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Auguran un “aluvión” de recursos tras anularse la aplicación de la Ley de Dependencia

Pacto por la Dependencia de Castilla-La Mancha

elDiarioclm.es

Un “aluvión” de recursos contencioso-administrativos es el augurio que ha realizado la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha, con motivo de las numerosas reclamaciones que se producirán después de la anulación judicial de la aplicación de esta normativa. Según afirma este colectivo, que se ofrece de forma gratuita para ayudar a todos aquellos que quieran reclamar todos estos recortes, esta gran cantidad de recursos supondrá la “paralización” de la propia Administración de justicia.

La Plataforma, a través de su servicio jurídico, acaba de ultimar el escrito de reclamación de todos los recortes en prestaciones, servicios o grados que se hayan producido bajo el amparo de la Orden de Prestaciones e Intensidades para las personas en situación de dependencia. El recurso está destinado a todos los expedientes que tengan fecha posterior al 8 de agosto de 2012 y es condición imprescindible para iniciar posteriores demandas contenciosas-administrativas, las cuales, augura “se ganarían todas”.

Este colectivo, independientemente de si los reclamantes son o no miembros del mismo, presentará de forma gratuita las reclamaciones ante el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz.

La Plataforma ha querido recordar que todos aquellos expedientes de dependencia tramitados y resueltos conforme a la mencionada orden son nulos y no tienen efectos jurídicos, así que “serían todos los presentados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, que fue el 8 de agosto de 2013 hasta la actualidad”.

Entre los afectados nombra a aquellos que han visto cómo a raíz de esta norma se les extinguía la prestación de cuidados familiares o se les reducía; a los que se les hacía elegir entre dos servicios que hasta el momento eran compatibles; a los que se les obligaba a decidir entre seguir percibiendo una prestación y recibir un servicio; y a los que se ha revisado su grado de dependencia sin haberlo solicitado, con posterior rebaja o nuevo baremo.

La Plataforma afirma que se obligará a la Consejería de Sanidad a retornar a la situación inicial todos los expedientes resueltos conforme a una normativa que es nula de pleno derecho, a revocar resoluciones, a resolver de nuevo, a pagar atrasos a los que se les redujo o quitó la prestación, y a compensar por daños y perjuicios a quienes se les privó de servicios ilegalmente, entre otras cuestiones. La forma de presentar el recurso que ha puesto en marcha su asesoría jurídica está colgado en sus páginas en redes sociales de Facebook y de TwitterFacebookTwitter.

Por último, vuelve a instar a la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, y a Echániz, a que terminen “con todo el sufrimiento y la agonía” que han provocado en todas las personas en situación de dependencia, y a que restituyan, acatando la sentencia, “los derechos hurtados a este colectivo”. “Apelamos a la decencia política para, antes de marcharse de sus respectivos cargos políticos, eviten que todas estas personas tengan que seguir reclamando lo que la ley les ha reconocido”, concluye la Plataforma.

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