Unos 40.000 trabajadores son los que están registrados dentro del Régimen Especial Agrario, según los últimos datos correspondientes a enero de este año. De ellos, unos 15.000 son extranjerosy la gran mayoría, de origen comunitario. En mayo, comienza la primera de las campañas agrícolas de gran importancia en la región, la del ajo, con especial incidencia en las provincias de Albacete y de Cuenca. Luego vendrán la del melón y la sandía, en Ciudad Real, la vendimia, en toda la región y la oliva, especialmente en Toledo.
Para garantizar que estas miles de personas accedan a su trabajo de manera adecuada y evitar los abusos y posibles irregularidades, está en marcha la Comisión de Flujos Migratorios en Castilla-La Mancha. Se trata de un organismo en el que participan distintas administraciones, desde la delegación de Gobierno y los distintos organismos dependients de la Administración Central (SEPE, Inspección de Trabajo y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado), la Junta de Comunidades, sindicatos y organizaciones agrarias.
La Comisión se reunió por última vez en esta legislatura, y en su última sesión, se destacó la importancia de “unificar criterios” en las actuaciones que se lleven a cabo en cada una de las provincias, ahora que comienzan nuevamente las campañas agrícolas. A partir de ahora, las reuniones se realizarán en el ámbito provincial para tratar las características singulares de cada territorio castellano-manchego y la coordinación que se ha establecido en las mismas será continuado durante las campañas, y no limitada a las reuniones.
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Francisco Tierraseca, delegado de Gobierno, hace énfasis en el papel que cumplen los Ayuntamientos para poder garantizar los derechos, tanto laborales, como de vivienda de los trabajadores mientras dura la campaña. Por ello, se pedirá la colaboración de los distintos Consistorios implicados y así garantizar condiciones de seguridad e higiene “dignas” en los alojamientos que se ofrezcan. Al ser la región una “eminentemente agrícola”, explica el delegado, se deben coordinar las actuaciones para establecer los criterios de cada campaña.
“No podemos tolerar, en una sociedad como la española, que existan agrupadores de trabajadores viviendo en condiciones indignad inhumanas”, señala Tierraseca. De este modo, cita situaciones como la de la localidad de Fuentealbilla en Albacete, en el que “cientos de subsaharianos vivían en condiciones miserables”. “Esto no es sólo de la delegación, garantizar las condiciones de habitabilidad le corresponde a los Ayuntamientos y por eso siempre convocamos a la Federación de Municipios y Provincias para supervisar esta situación”, señala.
“Intentamos evitar que haya gente sin contrato regularizado, seguridad social... Esto sí nos compete directamente”, afirma. Por eso, loque se hace es hacer campaña “directamente en cada uno de los tajos” de las campañas agrícolas, desde la Inspección de Trabajo junto a la Guardia Civil y la Policía Nacional. En este sentido, ha querido también resaltar que ya existen Ayuntamientos, como el de Balazote, que han elaborado una ordenanza municipal “específica” para regular las condiciones de alojamiento que llegan a la localidad.
CCOO pide “previsión” desde las patronales agrícolas
Comisiones Obreras ha valorado de forma “positiva” la existencia de la comisión, destacando que tras el cambio de Gobierno se ha dado un “nuevo impulso” a este tipo de organismos y se ha ampliado la cobertura hasta la campaña de la aceituna, algo que “aplauden”. “Es necesaria porque supone un espacio de participación y planificación de los flujos migratorios que permite conocer el balance de campañas finalizadas y planificar y conocer las actuaciones previstas para las venideras”, señalan desde el sindicato.
Sin embargo, también echan de menos una “previsión” de contratación por parte de las patronales agrícolas, porque es algo que “no siemper sucede” ya que “en muchas ocasiones estas patronales están más preocupadas por la competencia que para ellas suponen algunas gestorías”. Por eso, rechazan que se hable de la necesidad de “pedir contingentes de personas extranjeras”, teniendo en cuenta el nivel de desempleo actual que existe en la Comunidad Autónoma sin subsidios.
“No tenemos ninguna duda de que no son necesarios contingentes y sí condiciones de trabajo dignas y mejoras en los salarios y en los alojamientos. El PIB regional ya ha superado en más de 1.500 millones el nivel que tenía al inicio de la crisis, de este incremento, 1.000 millones corresponden a la agricultura, ahora toca que esta riqueza se traslade a las personas que con su trabajo la generan y en el caso del campo, entorno al 40% de las personas que lo trabajan son extranjeras”, afirman.