Ciudadanos da cuatro años más al Partido Popular en Castilla y León
Después de 32 años ininterrumpidos del Partido Popular al frente de la Junta de Castilla y León, Ciudadanos va a posibilitar que sean cuatro más. El pacto de gobierno que han firmado este martes el futuro presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y Francisco Igea, mantiene en el poder de una institución que gestiona un presupuesto de 9.000 millones a un partido cercado por los casos de corrupción.
La regeneración predicada ante convencidos por el líder regional de Ciudadanos se convierte así en una restauración. Se va Juan Vicente Herrera, pero llega Fernández Mañueco, un hombre de partido que acumula cargos desde principios de siglo. Le acompañan los mismos que formaron parte de la era Herrera. No todos, pero sí la mayoría. La investidura se prevé a lo largo de próxima semana.
El reparto de cargos entre los dos socios aparentemente es bueno para las partes. Ciudadanos logra la Vicepresidencia de la Junta, la Portavocía del Gobierno y cuatro consejerías: Transparencia y Regeneración Democrática; Sanidad; Industria y Empleo; y Cultura y Turismo. El PP tendrá la consejería de Presidencia y otras cinco: Economía y Hacienda; Educación; Familia e Igualdad de Oportunidades; Fomento y Medio Ambiente; y Agricultura y Ganadería.
En el Ejecutivo que ambos partidos insisten en llamar “conjunto” los nombramientos serán los que cada uno quiera. Sin posibilidad de veto. De esta manera tumban una de las muchas exigencias de Igea, los vetos sobre personas que han saltado de consejería en consejería o sobre parlamentarios relacionados con tramas de corrupción.
El socio de Gobierno de Ciudadanos tiene varios casos en los juzgados: la Fiscalía Anticorrupción sigue investigando la Trama Eólica en la que ex altos cargos presuntamente se hicieron con 80 millones de euros en comisiones con la venta de sus sociedades eólicas a las grandes eléctricas.
También se encarga Anticorrupción del caso Enredadera, en el que el empresario de la construcción y los medios de comunicación, José Luis Ulibarri –entre ellos el 50% de Televisión Castilla y León, soportada con un mínimo de 18 millones de ayuda directa de la Junta– presuntamente extorsionaba a políticos para amañar concursos públicos. Otro objetivo de Igea era acabar con las ayudas directas a esta empresa, formada por el burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, condenado por el 'caso de la construcción' y por Ulibarri, que además de estar imputado en Enredadera está acusado en el 'caso Gürtel'.
Ese planteamiento se ha quedado en intención. En las 100 medidas que acata el PP, su cerco a la corrupción y al clientelismo se deshace entre peros y excepciones. El partido de Mañueco asume que no se podrá subvencionar a ningún empresario condenado por corrupción. Pero añade que la condena deberá ser firme. No sólo eso, las subvenciones y ayudas directas deberán mantenerse si peligran empleos o la viabilidad de la empresa, algo más que probable en una corporación que nació con la prebenda de que la Junta la subvencionaría.
Otro de los grandes casos de corrupción es el de Perla Negra, un edificio de la consejería de Economía con un sobrecoste millonario en el que no falta un solo ingrediente: desde una licitación amañada, según el escrito de Fiscalía, a unos empresarios con los que la Junta igual construía un edificio mastodóntico que alquilaba una sede en Bruselas escondida en una sociedad belga. En Perla Negra aparece también el estudio de arquitectos que reformó con dinero negro la sede del PP en la calle Génova, Unifica Servicios Integrales. La Junta le adjudicó a dedo la división interna del edificio. No consta un sólo expediente, pero le pagó 4,4 millones de euros.
La sintonía entre Ciudadanos y el Partido Popular es escasa. En la firma del acuerdo no se permitieron preguntas y se colocó a los medios de comunicación al fondo de la sala y detrás de un cordón. Luego, Igea convocó a la prensa en un pasillo del Parlamento. Quería hacer algunas precisiones. Una de ellas es que asumirá la nueva consejería de Transparencia y Regeneración con una Oficina de Lucha Contra la Corrupción, además de la Portavocía y la Vicepresidencia. Será Igea quien tenga que contestar, por tanto, sobre asuntos de corrupción que afecten a su socio de gobierno y a quien su propio partido denunció días antes de alcanzar un preacuerdo.
La Fiscalía Anticorrupción tiene en su poder el escrito, firmado también por los demás grupos en la oposición, sobre la presunta prevaricación y malversación en el Hospital de Burgos. ¿Ha dudado sobre el acuerdo de gobierno?, le preguntaron tras la firma. “Soy un hombre lleno de dudas”, contestó.
