La Plataforma contra la Privatización sigue alzando la voz

Desde el 26 de Marzo, día en el que se anunció la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que paralizó el expediente de contratación de la empresa Aqualia-Transia, las reacciones por parte del Ayuntamiento y del movimiento ciudadano por la mantención de las aguas en gestión pública no ha cesado. La Plataforma en Contra de la Privatización de las Aguas de Alcázar se ha enfrentado ante las reacciones del Gobierno Municipal, a través de su portavoz, Ángel Puente, quien declaró que la paralización de este proceso “no es un logro de la oposición”, apuntando a que la paralización del proceso se resolvería en los cinco días hábiles y se continuaría con la adjudicación de forma normal. En rueda de prensa, el concejal indicó también que “La Consulta ha sido la montaña que parió un ratón”, así como que el proceso “acabó en unas cifras de auténtico fracaso”, haciendo alusión a las 11.000 firmas recogidas desde que se comunicó el proceso de gestión mixta de las aguas, que descendieron a las más de 7.000 durante los días de Consulta Ciudadana. El portavoz acusó también a la Plataforma de haber utilizado medios fraudulentos en la recogida de firmas, así como de entregar cifras falsas, manteniendo que realmente sólo un 10% de los votos manifestaba que quería mantener una gestión pública de las aguas.

En la Asamblea que realiza la Plataforma los lunes, se ha aclarado que es necesario llevar escritos por parte delos ciudadanos a diferentes Parlamentos e Instituciones, así como a la empresa Aqualia, y, también, de vigilancia, llevando el control de los procesos jurídicos y del proceso de la adjudicación de las aguas, así como del funcionamiento dela Unión Temporal de Empresas. Dentro de colectivo se crearon comisiones para llevar a cabo estas acciones. La Plataforma ha solicitado también la dimisión del portavoz de Gobierno Municipal, Ángel Puente, de la encargada municipal de Prensa, Concepción Lobo y del concejal de Ciudadanos por Alcázar, Ángel Montealegre, basándose en las actuaciones llevadas a cabo por la Administración Municipal durante el encierro, que se llevó a cabo como respuesta ante el anuncio de la concesión de las aguas a gestión mixta, y en la presunta manipulación que hicieron los responsables de la televisión local.

Plantean así que se investigue también de dónde procedieron las órdenes de blindar las salidas de emergencia con bridas, y la prohibición de entregar bebidas y alimentos a las personas encerradas en el Ayuntamiento, ya que consideran que van contra unos principios constitucionales, como la integridad física y moral de los seres humanos, que no pueden ser sometidos a tratos degradantes, así como el derecho a una reunión pacífica, a expresarse libremente, y a recibir libremente información veraz, a través de cualquier medio de difusión.