Los importes de las pensiones por viudedad y orfandad son los que más ‘rozan’ la pobreza severa en Castilla-La Mancha

El mapa de la pobreza severa sigue dejando en España datos muy alarmantes, que ya estaban reflejadas antes la pandemia de COVID-19 pero que debido a esta crisis socio-sanitaria se han acentuado. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) ha elaborado su segundo informe “El paisaje del abandono”, que analiza la situación de extrema pobreza del eslabón más débil y desconocido de la sociedad. 

Para comprender este concepto, es importante señalar que se considera que las personas viven en pobreza cuando no pueden disponer de los recursos materiales, culturales y sociales necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y, por tanto, quedan excluidas de las condiciones de vida mínimamente aceptables para el Estado o territorio en el que habitan. En esta ocasión, el análisis se centra también en el importe de las pensiones, midiendo los importantes conforma a los umbrales de pobreza.

En todo el país, las cifras resultan muy negativas. El estudio desvela que al inicio de la pandemia, 4,5 millones de personas en España (9,5 % de la población) vivía en situación de pobreza severa (un millón más que en 2008). 

Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Condiciones de Vida (julio 2021), el umbral de renta para considerar que un hogar está en pobreza severa es de 6.417,3 euros por unidad de consumo al año. Es decir, cada persona debe sobrevivir con menos de 281 euros mensuales para el caso de una familia con dos adultos y dos menores, y con menos de 535 euros al mes si vive sola. Con este presupuesto, esas personas han de cubrir todas sus necesidades: vivienda, alimentación, ropa, educación de los hijos e hijas, salud, energía, ocio y otras.

Por comunidades autónomas

En cuanto a la distribución territorial, Canarias, Comunidad Valenciana y Asturias presentan los porcentajes más altos, que oscilan entre el 12,2 % y el 16,7 % del total de su población. Castilla-La Mancha, que durante años ha permanecido en estos primeros puestos, ha reducido del año 2019 al año 2020 este porcentaje, pasando del 11,2% al 9,4%. Hace dos años había 226.730 personas en esta comunidad autónoma en situación de extrema pobreza, mientras que el año pasado eran 193.210.

Además, Castilla-La Mancha es la región con menor porcentaje de pensiones bajo el umbral de la pobreza severa, con un 11,3%; incluso por debajo del País Vasco (12,9%) y Navarra (12,9%).

No obstante, si el análisis se realiza por tipos de pensiones, la situación es muy dispar. Así, en esta comunidad autónoma los porcentajes de pensiones que tienen un importe inferior al umbral de la pobreza severa son muy bajos en el caso de las de incapacidad permanente (7,2%) o jubilación (6,4). Pero suben considerablemente cuando hablamos de las pensiones de viudedad (15,6%) u orfandad (que llega casi al 67%). Esto es determinante para identificar cómo los colectivos más vulnerables no reciben las contraprestaciones.

El “sesgo social” de la enfermedad

Con carácter general, el informe establece que después de año y medio de pandemia, los indicios reafirman el sesgo social de la enfermedad, tanto en lo que se refiere a las posibilidades de contagio, como a las profundas consecuencias económicas que produce entre la población más pobre. 

“Las personas que viven en pobreza se alimentan peor, tienen más enfermedades, están más obesos, hacen menos ejercicio, residen en viviendas infradotadas o pequeñas y la mayoría de las que consigue trabajar, lo hace en empleos que requieren actividad presencial. Todo ello las hace más sensibles al virus y a los efectos económicos derivados de las medidas de control social y apunta a un aumento importante en las tasas de pobreza y de pobreza severa y al deterioro de los indicadores de carencia material”.

De igual forma, pronostica que los efectos sociales y económicos de la pandemia van a permanecer indefinidamente, por lo que EAPN apuesta por prorrogar las medidas de protección social puestas en marcha para hacer frente a la crisis social y sanitaria. “El impacto de la COVID-19 sobre los grupos de población más vulnerables obliga a proteger más intensamente a miles de familias que se encuentran en mayor riesgo de pobreza o exclusión social y han visto agravada su situación durante la pandemia”, concluye.