El Tribunal de Cuentas da la razón a Castro Urdiales sobre el convenio con Eroski y desestima la denuncia del secretario general del PRC

El Tribunal de Cuentas ha dado la razón al Ayuntamiento de Castro Urdiales sobre el cumplimiento del convenio con Eroski y ha desestimado la denuncia presentada por el secretario general del PRC, Jesús Gutiérrez, apuntando que “carece de suficiente sustento” y que hace referencia a “daños meramente hipotéticos”.

Así lo señala un auto de este órgano fiscalizador, difundido este miércoles por el propio Consistorio, en el que se recoge el testimonio de la consejera de Cuentas, así como del Ministerio Fiscal sobre un asunto que lleva meses copando la actualidad del municipio, y que ha desencadenado incluso un Pleno extraordinario para revocar al concejal de Obras y Urbanismo, Alejandro Fernández (PSOE), petición regionalista que no salió adelante en la citada sesión.

Y es que este edil firmó en junio de 2020 un decreto para dar por cumplido el convenio con Eroski sellado en 2001 a cambio de 84.000 euros en compensación por no haber construido el centro comercial que se preveía en el acuerdo, lo que suscitó las críticas de la oposición, principalmente del PRC, al entender que con esa resolución existía un perjuicio para el Ayuntamiento, llegando incluso a pedir indemnización a las arcas públicas por responsabilidad de concejales y funcionarios.

No obstante, el Tribunal de Cuentas, en coincidencia con el Ministerio Fiscal, ha puesto blanco sobre negro que esa responsabilidad contable no existe y niega que se haya producido un perjuicio económico para el municipio.

“En la documentación que forma parte del expediente constan repetidos informes del Técnico de Administración General de Urbanismo, del Vicesecretario, del Secretario y del Interventor sobre dicho decreto y su contenido, todos los cuales afirman su corrección, al resultar imposible legalmente el cumplimiento de las prestaciones no realizadas por la entidad privada, y que afirman el cumplimiento por ella de las prestaciones de contenido económico con relevancia para los fondos y el interés público”, recoge el texto.

Y sobre la denuncia presentada por el líder regionalista en Castro Urdiales, este órgano también se pronuncia despejando toda duda sobre su contenido: “Los daños que se denuncian no son efectivos, sino meramente hipotéticos pues su existencia y cuantía dependen, según el mismo escrito de denuncia, de valoraciones sobre lo que el Ayuntamiento habría debido percibir si hubiese actuado de otra manera que carecen de suficiente sustento y que, por lo demás, este Tribunal de Cuentas no puede entrar a enjuiciar”.

Así, y pese a que un Pleno extraordinario en diciembre a petición del PRC aprobó revocar el decreto del concejal de Urbanismo con los votos a favor de esta formación y de CastroVerde, tanto el Ministerio Fiscal como el Tribunal de Cuentas ratifican el procedimiento llevado a cabo por el equipo de Gobierno local (PSOE-Cs) y avalan la resolución del acuerdo con la empresa que cuenta con un supermercado a las afueras del municipio y que ha resultado objeto de polémica.