratar la nueva condición del exdiputado de Vox y ha determinado que, desde este momento, tendrá la posibilidad de presentar un máximo de dos interpelaciones y cinco preguntas en cada periodo de sesiones, y su tiempo de intervención se reducirá a un tercio del establecido para cada parlamentario.

Además, el diputado tránsfuga formará parte de una comisión que le será asignada por el órgano rector de la Cámara, tal y como ha informado esta institución en un comunicado. En este sentido, la Mesa, según se recoge en la nota de prensa, ha tomado esta decisión después de analizar un informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento en el que se ha calculado la actividad media de un diputado por periodo de sesiones. 

Según este estudio, un parlamentario promedio presenta 5,5 preguntas y 2,7 interpelaciones por periodo. En función de estos datos, la mayoría de los miembros de la Mesa (PP y Vox) han determinado reducir a cinco preguntas y dos interpelaciones las iniciativas que Cristóbal Palacio podrá presentar de ahora en adelante. Esta medida, según la Cámara, “responde al interés del órgano rector del Parlamento de ajustar la actividad del diputado no adscrito a los parámetros generales de la actividad y representación en el Parlamento de Cantabria”. 

Antecedentes

Vox lleva inmerso en una crisis interna desde el inicio de la legislatura y el enfrentamiento entre Palacio y la actual portavoz del grupo parlamentario, Leticia Díaz, era notorio y conocido públicamente. De ahí que el partido de extrema derecha se convirtiera en un polvorín, con escándalos como el del espionaje a diputados o los problemas con los asesores.

La dirección nacional ha tenido que intervenir en varias ocasiones para mediar tanto en el seno del partido, que estuvo un tiempo descabezado y en manos de una gestora, como en el propio grupo parlamentario. En este caso, había un conflicto evidente y dos bandos diferenciados entre los cuatro parlamentarios: el de la portavoz y la diputada Natividad Pérez, y el de Palacio y el diputado Armando Blanco.

Pero la situación se tornó tan rocambolesca hasta el punto de que tanto Díaz como Palacio fueron sancionados por la dirección de Santiago Abascal con la suspensión de militancia. En el caso de la primera, por presunto acoso laboral a una trabajadora, en el del segundo, “por negligencia en sus labores de diputado”, motivo que ha desencadenado su reciente salida del grupo y su baja de la formación.

El actual parlamentario tránsfuga ha sido objeto de polémica tanto en la pasada legislatura, cuando ejercía la Portavocía de Vox, como en esta, en relación con su retribución económica. Y es que hasta en dos ocasiones, la Cámara autonómica le ha retirado la dedicación absoluta al considerar incompatible su labor de diputado con su trabajo en el ámbito privado.

Palacio llegó a solicitar que se alterara el orden del día de un Pleno porque le coincidía con su actividad como abogado en un juicio, y un informe interno de sus propios compañeros de partido alertaba del “grave problema” de su situación, puesto que en 2022 no acudió a medio centenar de comisiones parlamentarias que le correspondían.