La desigualdad, “feminización” de la exclusión y precariedad que la pandemia deja en Castilla-La Mancha

La primera radiografía social completa de la crisis de la COVID-19 en Castilla-La Mancha no ofrece apenas resultados positivos. En esta comunidad autónoma la desigualdad se ha multiplicado muy por encima de lo que produjo la crisis económico-financiera de 2008 y las rentas más bajas se han reducido hasta un 36% en dos años de pandemia. Así lo refleja el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla-La Mancha presentado en Toledo por Cáritas y la Fundación de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA).

La explicación detallada de informe la ha realizado el técnico de FOESSA Thomas Ubrich, partiendo de cuatro grandes epígrafes que han ayudado a entender la realidad de esta crisis. En primer lugar, ha detallado que en todo el país, la crisis sanitaria y social ha marcado un “punto de inflexión” en la evolución de las condiciones de vida y niveles de integración social de las personas y familias. Tanto si los datos se analizan desde la realidad social como desde la Acción Social de Cáritas, una parte importante de la población “sigue en riesgo de desvinculación e incluso se ve literalmente expulsada de la sociedad”.

Según ha dicho, también se ha dado un agravamiento y profundización de las situaciones más críticas. “Lo que evidencia que los grandes damnificados por la COVID-19 son precisamente las personas y familias más frágiles y desfavorecidas, a las que no ha llegado la respuesta pública”.

La dinámica en Castilla-La Mancha, en cambio, muestra ciertas especificidades. El informe apunta que la situación es “ligeramente menos negativa” que la observada en el conjunto de España, aunque “no oculta, sin embargo, un deterioro de las situaciones de exclusión, y especialmente las más severas”. Así, la crisis se ha llevado por delante a un buen número de hogares que disfrutaban de una posición privilegiada de integración plena. “Si en 2018 casi la mitad de las familias castellanamanchegas se encontraban en esta situación ahora son solamente el 44% de los hogares que no ven afectada su participación con normalidad en la sociedad”, añade.

Concretamente, uno de cada cuatro habitantes de la comunidad autónoma, en torno a 479.000 personas, se encuentran “en una situación de importante desventaja”. Más grave es, apunta el estudio, el aumento del grupo de los más frágiles con un aumento del 37% de las situaciones de exclusión severa, alcanzando 232.000 personas. “Las personas en situaciones más críticas ya representan la mitad de las personas presentes en el espacio de la exclusión social”.

Las situaciones más críticas

También se quiere llamar especialmente la atención sobre el deterioro que se ha dado entre el grupo de personas en una situación de exclusión más extrema y que acumulan el mayor número de dificultades. Casi 10.000 personas conforman la denominada “sociedad expulsada en Castilla-La Mancha”. El técnico de FOESSA explica que esto significa que están en una situación más crítica y no cuentan con elementos compensadores que eviten el incremento de nuevas problemáticas que se acumulen a las previas.

Otro de los bloques del informe se refiere a la desigualdad, que ha crecido tanto en la breve crisis actual que durante la crisis del año 2008. “Se han separado las realidades de quienes han mantenido su trabajo de manera ininterrumpida durante este periodo de crisis y quienes han sufrido el desempleo sin protección social, o el empleo reducido en jornada o en remuneración”. Con todo ello, la desigualdad en términos de renta ha aumentado más de un 37%, cifra muy superior al incremento que tuvo durante la crisis de 2008.

Pero más allá de los ingresos y de las capacidades materiales de las familias, hay otras dimensiones sociales de la desigualdad. Por ejemplo, se han sumado nuevas brechas, como es la brecha digital, o se agravan brechas pre-existentes como son las oportunidades educativas. Según Thomas Ubrich, esto conlleva “pérdida de oportunidades laborales, formativas, de relaciones o de acceso a derechos como ayudas y prestaciones sociales y que nuevamente afecta a quien más necesita de esas oportunidades: la población en situación de exclusión severa pierde cuatro veces más oportunidades por apagón digital que la población integrada”.

El informe ahonda aún más. Señala que todas estas carencias “desigualmente distribuidas” generan un mayor impacto sobre unas personas que sobre otras. Así, hay dos brechas que siguen activas y que se hacen más profundas, como son el género y la nacionalidad de origen, y una tercera que adquiere cada vez más fuerza: la edad.

La pandemia está “feminizando” aún más el espacio de la exclusión: si en 2008 la brecha entre los hogares encabezados por hombres y los encabezados por mujeres era reducida, con una diferencia de 4 puntos porcentuales, ahora esa brecha se ha multiplicado por 1,5 hasta afectar al 28% de los hogares cuya persona sustentadora principal es una mujer frente al 22% donde esa figura es un hombre.

Igualmente, ser extranjero en Castilla-La Mancha sigue suponiendo una brecha. Las razones son peores condiciones de vida, con viviendas peor ventiladas por las condiciones de acondicionamiento de la vivienda y con más hacinamiento; así como menores recursos para adoptar medidas preventivas y una mayor exposición al contagio por sus empleos. Y por otro lado, ha habido también un importante incremento de la tasa de exclusión entre las personas de entre 45 y 64 años, la población trabajadora más mayor que está “en la cuerda floja” siendo uno de los grupos más castigados por el incremento de casi el 50% de la exclusión social.

Thomas Ubrich ha terminado la presentación reconociendo que el esfuerzo de respuesta desde las políticas públicas ha sido “notablemente mayor”, aunque “todavía hay un amplio margen de mejora”. Para perfeccionar el sistema de protección social ha detallado algunas medidas como mantener de manera estable las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud y la vivienda; mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital; o recudir la “hiperflexibilidad” en los empleos que más afectan a los sectores excluidos, empleos no cualificados, temporales y precarios, que afectan sobre todo a los sectores llamados “esenciales” de la limpieza, los cuidados, la hostelería y las labores agrícolas entre otros.

También propone complementar los salarios escasos con otras medidas redistributivas, políticas frente a la exclusión residencial, y medidas que pongan los medios necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital.