Evitemos que el IMV sea una losa sobre los más vulnerables

La digitalización de las relaciones se desarrolló plenamente en el confinamiento pandémico, ya que nos vimos obligados a hacer todo de manera telemática, desde hablar con nuestros familiares, solicitar la prestación por desempleo…, hasta buscar empleo. Por ello, tener unas competencias digitales básicas fueron imprescindibles para poder comunicarnos con administraciones o familiares. A raíz de esta realidad, me gustaría hacer una reflexión sobre el despliegue ineficaz del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que puede hundir aún más la vida a sus beneficiarios.

El escudo social se pone en marcha a finales de marzo del 2020, este escudo incluye mas de 50 medidas para hacer frente a la emergencia del coronavirus, demostrando ser una buena medida para afrontar situaciones de pobreza sobrevenida, erradicar la pobreza severa y luchar contra la pobreza infantil, una de las medidas estrella que nace unos meses después es la Renta básica nacional (IMV) que suponía un suelo para las 19 rentas básicas regionales existentes hasta entonces.

Esta prestación tiene su nacimiento en junio del 2020 en plena pandemia, cuando por razones de distancia social únicamente se permitía tramitarla de manera telemática, esta prestación con carácter no contributivo trajo mucha esperanza a esas personas que no solo les sacudió la pandemia de la COVID-19 si no también la crisis económica anterior del 2008, pero al ser un trámite que exclusivamente se podía realizar por internet, esta prestación dejo a muchas personas excluidas en esos primeros meses, debido a la brecha digital que es otra carencia común en este perfil de personas.

Mientras nacía esta prestación, nuestra Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha paralizaba el IMS (ingreso mínimo de solidaridad) no permitiendo el acceso a nuevos usuarios.

Todo esto ocurría mientras teníamos a personas a las que el IMV no llegaba por su difícil tramitación y por ser una prestación que tardaba en concederse o denegar más de 180 días, sin dar ningún tipo de explicación, lo que la administración llama “silencio administrativo”. Esta situación provocó largas colas en la Seguridad Social, Puso de manifiesto su incapacidad para resolver su nueva prestación. 

Asimismo, hubo numerosos casos de solicitudes de IMV que tampoco se concedieron por exceso en la renta del 2019, sin tener en cuenta los ingresos del año en el que solicitaba la prestación, en 2020, caracterizado por la desaparición de muchos empleos por el confinamiento y el cese de actividad de muchos negocios. Teníamos entonces lo que llamamos pobreza sobrevenida, unido a la problemática de personas que carecían de internet o competencias digitales suficientes para poder tener acceso al formulario de la solicitud, que además se caracterizaba por un lenguaje muy técnico. 

Llegamos a 2023 sin que la Consejería de Bienestar Social haya reactivado el IMS ni haya dado explicaciones sobre el mejor destino de esos recursos tan necesarios para luchar contra la pobreza severa, que recordemos, alcanza hoy a 240.000 castellanomanchegos. 

Aunque actualmente el IMV alcanza ya a casi 26.000 castellanomanchegos, desde el Grupo de Participación de Personas con Experiencia en Pobreza de EAPN-CLM seguimos detectando en esta prestación los mismos problemas y algunos añadidos que detallamos a continuación:

• El tiempo de tramitación sigue siendo excesivo, un mínimo de 90 días en resolver, llegando a los 180 días habitualmente y dejando a la intemperie personas y familias...

• Los formularios siguen teniendo un léxico complejo, requiriendo datos que la ciudadanía suele desconocer.

• La Seguridad Social sigue sin dar citas presenciales.

• Las entidades sociales siguen saturadas con la tramitación del IMV.

Además, la novedad que el IMV trae para 2023 son los llamados “ingresos indebidos”. Os preguntareis qué es esto, pues resulta que el IMV funciona con relación a la declaración de la Renta, es decir, la prestación que se cobra este año toma los datos de los ingresos declarados en la renta 2021.

Es por ello por lo que a muchas personas perceptoras de IMV les está llegando una carta en las que la Seguridad Social les informa que tienen una deuda con la Seguridad Social, ya que al verificar los ingresos de rentas de trabajo y ganancias patrimoniales (bono térmico, ayuda de 200€ de hacienda etc.) se pasaban del límite estipulado según la renta familiar.

Están llegando personas perceptoras del IMV con notificaciones de ingresos indebidos por un valor medio de 3000€. Como no puede ser de otra manera, esta devolución afecta mayormente a personas en situación de pobreza, y aunque se pueda llegar a pensar, que al haber habido exceso de ingreso se debería devolver, la realidad es que son personas con empleos precarios o que, debido a su situación, viven al día y tendrán gran dificultad en devolverlo, si lo tienen que hacer de una sola vez.

La prestación IMV debería evolucionar para no causar efectos perniciosos sobre la ciudadanía a la que pretende ayudar, muy frágil tras las crisis que viene soportando en los últimos años:

• La prestación IMV debe paralizarse en tanto dura la actividad laboral, ajustando cuantías para fomentar la activación para el empleo, tal y como ya se hace con los subsidios por desempleo.

• Avanzar en un formulario en formato de lectura fácil y sin solicitar datos de nivel de renta y patrimonio ya que la administración cuenta con ellos.

• Incrementar el personal en la Seguridad Social para que las resoluciones sean agiles.

• Campañas publicitarias sobre el IMV en centros sociales, centros de salud, SEPES etc

• Eliminar el silencio administrativo y dar una respuesta tanto si es positiva como negativa para mitigar la ansiedad de la ciudadanía solicitante.

Sin duda, aplaudimos la puesta en marcha del IMV, prestación reivindicada por EAPN desde hace años, pero esta prestación, que debe ser complementada por las rentas regionales como el desaparecido IMS, aún tiene margen de mejora para ser realmente una prestación segura y motivadora para las personas más vulnerables.