Castilla-La Mancha tiene más de cuatro mil expedientes de consumo sin resolver
Revitalizar el Consejo de Consumo regional. Así es la conclusión que ha comunicado Jesús Fernández, consejero de Sanidad, tras el último Consejo de Gobierno abierto que contó con la presencia de diversas asociaciones como la Unión de Cooperativas y Consumidores de Castilla-La Mancha o la Federación de Usuarios-Consumidors Independientes y un debate monográfico sobre el Consumo para celebrar el día que lo homenajea. Para esto, Fernández plantea la necesidad de crear un Estatuto para el Consumidor.
Castilla-La Mancha fue pionera en la creación del Consejo de Consumo regional, pero ha sido adelantada por otras comunidades, tal como ha explicado Fernández, quien lo ha achacado a que el tejido asociativo de la región se ha ido adelgazando. “Esta pérdida de las personas que trabajaban para el camino es lo que necesitamos recuperar”, aseguró el consejero. Ante esto, Fernández ha anunciado que se creerá un nuevo Estatuto del Consumidor, que se centrará en las normas de otros países del entorno.
La idea es dotar de personalidad jurídica propia al Consejo del Consumidor, a modo de desarrollar nuevos elementos colaborativos para desatascar los más de cuatro mil expedientes que siguen “atascados” incluso desde 2011 y 2013. “Nos planteamos un órgano gestor que decida lo que hubiera que dirigir para el consumo de Castilla-La Mancha”, señaló Fernández, quien aseguró, además, que todavía hay que decidir si se tratará de una Agencia o una Dirección General, entre otros objetos.
Pedro Romero Rodríguez, presidente del Consejo de Consumidores de Castilla La Mancha, anunció que en él se agrupan 58 asociaciones provinciales y locales así como 160.000 socios que participan en el movimiento. Romero denunció también que en el último lustro las organizaciones de consumidores y las políticas de consumo quedaron relegados a mínimos, por lo que agradecen la toma de contacto desde el Gobierno regional. Además, Romero señaló que es necesario actualizar las normas referentes al consumo, así como trasponer las normativas europeas y nacionales. Para ello, proponen que se dote al Consejo de personalidad jurídica propia, y que funcione como un referente para la participación ciudadana.
