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¿Cómo repartirá Castilla-La Mancha su presupuesto de 2021 para hacer frente a la crisis social por la pandemia?

En Aragón, tres de cada cuatro familias monoparentales están encabezadas por una mujer

Alicia Avilés Pozo

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La pandemia de coronavirus ha traído consigo una crisis social derivada de los progresivos cierres de actividades económicas y del empobrecimiento de los sectores de población más vulnerables. La gestión de los servicios sociales, transferida en casi su totalidad a las comunidades autónomas, se erige ahora como un reto al que hacer frente y, en este sentido, el Gobierno de Castilla-La Mancha explica en su proyecto de Presupuestos regionales e 2021 que la mayor parte de fondos públicos deben ir destinados a proporcionar un nivel de vida digno para todos los ciudadanos castellanomanchegos.

Esta política de gasto, que tiene un importante valor instrumental de cara a combatir el impacto de la actual crisis en sus aspectos sociales, está dotada con 881,1 millones de euros, experimentando un incremento del 11,7% con respecto al ejercicio anterior y representando el 7,3% del total de dotaciones financieras contenidas en los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021.

La realización de las actividades de prestación de servicios sociales por la Administración requiere de un “importante equipo humano debidamente cualificado”, afirma el Gobierno regional en el informe económico-financiero que acompaña a las cuentas públicas del año que viene. Así, los recursos destinados a gastos de funcionamiento ascienden a 427,2 millones de euros. Concretamente, los gastos en bienes corrientes y servicios concentran recursos por importe de 284,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,5% con respecto al ejercicio precedente y un peso específico del 32,3% sobre el total recursos de esta política de gasto. Mientras, los gastos de personal tienen una asignación de 142,5 millones de euros, un 4,9% mayor que el ejercicio anterior.

Transferencias para agentes y organizaciones sociales

El apartado de transferencias corrientes, referido al dinero que la Administración regional aporta para la prestación de los servicios sociales por parte de agentes y organizaciones sociales, es el más importante por volumen de recursos asignados, con una dotación presupuestaria de 389,2 millones de euros, lo que significa el 44,2% de los recursos totales asignados esta política de gasto y un crecimiento con respecto al ejercicio anterior del 4%.

Asimismo, las dotaciones para inversiones directas y a través de transferencias de capital experimentan crecimientos en ambos casos con respecto a 2020 del 493% y 1.011% hasta alcanzar 33 y 31,2 millones de euros, respectivamente. Estas partidas se destinan a actuaciones, fundamentalmente, en los centros de atención a personas con discapacidad, los centros de atención a personas mayores, y los centros de atención y acompañamiento al menor.

Desde el punto de vista de la asignación de recursos a los diferentes programas que componen esta política de gasto, el programa Atención a las Personas Mayores registra un importe crecimiento de un 21,% con respecto al ejercicio pasado, hasta alcanzar una dotación de 362 millones de euros, lo que significa el 41,1% de las dotaciones financieras contempladas en esta política de gasto. Dentro de este programa cabe mencionar el Acuerdo Marco Residencial con el objetivo de financiar 5.261 plazas residenciales, 418 plazas de centro de día y 77.973 días de estancia temporal para mayores, una circunstancia esencial en la pandemia de COVID-19.

Por otra parte, Atención a la Dependencia, el segundo programa en términos de volumen de recursos, crece un 5,4%, ascendiendo el gasto a 151,9 millones de euros, el 17,2% del total del presupuesto de esta política de gasto. Con la prórroga del Plan de Mejora del Sistema de Dependencia de Castilla-la Mancha se pretende avanzar en la atención integral de las personas en situación de dependencia y sus familias.

Con unos recursos financieros que ascienden a 81,7 millones de euros, el 9,3% del total de recursos, los Programas Sociales Básicos se dirigen al fortalecimiento de la red de servicios sociales de atención primaria, con medios propios o mediante distintos convenios de colaboración con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales.

Prestaciones asistenciales, menores y mujer

Desde el programa de Pensiones y Prestaciones Asistenciales, dotado con 47 millones de euros, se gestiona un catálogo de prestaciones con un denominador común, dar protección a los sectores de población más vulnerables favoreciendo su inserción social y laboral, como son, entre otras, el Ingreso Mínimo de Solidaridad y las Ayudas de Emergencia Social. En el proyecto de presupuestos se menciona el IMS aunque actualmente está parcialmente derogado por la aplicación del Ingreso Mínimo Vital, de carácter estatal. La previsión es que la Junta apruebe el año que viene un decreto de reordenación de prestaciones sociales.

El programa Atención y Acompañamiento al Menor contempla ayudas económicas para actuaciones que tienen como objeto lograr la plena integración y el desarrollo adecuado de los menores y jóvenes que se han visto envueltos en situaciones de desprotección o conflicto. Para 2021, el presupuesto de este programa asciende a 41,4 millones de euros y experimenta un crecimiento del 3,51% con relación al presupuesto anterior.

Finalmente, el Instituto de la Mujer gestiona el programa Promoción de la Igualdad de Género, que, con una dotación de 29,3 millones de euros, crece un 22,7% con la finalidad de proseguir avanzando en la atención integral a las víctimas de violencia de género y fomentar la realización de acciones positivas y programas que contribuyan al avance de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

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