La Fiscalía del TSJ de Castilla y León analizará la denuncia de Igea contra el vicepresidente Gallardo por el uso “inadecuado” de medios de la Junta

La denuncia que Ciudadanos presentó en junio ante la Fiscalía provincial de Valladolid contra el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo por el uso “inadecuado” de los logos de Vox y de la Junta en un vídeo publicado en su cuenta personal de Twitter pasa a la Fiscalía Superior de Castilla y León. Así lo ha trasladado el procurador 'naranja' de Cs, Francisco Igea en un mensaje en su cuenta de Twitter quién ha considerado este hecho como una “buenas noticia”.

Según ha explicado el propio partido liberal, la Fiscalía provincial de Valladolid remite la denuncia “en razón del fuero”, y alega que el Ministerio Fiscal tiene competencia para llevar a cabo la necesaria actividad de investigación para determinar la relevancia penal de los hechos denunciados, y determinar si existe algún elemento o principio de prueba en concreto que permita proseguir con las diligencias de investigación.

La denuncia, que se presentó el pasado 8 de junio de 2022, se refiere a la publicación en la cuenta de Twitter del vicepresidente de la Junta de Castilla y León de un video donde se recoge su intervención en la toma de posesión de un cargo oficial del ejecutivo autonómico y concluye con la imagen corporativa de la Junta de Castilla y León.

Ciudadanos defiende que este hecho supone una transcendencia por dos motivos: “La utilización de una institución pública y de actividades institucionales con una finalidad partidista” y, además “se refiere a la posible utilización ilegal de los medios públicos”.

Como expuso Igea en el escrito, “los hechos denunciados podrían constituir una infracción penal, en concreto, del delito de malversación del artículo 432 CP, en relación con el artículo 252 CP”.

En el momento de presentar la denuncia,  Igea acusó a su sucesor en el cargo de estar mostrando “los primeros signos de autoritarismo” al confundir la “administración, con el gobierno y con el partido” y justificaba esta decisión de ir a la Justicia como la forma de “intentar poner fin y límites a lo que está sucediendo en esta comunidad desde la llegada de los consejeros de Vox al Gobierno”.