Plataforma de Dependencia: “Echániz sigue en la Consejería de Bienestar Social”

Nuevas y duras críticas de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha contra la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, tras los datos aportados sobre prestaciones a dependientes. Este colectivo considera que es “absolutamente incierto” que haya resultados oficiales por parte del IMSERSO del mes abril y que la consejera lleva varios meses repitiendo una actuación “propia de trileros o de quienes tienen algo que ocultar o justificar”. “Ni siquiera su antecesor en el cargo, José Ignacio Echániz, se atrevió a hacer nada parecido”, recalca, apuntando irónicamente que el exconsejero “sigue en la Consejería”.

Por ello, desde esta plataforma afirman que los datos aportados desde la Junta no tienen “sustento oficial alguno”, además de “retorcer unos números que no la dejan en buen lugar”. Considera que “mezcla datos y conceptos con un desconocimiento impropio del conocimiento que se le supone por su cargo”, mezclando lo que ella llama “limbo de la dependencia” que son las personas que han sido reconocidas con algún grado de dependencia y por tanto tienen derecho a ser atendidos y no lo son, con los expedientes en los cajones, que son las personas que “aun ni han sido valoradas”.

Recuerdan desde este colectivo que fue promesa de Emiliano García-Page resolver estos expedientes en un año, pero que el Gobierno “no ha sido capaz de rebajarlo ni siquiera en un caso”. “Los expedientes que hay en los amplios y desocupados pasillos de la Consejería de Bienestar Social son exactamente los mismos que había a fecha 31 de mayo de 2015: 4.858 dependientes que esperan ser valorados”, recalca.

Desde la Plataforma de Dependencia exigen a la consejera y al presidente regional transparencia con los dependientes y “veracidad en las informaciones que se den”, frente a “artimañas para atornillarse al sillón”.

Destacan por último que “hay límites que la moral y la ética deberían impedir cruzar” y concluye subrayando que tras dos años de Gobierno, los dependientes castellano-manchegos “siguen siendo valorados con el decreto de Cospedal” y que más de 500 han fallecido esperando a recibir la prestación que por ley tenían derecho.