El Gobierno llama a una “alianza de país” para frenar la despoblación
La despoblación se ha convertido en uno de los temas principales de la primera jornada del Conama Local que acoge Toledo desde hoy hasta el próximo jueves. Una de las primeras intervenciones ha sido la de Ignacio de la Torre Molina, director del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, quien ha detallado las directrices generales de la Estrategia nacional frente al Reto Demográfico que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, unos días antes de la manifestación de la “España vaciada” que llenó el centro de Madrid hace tan solo dos días. Según ha afirmado, este plan del Ejecutivo central es una “hoja de ruta marcada hace años” cuando la Conferencia de Presidentes autonómicos decidió comenzar a trabajar en ella. “Ahora ya está dando resultados”, ha dicho.
En primer lugar, De la Torre ha querido dejar claro que España está en un territorio “claramente afectado por los riesgos demográficos”, y donde cualquier variable que se utilice refleja una pérdida de población a lo largo del tiempo. Ha ofrecido algunos datos a este respecto: siete de cada diez municipios está perdiendo población en la actualidad, y el 38% está riesgo severo de despoblación con una densidad por debajo de los ocho habitantes por kilómetro cuadrado.
“Nuestra estructura de poblamiento es cada vez más débil. Muchos nos dicen que este problema no tiene solución, y siempre preguntamos sobre cuál es el umbral que tiene solución. Porque actualmente, también las ciudades de entre 20.000 y 50.000 habitantes también pierden población. ¿Qué es lo que no tiene solución, entonces? No podemos resignarnos a que haya 6.000 municipios sin solución, y por eso es tan importante este reto. No es un problema de los pequeños pueblos, sino de un modelo de cohesión territorial”, ha argumentado.
Las regiones que iniciaron el camino
La estrategia cuyas líneas generales ya se han aprobado se abordaron principalmente a petición de comunidades que sufren de forma más acuciante este fenómeno, como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Galicia, Asturias y Extremadura. Fueron las regiones que plantearon la necesidad de una estrategia conjunta, “global y transversal”. Porque, ha añadido, buscar soluciones de futuro no compete tan solo a un nivel de la administración: “Tiene que ser una cuestión de colaboración y de cooperación, y también con visión europea”. De hecho, ha avanzado que tampoco debe vincularse solo a la despoblación, sino también a otras cuestiones como el envejecimiento y la población flotante (aquella que no estando oficialmente inscrita en un censo, reside temporalmente en una zona).
En el ámbito estatal, la lucha contra la despoblación se ha fijado en esta estrategia conforme a varios bloques como la garantía de los servicios básicos, la mejora de su competitividad, y la generación de actividad y empleo, todo ello mediante un proceso participativo en el que posteriormente el resto de administraciones podrán realizar sus aportaciones.
A este respecto, ha dicho que “no solo es cuestión de un pacto de Estado”, sino de pensar en todo el territorio, en una “alianza de país” que debe ir de la mano de otros procesos, sobre todo los relacionados con el medio ambiente, la descarbonización y el cambio climático, que requieren de la “funcionalidad” de todas las zonas. También ha considerado que esta planificación debe abordarse “inter-generacionalmente”, es decir, que no debe dirigirse tan solo a los jóvenes, sino a toda la sociedad.
Una vez aprobadas las directrices generales, la estrategia deberá aprobarla finalmente la Conferencia de Presidentes. El director del Comisionado ha querido dejar claro a este respecto que la despoblación es un problema tan severo que “no puede solucionarse con ocurrencias y deseos” sino con “mucho trabajo y cooperación”. Solo para elaborar esas líneas generales, se han creado varios grupos: uno de carácter interministerial, otro con las comunidades autónomas, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y también específicamente con algunas diputaciones y ayuntamientos, así como con expertos.
“Algo que lleva décadas produciéndose no se soluciona ni en dos ni en cinco años”, ha advertido como conclusión, remarcando que, ante todo, debe responder a la igualdad de oportunidades y de derechos, a la mejora de la conectividad digital, a la Agenda 2030, al turismo de naturaleza, y a las energías renovables como “aliadas” de las áreas rurales. Finalmente, ha hecho hincapié en la “indispensable” colaboración privada de empresas que deben apostar por el desarrollo económico de pueblos y ciudades para fijar su población.
