Una sentencia avala por primera vez la responsabilidad de las eléctricas en electrocución de aves
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha emitido una sentencia que, por primera vez, corrobora la responsabilidad de las compañías eléctricas frente a los daños que ocasionan los tendidos a las aves. Asimismo, deja clara la obligación de adoptar medidas de corrección de aquellas instalaciones que causen electrocuciones a la fauna.
Esta resolución judicial, a la que ha tenido acceso eldiarioclm.es, la ha dado a conocer SEO/BirdLife, afirmando que se trata de un “paso decisivo” para que estas compañías asuman su responsabilidad a la hora de controlar “una amenaza que ocasiona la muerte a 33.000 rapaces cada año en España como mínimo”. La sentencia enjuicia el caso de electrocución por la que resultó gravemente herida en Albacete un águila imperial ibérica, especie en peligro de extinción.
Concretamente, el tribunal castellano-manchego ratifica una sanción a Ibedrola, titular del tendido, por una infracción muy grave de 100.001 euros y establece el pago de una indemnización por importe de 42.920 euros por la electrocución del ave protegida. La sentencia resuelve la sanción que impuso en julio de 2016 la Junta de Castilla-La Mancha por la lesión grave de un águila imperial ibérica al electrocutarse en un tendido situado en el término municipal de La Herrera (Albacete). La línea se ubica en una Zona de Protección de la Avifauna, y por tanto dentro de un espacio protegido a nivel regional.
“La sentencia es relevante por su novedad, dado que se trata del primer fallo judicial que avala una sanción a una empresa por la electrocución de una especie protegida ocasionada por el daño producido al no subsanar los problemas del tendido. De esta manera, el tribunal confirma la responsabilidad de las eléctricas sobre las posibles afecciones que sus tendidos puedan ocasionar a las aves y, además, incluye la obligación de corregirlos”, explica el responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife, David de la Bodega.
También añade que la resolución abre la puerta a nuevas peticiones de responsabilidad a las compañías, independientemente de si hay fondos públicos o no, para corregir los tendidos. Este extremo, subrayan desde la ONG, es especialmente importante puesto que, hasta la fecha, el argumento de la mayor parte de las compañías eléctricas para retrasar la corrección de tendidos eléctricos se basa en que las administraciones competentes no han aportado financiación para cubrir, de forma completa, el coste de la corrección de los tendidos. “En tanto que los fondos públicos no lleguen, las eléctricas consideran que no están obligadas a realizar correcciones”.
Tanto SEO/BirdLife como la Plataforma SOS-Tendidos y la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente vienen sosteniendo la invalidez de este argumento de las eléctricas. Se remiten a la ley 26/2007 que exige a los operadores económicos “aplicar medidas de prevención y evitación de los daños ambientales”.
Obligaciones previstas por la ley
Ahora, el tribunal castellano-manchego opta por el argumento esgrimido por la Fiscalía y las ONG. En su fallo, afirma que la compañía propietaria del tendido tenía la obligación de presentar un proyecto de adaptación de las líneas eléctricas y que no lo hizo en el momento de la electrocución del águila imperial. Al no presentar dicho proyecto de adaptación, la empresa adjudicataria incurrió en la “omisión negligente de una obligación prevista en la ley”. Por ello, la considera responsable de la infracción, una vez acreditado que el deterioro del águila imperial se produjo “como consecuencia de no haberse modificado el punto de apoyo, conforme a las exigencias indicadas e impuestas normativamente”.
Además, la sentencia ha coincidido en el tiempo con la incoación de expedientes de responsabilidad ambiental a diferentes empresas por parte de la Generalitat Valenciana por mantener líneas eléctricas de media tensión eléctrica, sin adopción de medidas para prevenir y evitar la colisión y electrocución de las aves. A raíz de su apertura están llegando a acuerdos con las empresas para corregir los tendidos.
Según un reciente informe del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), en España mueren al menos 33.000 rapaces al año por esta causa. Unas cifras que para Nicolás López, responsable del Programa de Especies Amenazadas de SEO/BirdLife son inferiores a la realidad: “Aporta cifras muy inferiores a lo que puede ser una aproximación más realista de la magnitud del problema ya que solo analiza la mortalidad de las rapaces sin tener en cuenta otros grupo de aves y no cuenta con datos de todas las comunidades autónomas”, explica.
Se da la circunstancia de que en Castilla-La Mancha, el pasado mes de julio la Consejería de Medio Ambiente firmó un convenio con Iberdrola por el que la compañía se comprometió a arreglar y adecuar de forma inmediata los puntos del tendido eléctrico (denominados técnicamente 'apoyos') donde se produzcan mayores episodios de electrocución de avifauna y los tendidos donde exista un registro histórico de electrocuciones. “Una buena tarea que vamos a realizar en los próximos tres años para la protección de aves en peligro de extinción”, principalmente águila imperial, señaló entonces el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo.
El acuerdo supone una inversión por parte de la empresa de 500.000 euros al año mientras que el Gobierno de Castilla-La Mancha se encargará de comunicar a la empresa los apoyos a arreglar. Para alcanzar este acuerdo, que permite cumplir los objetivos del Plan de Conservación del Medio Natural en la región, en lo que respecta a la protección de las 230 especies de avifauna presentes en la región, ha sido fundamental la colaboración de la Sociedad Albaceteña de Ornitología (SAO),
Por su parte, el delegado territorial de Iberdrola en Castilla-La Mancha, Venancio Rubio, confirmó que en total hay 45.000 apoyos en la región, de los cuales se han priorizado 6.000 -en los que se han detectado más problemas-. Para ello, la empresa calcula que ejecutará en los próximos tres años 2.500 apoyos, la mayoría en torno a 1.000 en la provincia de Albacete, con el apoyo de la SAO. Y también ha destacado que en la provincia de Toledo, con la colaboración de Ecologistas en Acción se han arreglado 20 apoyos en Las Barrancas.
