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La legislatura de Cospedal ha supuesto un millón de euros diarios menos en servicios sociales

Foto: Europa Press

Alicia Avilés Pozo

Cualquier diagnóstico de la política social del Gobierno de Castilla-La Mancha que se realiza en los últimos meses por parte de todos aquellos colectivos que la conocen de primera mano ofrece el mismo panorama: recortes, falta de prestaciones y necesidades básicas sin cubrir en las cinco provincias de la región. Y uno de los trabajos más detallados que se han realizado a este respecto es el del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Castilla-La Mancha, que ha realizado un informe de la situación de los servicios sociales, tras la petición expresa que algunos partidos políticos que concurren a las próximas elecciones autonómicas han hecho a este colectivo.

Bajo el epígrafe ‘Situación social y de los Servicios Sociales en Castilla-La Mancha’, el estudio recopila y elabora una serie de datos agrupados por temáticas, todos ellos devastadores y símbolo de la “destrucción” del bienestar social al que tienen derecho todas las personas.

Los primeros de ellos son los referidos a pobreza, exclusión, paro y desigualdad, junto con la “nula ayuda” de la Junta a las familias. Destaca el hecho de que la población pobre en la región (31,3%) sea más de 10 puntos superior a la media española (20,4%), habiendo crecido en los últimos años un 8,1%. La pobreza severa alcanza por su parte el 10,5% de la población (218.740 personas) y la pobreza extrema al 5,8% (117.817).

Resulta por tanto destacable que estas altas tasas de pobreza vayan de la mano de los numerosos recortes sociales. Así, el Programa ejecutado de Prestaciones y Ayudas Económicas de Servicios Sociales de la Junta para situaciones de pobreza, vulnerabilidad o exclusión, se ha reducido en los últimos cuatro años unos 701,3 millones y un 77,79%. Es decir, tres de cada cuatro prestaciones sociales han sido suprimidas o recortadas en estos años. El informe resume que a final de legislatura se habrán recortado unos 1.082.190 euros diarios en servicios sociales, es decir, 1.582 millones de euros en cuatro años.

Despidos de trabajadores sociales

El Colegio de Trabajadores Sociales considera que teniendo en cuenta que actualmente en Castilla-La Mancha hay un triple de demanda de servicios sociales que hace cuatro años y que el presupuesto en el sector se ha reducido más de la mitad, son muchos los profesionales de este sector que opinan que la Junta “odia, roba y/o maltrata, sobre todo, a las familias empobrecidas y a las personas en situación de dependencia”. Y también a los profesionales, puesto que en la última legislatura, los despidos de trabajadores que atienden a niños, adolescentes, enfermos, dependientes y sus familias, han superado los 34.000.

Estos recortes de empleo resultan aun más llamativos cuando desde el Colegio Oficial están convencidos de que en pocos ámbitos de actividad se podrían crear más fácilmente entre 70.000 y 100.000 puestos de trabajo que en el sector de los servicios sociales, con una escasa inversión financiera pública, apoyando, integrando y atendiendo a mucha gente con bajo coste. El dato más significativo es que casi el 40% de la inversión en este sentido vuelve de nuevo a las arcas públicas en forma de impuestos y seguros sociales. 

En otro bloque de análisis, el estudio detalla que en Castilla-La Mancha no está garantizado el acceso, en toda la región, a ninguna de las 23 prestaciones sociales que recoge la Ley de Servicios Sociales, avalada por partidos políticos y entidades sociales en 2010, de la que se ha incumplido un 85% del articulado. Al contrario, expone que la Junta ha reducido su presupuesto en Programas Sociales Básicos en esta legislatura en un 77,86% y 303 millones.

Otros datos significativos del informe de los trabajadores sociales alertan también del colapso de los bancos de alimentos, de Cáritas y de Cruz Roja debido a la falta de profesionales y de ayudas sociales, así como el desmantelamiento de los Servicios Sociales Municipales, reducidos en una media del 72,1% durante esta legislatura en un momento en que la demanda se ha entre triplicado y quintuplicado.

“Hervideros de quejas y malestar”

Añade asimismo que los Servicios Sociales de Atención Primaria del PRAS (municipios de menos de 3.500 habitantes) y del Plan Concertado (más de 3.500 habitantes), se están convirtiendo en un “hervidero de quejas, lamentos y malestar por la falta casi total de ayudas sociales, de profesionales, de servicios y retrasos en la valoración y atención de la dependencia”.

Algunos otros datos reveladores del informe exponen que Castilla-La Mancha es la región de España que peor cobertura de atención social tiene al atender con rentas mínimas o básicas a una de cada 2.000 familias (0,5%) y a una de cada 356 que lo necesitan (0,62%). También es destacable que el ratio de habitantes por trabajador social de referencia se haya triplicado en los últimos cuatro años, siendo la media casi 7.000 habitantes en zonas rurales y de casi 12.000 en zonas urbanas.

Los datos del informe, que ahonda en muchas otras cuestiones sobre dependencia y atención a mayores, son fruto de un exhaustivo análisis de una veintena de otros tantos estudios, la mayoría de carácter oficial, procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de varios ministerios, así como de los Presupuestos Generales de la Junta de Castilla-La Mancha de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

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