Cantabria da el primer paso para modificar la legislación que permita la actividad minera

El Pleno de Cantabria ha dado el visto a la toma en consideración sobre la modificación de Ley del Suelo para permitir la reapertura de las minas de Reocín, lo que ha salido adelante con los votos de PRC, PSOE, PP y Ciudadanos y en contra de Podemos, que lo ha calificado de “chapuza” y ha avisado de que “abre las puertas al fracking” en Cantabria.

El PP, a pesar de su voto a favor, también cree que tal y como se plantea esta proposición de ley impulsada por socialistas y regionalistas, “sí deja una puerta abierta al fracking” y a “alguna afección posterior” y, por ello, ha anunciado que su grupo presentará una enmienda para intentar evitar esta posibilidad y otras para mejorar el texto.

Sin embargo, el PP cree que “podría ser una buena inversión” para la comarca del Besaya con “buenos resultados”, aunque ha reconocido que tiene “muchas cautelas” sobre el mismo.

También ha considerado “irresponsable” y “osado” las expectativas dadas por el Gobierno en relación al impacto del proyecto al hablar inversión de 400 millones de euros y de 1.500 o 2.000 empleos. “No nos gustaría que fuesen fuegos de artificio”, ha afirmado el diputado José Manuel Igual, que ha asegurado que desde el PP “no va a haber piedras en el camino”.

Sin embargo, ha aclarado que su voto a favor de la toma en consideración “no anticipa” que el PP vaya a apoyar la proposición de ley, que dependerá de cómo quede el resultado final del texto una vez pasado el trámite de enmiendas. Igual ha asegurado que su grupo “va a ser muy escrupuloso” en la tramitación de esta proposición de ley pero le ha adelantado su “colaboración”.

Sin embargo, sí ha apuntado que al PP le “gustaría” que se trataran todas las actuaciones sobre urbanismo “por igual”, entre ellas la modificación de la Ley del Suelo para dar una solución a la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander.

Por su parte, desde Podemos han considerado que la modificación legislativa que plantean regionalistas y socialistas es un “desastre en todos los sentidos”. Así, han criticado tanto la “forma” elegida para la misma al considerar que “no solo no debería tramitarse de forma urgente y carece totalmente de una mínima motivación, sino que además es probablemente anticonstitucional al invadir competencias municipales”.

Han avisado también de que, con esta proposición de ley, “se eliminan en la práctica, y aunque no se mencione expresamente, las posibles restricciones que tanto el Gobierno de Cantabria como los municipios puedan adoptar en su planeamiento urbanístico a la autorización de las instalaciones e infraestructuras necesarias para la investigación y para la explotación, no solo de yacimientos de mineral sólido como el zinc, sino también de yacimientos de petróleo y gas de esquisto mediante la técnica de la fractura hidráulica”.

Según han dicho en la formación morada, con esta proposición de ley se eliminan la “potestad del Gobierno autonómico y de los ayuntamientos de denegar los permisos para la instalación de infraestructuras fuera del suelo rústico de especial protección minera”.

Los portavoces de los grupos regionalista y socialista, Pedro Hernando y Silvia Abascal, respectivamente, han negado que la modificación abra la puertas al fracking en Cantabria. Ambos han censurado la postura de Podemos, que, según Abascal, es una “oda a la locura” y un “acto de demagogia”.

La socialista y su homólogo regionalista han insistido en que la modificación legislativa únicamente permite actividades de minería, “excluyendo” cualquier otra cosa y “quedando fuera de su ámbito” la extracción de hidrocarburos.

“El fracking no es minería”, ha afirmado Hernando (PRC), que ha insistido en que la modificación no permite el desarrollo de proyectos de fracking, con el que los regionalistas están “plenamente en desacuerdo”.

PRC y PSOE han incidido en la “oportunidad” y el “impacto positivo” que la reapertura de las minas de Reocín puede suponer para la Comarca del Besaya. También han considerado que la modificación permitirá disponer a Cantabria de un “marco normativo innovador, único en España” y “puntero”.