El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo ha dado validez a la medida cautelar, solicitada por el grupo del PSOE de la localidad, que suspende la orden emitida por la Diputación Provincial de extinguir los servicios de la Residencia Social San José y de trasladar a los enfermos residentes en la institución, según informa Europapress. La medida, presentada el 14 de marzo por el secretario general del Partido Socialista, Álvaro Gutiérrez, alegaba que el Centro de Salud dispone de una infraestructura renovada y adaptara para el tratamiento de los enfermos de Alzheimer, así como los riesgos que supone un traslado para los pacientes del centro. Para Gutiérrez, la aceptación de las medidas cautelares no sólo para los enfermos, sino también para los familiares y a los trabajadores del Centro que serían despedidos al concretarse su cierre. “La decisión del Juez no es otra cosa que dar razón a la necesidad de seguir atendiendo a los enfermos en un centro especializado y de referencia”, ha indicado el socialista. Por parte del PSOE no se adoptarán más medidas hasta que los juzgados no comuniquen la solución del recurso presentado, ya que el Centro se mantendrá abierto.
Familiares de usuarios de la Residencia San José han comunicado también su satisfacción ante la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo. Raquel López, portavoz del movimiento contra el cierre, ha señalado que la validación de las medidas cautelares supone un “gran alivio” para los familiares, puesto que el traslado dispuesto para el día 31 de marzo hubiese significado un gran impacto y un “gran retroceso” en la enfermedad de los pacientes. López también ha señalado que se ha enterado de la resolución a través de los medios de comunicación, Cadena Ser específicamente, y que ni el Centro ni la Diputación se comunicaron con los familiares para informar de las medidas. “Sabemos que no hemos ganado la guerra, pero si la primera batalla y seguiremos luchando” ha afirmado Raquel, quien ha indicado que los familiares de los pacientes centrarán ahora su lucha en la reapertura de las listas de espera, que llevan cerradas desde febrero de 2012.
Cristina Casarrubios, cuyo padre se encuentra en el centro desde 2011, afirma que estas medidas ofrecen un “inmenso alivio” a las familias. “Estos pacientes necesitan cariño, y recibir las mejores atenciones posibles, no abocarlos a una peor calidad de vida que es lo que significaría el cierre del centro”. Casarrubios ha indicado también que los familiares continuarán con las manifestaciones reivindicativas y la recogida de firmas de la población para demostrar el apoyo ciudadano al Centro público.