Los agentes medioambientales lamentan la “irresponsabilidad” de la consejera de Desarrollo Sostenible

“Estupor” por parte de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha ante las declaraciones realizadas por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que respondía al cuerpo que “si realmente tienen casos concretos en los que se esté eludiendo la responsabilidad de los mismos les rogaría que me lo dijesen (…) y si realmente ven que hay una negligencia que lo demostrasen en los tribunales”. Así lo señaló la responsable política tras una reunión mantenida con la asociación y el Gobierno regional, en concreto con el viceconsejero de Desarrollo Sostenible, José Almodóvar, en la que le trasladaron su preocupación por distintos temas que afectan al colectivo en la región.

Entre otros problemas, señalaron que algunos expedientes, incluidos atestados por presuntos delitos formulados por los agentes medioambientales en el ejercicio de sus funciones y dirigidos a los órganos judiciales, “pudieran no estar llegando a su destino”. Esto ocurre, explican, porque existe una instrucción interna que “obliga” a los agentes a pasar por una “supuesta estructura de mando” donde se valora cada expediente y les impide acudir directamente a los juzgados salvo “delito flagrante”. “Esa estructura no está funcionando adecuadamente, a juicio de muchos agentes medioambientales”, afirman.

La asociación aclara que ya se comunicó esta situación en el año 2019 a la Fiscalía General del Estado a través del fiscal de Sala de Medioambiente y Urbanismo esta problemática, lo que motivó la apertura de un expediente gubernativo por parte de dicho órgano. Y relatan cómo la Fiscalía “desacredita” los argumentos que esgrime la administración para no tramitar en los órganos judiciales, ciertos casos concretos por presuntos delitos de incendio forestal y electrocución de especies en peligro de extinción remitidos, a través de atestados, por los Agentes Medioambientales vía los órganos administrativos a los que pertenecen y se la insta a remitirlos.

“Pasado un tiempo, creemos que esta situación aún no se ha solventado y por eso instamos a la Consejera a que deje atrás su actitud ”irresponsable“ y que elimine de una vez por todas la instrucción que impide a los Agentes Medioambientales cumplir, de forma plena, con sus funciones de Policía Medioambiental, y que ponga orden dentro de su Consejería para que se cumpla de forma plena con la Ley y los requerimientos de los órganos judiciales”, recalcan.

Todo esto además pone en “una encrucijada legal” a los agentes que se ven entre la tesitura legal de cumplir con las instrucciones internas o la Ley de Enjuiciamiento Criminal que les habilita para la persecución, averiguación de delitos y poner los mismos a disposición del juez o el fiscal.

Ecologistas recibe con “sorpresa” la declaración de la consejera

Ecologistas en Acción ha mostrado su “sorpresa” ante las declaraciones de la consejera de Desarrollo Sostenible ante las críticas de los agentes medioambientales. “Hay múltiples ejemplos (especialmente en los últimos años) de asuntos que han sido paralizados por la consejería de la que es titular”, resaltan desde la organización. Recuerdan igual que “desde hace años” han mostrado su preocupación por las dificultades que se ponen desde la Junta a que los agentes medioambientales cumplan con las funciones que tiene encomendadas y que dan como resultado la impunidad de los delincuentes ambientales. Y que en conjunto responden a una deriva economicista del Gobierno Regional muy preocupante.

De este modo, señalan diversos casos que “ilustran la inacción” de la administración regional. Por un lado, la “destrucción” en Yeles (Toledo) de parte de “la mayor población castellanomanchega” de una planta en peligro de extinción. Las denuncias las iniciaron los agentes medioambientales y posteriormente Ecologistas en Acción también actuó, “pero no fueron tramitadas desde la dirección de la Consejería de Desarrollo Sostenible a los tribunales, a pesar de la gravedad de los hechos que podrían ser tipificados como delitos contra los recursos naturales”, afirman.

También se refieren a un caso en la Cañada del Mostajo, que se llevó a la Fiscalía por “corta abusiva” y “destrucción de hábitats protegidos”. “Pero el entonces Delegado de Desarrollo Sostenible, Rodrigo Molina así como el anterior director de Medio Natural y Biodiversidad Félix Romero negaron los hechos y se pusieron del lado de los investigados”, señalan desde la organización, que se ha personado y que “conoce todas las diligencias realizadas”.

Es por estos casos que instan a que se elimine dicha instrucción y se permita así a los Agentes Medioambientales “cumplir de forma plena con sus funciones de Policía Medioambiental y que ponga orden dentro de su Consejería para que se cumpla de forma plena con la Ley y los requerimientos de los órganos judiciales”. También instan a la consejera a que “incline más la balanza de sus preocupaciones hacia proteger el medio ambiente”.