“Hemos visto a familias con ingresos de 200 euros y sólo por eso se les ha denegado el Ingreso Mínimo Vital”

Incredulidad dicen sentir los trabajadores sociales de Atención Primaria, tras la decisión del Gobierno regional de suspender el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS). Tampoco entienden, ni aceptan, el argumento de la consejería de Bienestar Social de que se trata una medida que quiere evitar incompatibilidades entre ambas ayudas o que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) será finalmente mejor que el ofrecido por la Junta de Comunidades. “Hemos visto a familias con ingresos de 200 euros y sólo por eso se les ha denegado el Ingreso Mínimo Vital” asegura Prado Galán, trabajadora social en el Ayuntamiento de Miguelturra. “Es doloroso tener que decir a las familias que no podemos gestionarles ninguna ayuda, que vuelvan mañana. Es lo que nos queda”, recalca.

Juan Carlos Muñoz es portavoz de la Plataforma por los Servicios Sociales Públicos de Castilla-La Mancha y trabajador social en Albacete. “Claro que conocemos familias que se han quedado sin nada. Y antes de que suspendieran el Ingreso”, recalca. De hecho, asegura que entre los profesionales de Atención Primaria será “raro” encontrar quien no conozca una familia que esté en esa situación, en la de ingresar ningún euro al mes. “No sé cómo han hecho el cálculo desde la Junta para decir que si quitamos el IMS, la mayor parte de las familias encajarían en los requisitos para el Ingreso Mínimo Vital. No es así ni mucho menos”, asegura. Y es que, explica, si cualquier miembro de la familia ha tenido durante 2019 un trabajo, de cualquier tipo, ya puede verse fuera de la convocatoria del IMV.

“Esto no pasa con el IMS, que sí cubre ese tipo de situaciones, y especialmente hablando en la situación actual con la carencia de ingresos que existe”, señala. Esto no implica que no haya familias o personas que sí puedan pedir la ayuda nacional, pero sí otras que no puedan pedirlo. Todavía es pronto, asegura, para que los casos vayan acercándose a los servicios, ya que las familias siguen “enterándose por la prensa”, pero en su servicio sí conocen familias que ya vieron cómo se les denegó el IMS en el último trimestre de 2019 por falta de presupuesto y que estaban esperando a la convocatoria de este año. “La reacción será de cabreo e indignación, no me cabe duda. Además de que hay declaraciones diciendo que no les consta que haya familias que no han tenido acceso al IMS. Se sentirán engañados, lógicamente, es una situación a la que tenían derecho. No sé cómo han podido hilar esto de manera legar para poder llevarlo a cabo”, recalca Muñoz.

Aunque concede que la cobertura del Ingreso Mínimo Vital es “mayor”, también recalca que “no siempre es de tipo económico”, que es lo que ocurría con el IMS, al que se ha acogido “mucha gente”. Además, reclama que las ayudas de emergencia social están “paralizadas” desde marzo y abril, “también por falta de presupuesto”, lo que implica que hay expedientes sin resolver y sin pagar. “Es dejar sin nada a la gente que menos tiene y en una situación de emergencia social, con mucha necesidad nueva, es muchísimo más grave”, asegura. Este es el caso, por ejemplo, de personas en situación de solicitantes de asilo, que por no tener documentación sólo pueden gestionar la ayuda de emergencia por razones humanitarias, algunas de las cuales siguen sin resolverse. “La situación en la que quedan sin acceder a nada, es tremenda”, asegura.

“Cada vez más gente”

Lo que más preocupa a los profesionales, señala Muñoz, es que “cada vez vemos más gente que necesita estas ayudas para cubrir sus necesidades básicas, cada vez más gente que no puede hacerlo de manera independiente”. Y aunque reconoce que no hay datos que puedan cuantificar esta situación, también es claro al afirmar que no es una sensación, sino “una realidad” la que se ve en los servicios de Atención Primaria. “Hay efectivamente menos solicitudes, porque al principio hubo muchas y eso es lo normal. Pero además, cuando comunicamos que las ayudas están paralizadas o que las de emergencia no se están pagando, pues lo que hacen es no pedirla”, recalca el profesional.

Prado Galán es trabajadora social de Atención Primaria en el Ayuntamiento de Miguelturra. “No habíamos tenido que acudir a un banco de alimentos nunca en Miguelturra”, reflexiona. Y esto ocurre, señala, porque el “atasco” del sistema no permite que se resuelvan ayudas para las familias, ni siquiera aquellas planteadas para las situaciones excepcionales provocadas por la pandemia, afirma. “Casi cinco meses después se siguen resolviendo esas ayudas que se pidieron en junio para unidades familiares que no tienen ningún ingreso. Que ingresan cero euros al mes”, recalca. Por otro lado, explica que estas ayudas tienen una periodicidad de “cuatro meses y ya está”.

“En Ciudad Real las ayudas de emergencian no se resuelven”

Galán asegura que no se han resuelto expedientes del Ingreso Mínimo de Solidaridad todavía desde octubre, y que en la provincia ocurre lo mismo con las ayudas de emergencia social. “Y estas no palían ni resuelven las necesidades básicas, son ayudas para situaciones excepcionales y la previsión es que sean irrepetibles para momentos coyunturales y que no pertenecen a la cobertura de necesidades básicas”. “Ocurre que no hay presupuesto desde enero del 2020”, recalca.

Y por eso la situación a la que se enfrentan estas familias es “insostenible”, porque los profesionales del trabajo social se ven obligados a decir que “no tenemos ningún recurso de la Administración” que ofrecer. “Yo tengo la suerte de trabajar en un municipio en el que hay presupuesto municipal para abordar estas situaciones concretas y puntuales, que tienen que ver con alimentación, higiene y mantenimiento de la vivienda. Pero el Ayuntamiento no puede cubrir todas las necesidades básicas de las familias, es inasumible”, recalca. Además, lamenta que los profesionales de atención primaria “no tienen contacto” con las oficinas de la Seguridad Social, que están “cerradas a cal y canto y ni siquiera contestan el teléfono”.

En cuanto al Ingreso Mínimo Vital, Galán asegura que las familias que hayan podido computar ingresos durante 2019, ya fuese de un subsidio o una prestación, incluso de un Plan de Empleo municipal o regional, “ya no cumplen el baremo económico”. “Se trata de familias que pueden llevar hasta seis meses sin cobrar un duro y entonces tenemos que empezar a funcionar cubriendo necesidades básicas con medidas asistencialistas, que forman parte de la beneficiencia y la caridad, pero no con la idea de que estas personas puedan ser realmente autónomas y cubran sus necesidades básicas de la manera más digna que es tener una renta mínima garantizada. Lo que vemos no es preocupación, es desesperación y acaba de empezar”, señala.

En este sentido entran también las entidades del tercer sector, como ha ocurrido con Cruz Roja o Cáritas que se han encargado de cubrir necesidades básicas, pero Galán señala que esto son cuestiones puntuales a las que hay que volver para resolverlas. “Esta situación se va a volver del todo insostenible, la gente no es consciente porque podemos cubrir estas necesidades básicas, pero las familias no sólo comen y duermen. Tienen que pagar gafas, comprar colchones, la luz, el agua y el alquiler”, explica. Y para ello, reclama, debe ser la administración regional la que se haga cargo. “La gente viene y no se lo terminan de creer. Pero es real. Ya no podemos gestionar nada”, asegura.