El PSOE vende su sede de Santander por 1,1 millones de euros y cancela sus deudas hipotecarias

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Cantabria ha acordado la venta de la actual sede autonómica de la calle Bonifaz de Santander en 1,1 millones de euros y la adquisición de una nueva para su traslado en la calle Vargas, propiedad del mismo comprador, Sarabia y Asociados, y valorada en 400.000 euros.

Así se aprobó en la reunión que mantuvo el viernes por la tarde la Comisión Ejecutiva Regional del partido, que ha informado en nota de prensa de este cambio de sede que “permitirá un saneamiento de las cuentas regionales al suponer el ingreso de 700.000 euros”.

Con estos ingresos se dispondrá de nuevos recursos para la cancelación de las hipotecas de las sedes de Piélagos, Marina de Cudeyo, Miengo y Santa Cruz de Bezana -que hasta ahora venía siendo sufragada por los afiliados de estos municipios- y de la propia sede autonómica de la calle Bonifaz de Santander.

Así, con esta operación el patrimonio inmobiliario del partido se verá “aumentado” y “consolidado” con cinco propiedades sin ninguna carga hipotecaria, incluida la nueva sede en la calle Vargas de Santander.

Según el PSOE, esto conllevará un ahorro superior a los 5.000 euros mensuales solo en el pago de hipotecas, además de una “importante reducción” de los gastos de mantenimiento y vinculados a la sede actual.

Se trata de una operación que ahora queda pendiente del visto bueno de la Ejecutiva Federal y que cuenta con el aval de la gerencia y los servicios jurídicos tanto regionales como federales.

Expedientes a militantes críticos

Por otro lado, la Ejecutiva Regional, a propuesta del secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, ha acordado el archivo de los expedientes disciplinarios que estaban abiertos a varios militantes críticos con su gestión.

Finalmente, este órgano ha acordado celebrar una asamblea extraordinaria en la Agrupación Socialista de Guriezo con el objetivo de nombrar un nuevo comité local, cuya fecha se ha fijado para el 22 de agosto, tras la moción de censura en la que participó una edil del PSOE en contra de las órdenes del partido.