Así es el nuevo modelo energético de Castilla-La Mancha para reducir más del 35% el consumo y las emisiones en 2030

Castilla-la Mancha está diseñando la hoja de ruta del modelo energético regional y lo hará a través del Plan Estratégico para el Desarrollo Energético con horizonte 2030. La idea es incorporar medidas socioeconómicas “de carácter transversal y sectorial”.

El Gobierno de la región considera necesario seguir los parámetros que marcan la Comisión Europea, el Convenio de Cambio Climático (Acuerdo de París) y la ONU (Agenda 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Se buscará “acelerar” la lucha contra el cambio climático que afectará de forma directa a la región. No en vano, las proyecciones muestran una desviación de la temperatura máxima y mínima a final de siglo en 5,01º C y 4,26ºC respectivamente. También una disminución de los días de lluvia en unos 28 días, entre otras cosas.

Lo primero que plantea el Ejecutivo regional será potenciar el uso “racional” de las renovables. De hecho, se quiere lograr que el 78,6 % de la producción eléctrica sea de origen renovable en 2030.  Parte del camino ya está hecho: desde finales de 2019 alcanza una cuota superior al 50%. En esa fecha habían pasado 20 años desde que se construyese el primer parque eólico de la región, en Higueruela (Albacete).

¿Cómo se logrará? Todavía se seguirá usando energía primaria en un 48% del total de la producción, con fuentes renovables. Hay que tener en cuenta que la energía primaria incluye la energía natural en su forma original (sol, viento, biomasa y también carbón, gas natural, petróleo y uranio).

El consumo de productos petrolíferos y gas natural en la región superaba el 50% en 2018. Las políticas y medidas incluidas en el Plan tratarán de reducir esta dependencia de los hidrocarburos.

El Plan Estratégico para el Desarrollo Energético de Castilla-La Mancha prevé para el año 2030 una potencia total instalada en el sector eléctrico de 22,7 gigavatios (GW), de los que 12,5 GW serán energía solar fotovoltaica, 6 GW serán energía eólica; 1 GW energía solar térmica y 1 GW energía nuclear, así como cantidades menores de otras tecnologías.

Se detalla, además, la idea de contar con 1.763 megavatios (MW) de potencia eléctrica instalada en autoconsumo, un 14% de participación de las energías renovables en el transporte o de cubrir otro 14% de las necesidades del transporte con biocombustibles de segunda generación.

Se pretende garantizar una “presencia equilibrada” de las diferentes tecnologías renovables que, dicen, “se harán cada vez más gestionables” y se incluyen actuaciones como la remaquinación o repowering (reemplazando los sistemas de producción más antiguos), la incorporación de tecnologías de almacenamiento o los mecanismos como la hibridación y la gestión de la simultaneidad.

Reducir en un 35,5% el consumo energético en 2030

Después se trata de mejorar la eficiencia energética, es decir, por reducir el consumo en un 35,5 % en 2030. Eso supondría que, en ese año, el consumo de energía final en Castilla-La Mancha sería de 4.016,64 kilotoneladas de equivalente en petróleo (ktep).

La intención es reducir un 2,2% cada año la intensidad energética final -la cantidad de energía final consumida en la región, dividida por el PIB- hasta llegar a 2030.

Reducir un 38% las emisiones de CO2

Otra de las apuestas de la región es reducir en un 38% las emisiones de CO2 asociadas a la energía consumida con respecto al año 2008.

El objetivo de España a largo plazo, en 2050, es convertirse en un país neutro en carbono y Castilla-La Mancha quiera contribuir, primero limitando emisiones y luego reduciéndolas. Y todo ello, teniendo en cuenta que hablamos de una “comunidad exportadora energéticamente” y que “no es factible establecer un objetivo de reducción de emisiones per se”.

La reducción de la contaminación atmosférica es importante, por un lado, para preservar la salud humana. Actualmente se estima que las muertes prematuras que se producen al año por esta causa en la región ascienden a 2.700 muertes.

Pero además Castilla-La Mancha presenta condiciones favorables para que ocurran incendios forestales, debido a que en la época estival existen altas temperaturas y precipitaciones escasas. A eso se suma que el 45% de la superficie es forestal. Las medidas quieren centrarse en prevenir tanto los incendios como la erosión y la desertificación.

Evitar el deterioro de las masas de agua

La reducción de la contaminación también pasa por frenar el deterioro de las masas de agua. Según los informes de seguimiento de los planes hidrológicos de cuenca que elabora el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en Castilla-La Mancha no se cumplen los objetivos de llegar al porcentaje suficiente en cuanto al buen estado de las aguas superficiales y subterráneas en buen estado marcado para 2021 ni en el Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar, Ebro o el Duero, aunque haya diferencias por cuencas.

Exportar energía y depender menos del exterior

El cuarto eje pasa por potenciar los activos energéticos aumentando la exportación de energía y mejorando las redes de transporte y distribución.

La región parte de lo que ya marca el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha 2015-2020 que ya contempla el desarrollo del I+D+i y de un nuevo modelo energético. Posteriormente, la reciente ‘Declaración Institucional para iniciar la concertación de un nuevo Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica de Castilla-La Mancha 2019-2023“ incluye la transición energética regional.

El Gobierno de Castilla-La Mancha apunta que del “esperado aumento de la producción eléctrica, especialmente impulsada por la alta penetración de potencia renovable en el sistema, se obtiene la conclusión de que el saldo neto en fronteras resultará claramente exportador en 2030”. Y, eso, añade, se alinea con los objetivos del plan castellanomanchego.

Conseguir un aumento del PIB de hasta 800 millones anuales y aumentar un 1,6% el empleo

Las inversiones totales previstas alcanzarán los 19.359,63 millones de euros hasta 2030 en las distintas medidas. El 85% de las inversiones las realizaría el sector privado y el 15% el sector público.

Más de la mitad de esas inversiones, un 55%, tendrán que ver con las energías renovables, a medidas de ahorro y eficiencia se destinará un 3,7%, a redes y electrificación un 36,3% y para el resto queda un 4,3% del presupuesto.

El plan regional busca tener impacto directo en la economía y en el empleo. “La evolución hacia este modelo implicaría un aumento del PIB en la región castellanomanchega de entre 600-789 millones de euros al año”.

El impacto sobre el empleo, respecto al escenario sin este plan, sería aumentar entre 9.000 y 16.000 personas empleadas por año, lo que representa un incremento medio del 1,6% en 2030.

Impacto en una mejor I+D+i y en paliar la pobreza energética

Otra de las consecuencias de la aplicación del plan que se estiman es “el impacto positivo en actuaciones de I+D+i de desarrollo de nuevos productos y/o aplicaciones y de I+D+i para el desarrollo de tecnologías energéticas”.

Y además, la Junta cree que favorecerá “especialmente” a los hogares vulnerables y colectivos en riesgo de exclusión social. “El Plan se convertirá en una herramienta de desarrollo sostenible que contribuirá a la mitigación de la pobreza energética en todas sus formas y dimensiones”, subraya la propuesta.

El diseño de este plan se encuentra actualmente en proceso de información pública hasta el próximo 29 de septiembre.