Las reivindicaciones agrarias: protagonistas en las Elecciones al Parlamento Europeo 2024

Durante el mes de febrero, hemos vivido un estallido agrícola contra las políticas nacionales y europeas en la materia. Los controles que se imponen a los productos que compramos a terceros países, la crisis que atraviesa actualmente el sector, las brechas entre el precio de origen y el de destino (lo que se paga al agricultor y lo que paga el consumidor), la burocracia europea y las propias exigencias que comporta el cumplimiento de la normativa europea hacen, en opinión de muchos agricultores, inaccesible e insostenible la vida en el sector primario.

En este sentido, según el Observatorio de precios ASAJA, el precio de origen de un albaricoque oscila entre 0,60 y 0,80€ el kilogramo, frente a los 3,25-3,90€ el kilo que paga el consumidor en destino.

Otras de las reivindicaciones agrarias van en el sentido de la subida de los costes de producción, que reduce más aún sus márgenes de rentabilidad, la simplificación y flexibilidad de la PAC o las cuestiones relativas al ámbito laboral y de Seguridad Social.

La competencia desleal por parte de terceros países, como Marruecos, presiona a los productos de la Unión Europea, por sus bajos costes y el cumplimiento de la normativa fitosanitaria y de bienestar animal. La batalla alimentaria está más encendida que nunca, donde nos trascienden noticias a diario sobre la calidad de productos de nuestros competidores: hace poco pudimos leer sobre la “Presencia de Hepatitis A en fresas de Marruecos”– de hecho, no implica peligro para la seguridad del consumidor, pero aviva la importancia del qué comemos.

La Política Agraria Común es el principal pilar que sostiene la vida agrícola en la Unión y sobre el que se vertebra uno de los ejes presupuestarios a nivel comunitario: 386 700 millones de euros, “que contribuye a estabilizar los ingresos de los agricultores europeos, recompensando al mismo tiempo sus esfuerzos en materia de clima y sostenibilidad”, en palabras de la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen. Representa el 31 % del presupuesto total de la UE para el período 2021-2027.

La política agrícola de la UE abarca una amplia gama de ámbitos, incluida la calidad de los alimentos, la trazabilidad, el comercio y la promoción de los productos agrícolas de la UE. La UE, gracias a su variado clima, sus suelos fértiles, las capacidades técnicas de sus agricultores y la calidad de sus productos, es uno de los principales productores y exportadores mundiales de productos agrícolas. La reforma de la PAC, adoptada el año pasado, busca “garantizar un futuro sostenible para los agricultores europeos, ofrecer ayudas más específicas a las explotaciones más pequeñas y permitir una mayor flexibilidad a los Estados miembros de la UE para adaptar las medidas a las condiciones locales”.

Las Elecciones al Parlamento Europeo se acercan: el 9 de junio tenemos una cita con las urnas, y las políticas en materia de medio ambiente y agrícolas de la Unión Europea están en boca de todos actualmente.

Las reacciones por parte de la Unión Europea han sido inmediatas:

En este sentido, para recibir la ayuda de la PAC a la que tienen derecho, los agricultores deben respetar un conjunto mejorado de nueve normas beneficiosas para el medio ambiente y el clima. Este principio de condicionalidad se aplica a casi el 90 % de la superficie agrícola utilizada en la UE y desempeña un papel importante en la integración de prácticas agrícolas sostenibles. La Comisión ha ofrecido la posibilidad de que todos los agricultores de la UE queden exentos de este requisito y sigan pudiendo optar, con todo, a sus pagos directos básicos de la PAC. En lugar de mantener las tierras en barbecho o improductivas en el 4 % de sus tierras de cultivo, se considerará que cumplen el requisito los agricultores de la UE que cultiven plantas fijadoras de nitrógeno (por ejemplo, lentejas, guisantes o habas) o cultivos intermedios en el 7 % de sus tierras de cultivo. Los cultivos deben cultivarse sin productos fitosanitarios para mantener los objetivos de la PAC en materia de medio ambiente.

La Comisión ha abierto una encuesta en línea, dirigida a los agricultores, orientada hacia la mejora de la simplificación de normas y procedimientos, que estará en marcha hasta el 8 de abril, de cara a entender las principales preocupaciones del sector. Se compromete, además, a publicar los resultados preliminares a mediados de abril.  

En este sentido, opinamos que la Unión Europea, más que sobre los ingresos actuales que, de acuerdo a las estadísticas que maneja EUROSTAT, presentan unas situaciones diferentes entre los diferentes Estados miembros, debe actuar escuchando a los agricultores sobre los ingresos futuros, los precios, ingresos y la situación climática para este 2024, además de las tensiones geopolíticas, marcadas por la situación de Israel y las políticas comerciales, principalmente, con el cereal ucraniano, que está desencadenando graves protestas y situaciones complejas en Polonia o España. Además, la negociación de acuerdos con el Mercosur o una regulación ambiental más estricta, puede marcar la agenda política agrícola con carácter inmediato y comprometer o hacer dudar al mundo agrícola sobre el nivel de ingresos que puedan registrar en un futuro.

Asimismo, las pérdidas de rendimiento de las explotaciones agrícolas, debido a situaciones climáticas extremas, como la sequía que azota gran parte de España, puede también determinar qué condiciones financieras específicas deban ser aprobadas en el marco de cada Estado miembro. También se ha de prestar atención a que el campo europeo es quien nutre y sostiene políticas ya en marcha como “De la granja a la mesa” o el propio Pacto Verde.

Existe, además, otro factor relevante: cada vez hay menos agricultores en la Unión Europea, y la reducción del número de explotaciones puede conllevar cambios en las regiones rurales de nuestra Unión. Más allá del tratamiento de los precios de las importaciones y del cumplimiento de las condiciones fitosanitarias, nos tendremos que referir al crecimiento de la productividad laboral en el sector no agrícola.