“La sentencia de Cerdanyola crea jurisprudencia para vecinos enfermos por exposición al amianto”

Una sentencia judicial condena, por primera vez, a la empresa Uralita a indemnizar con dos millones de euros a 39 personas expuestas al amianto. Lo novedoso es que deberá pagar a vecinos o familiares -en su mayoría mujeres- , y no sólo a los trabajadores de la fábrica.

La sentencia, que aún no es firme, considera que el amianto de la fábrica de Uralita, que funcionó hasta 1997 en Cerdanyola del Vallés (Barcelona) está directamente vinculado con los mesoteliomas, un tipo de cáncer de pulmón, asbestosis o placas pleurales que sufrieron.

En Toledo, el portavoz de la Plataforma Mi Barrio Sin Amianto, Rafael García, cree que esta sentencia “servirá para que se visualice una problemática que es muy parecida a la nuestra” pero con una salvedad. La fábrica catalana funcionó desde 1907. Lo hizo durante 90 años. “Allí ya se pueden ver los resultados de la exposición al amianto. En el Polígono, el amianto, vamos a decirlo así, aún es joven porque su periodo de latencia hasta desarrollar la enfermedad está entre los 20 y los 40 años. Y lo que vemos allí, nos puede ocurrir aquí”.

“Sabemos que en Cerdanyola se diagnostica un enfermo por semana por su exposición al amianto y el 20% son vecinos, no trabajadores”, comenta Rafael García. En su opinión, la sentencia creará jurisprudencia “de cara a futuros enfermos por haber estado expuestos por vecindad porque podrán tener opciones de acudir a la vía judicial”.

Pese a lo “positivo” de la sentencia, Rafael García apunta que el problema de las enfermedades derivadas del amianto es que “están infra diagnosticadas y mucha gente se va a morir sin ser consciente de que el culpable es el amianto”. En el caso de Toledo, “todavía es peor” porque “hemos estado expuestos a la materia prima sin encapsular que está tirada a cascoporro por todo el barrio”.

Y es que la desaparecida Ibertubo, origen de los residuos de amianto en el toledano barrio del polígono, cerró en 2002, el mismo en el que se prohibió su utilización en España, pero no fue desmantelada en su totalidad hasta el año 2005. Había funcionado desde 1975. Pero sus restos no desaparecieron del todo. No se encapsularon sino que fueron esparcidos en distintas parcelas del barrio, algunas a apenas 300 metros de zonas habitadas. Hoy 90.000 toneladas de fibrocemento permanecen en este barrio de más de 20.000 habitantes.

Piden protocolos sanitarios para detectar posibles casos

“Teniendo en cuenta que no existen protocolos sanitarios para detectar las enfermedades que se confunden fácilmente con otros tipos de cánceres de pulmón, los vecinos estaremos infra diagnosticados y eso nos genera indefensión”, lamenta el portavoz del colectivo ciudadano. Recuerda que la plataforma ha solicitado, hasta en tres ocasiones, una reunión con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, sin respuesta hasta la fecha. “No tenemos ni la cobertura legal que pueda tener un trabajador al sufrir una enfermedad laboral. Y el consejero no nos escucha. No vamos contra nadie, se trata de prevenir”.

Su petición es clara ante una sentencia que, dice, “nos arma de razones” y por eso los vecinos instan al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) a que los centros de salud más cercanos a los depósitos de amianto (actualmente el centro de salud en el barrio y en unos años el nuevo complejo hospitalario de Toledo que se construye en esta zona de la ciudad) dispongan de protocolos “para que los profesionales puedan detectar vinculación o no con la exposición al amianto en aquellas personas que lleguen con problemas pulmonares”.

Lamenta que pese a que la propia Fiscalía de Medio Ambiente advertía en un oficio en 2016 de la “peligrosidad” de los residuos en este barrio toledano “no se nos está mirando, ni se va a mirar y creemos que se debe actuar de forma precoz ¿Por qué si nosotros estamos respirando fibras de amianto no tenemos derecho a ese seguimiento? Que al menos tu médico de cabecera lo tenga en el expediente”.

Preguntada por esta cuestión, la Consejería de Sanidad castellano-manchega ha declinado hacer declaraciones “hasta disponer de más información”.