Castilla y León y Madrid quieren evitar el cierre de una estación de esquí declarándola Bien de Interés Cultural

Castilla y León y Madrid intentarán declarar la estación de esquí de Navacerrada Bien de Interés Cultural (BIC) para evitar el cierre de la estación después de que el Gobierno de España solicitara desmantelar tres pistas de esquí por su impacto ambiental, situación ante la que la empresa concesionaria prefiere cerrar porque sostiene que no le sale rentable. Las bajadas afectadas son el Telégrafo, el Escaparate y el Bosque, que discurren por zonas de especial protección y lindan con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, y su concesión de 25 años ha expirado, por lo que Parques Nacionales recuperará los terrenos. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comunicado este plan en una rueda de prensa de ambos presidentes autonómicos, que han acudido a Cercedilla (Madrid) para reunirse con los empresarios y usuarios afectados por esta medida.

Para Ayuso, esta decisión se toma contra dos comunidades autónomas “de distinto signo político” que son “contrapunto a las políticas que se efectúan en el gobierno de España”. La presidenta madrileña ha reclamado a Pedro Sánchez que “rectifique” y ha afeado que se “ataque” a las personas que esquían en Navacerrada por un precio “muy asequible”.

“Aquí vienen familias de todas las clases y todos los tipos. Es demagogo decir que son personas con según qué niveles adquisitivos. Se desprecia a todos los que tienen la oportunidad de practicar deporte a pocos kilómetros de la capital para poder practicar deporte en familia”, ha reprochado Isabel Díaz Ayuso, quien ha utilizado a los niños para rechazar la decisión del Gobierno: “Esto acaba con la libertad de más de 150.000 niños madrileños que en los últimos diez años han podido venir aquí a practicar este deporte”, ha dicho resaltando la palabra 'libertad', eje de su campaña para las elecciones del 4 de mayo.

Pero el plan de protección de estos Gobiernos autonómicos, propuesto por una plataforma de esquiadores, no parece estar atado de momento. “Vamos a estudiar la posibilidad de declararlo Bien de Interés Cultural y de no poder, de solicitarlo al Gobierno o a las autoridades competentes para proteger el patrimonio que consideramos bueno y beneficioso para todo”, ha subrayado la presidenta madrileña. El gobierno autonómico de Castilla y León también estudiará si es posible incluir a la estación de esquí como Bien de Interés Cultural, según ha confirmado a este diario.

Este nivel de protección se suele otorgar a conjuntos históricos, castillos, monumentos, zonas arqueológicas o iglesias. Castilla y León sí ha reconocido como Bien de Interés Cultural algunos 'parajes pintorescos' como la Sierra de Ancares (León), pero esta sería la primera estación de esquí con ese nivel de protección. Según la legislación de Castilla y León, es necesario contar con un informe favorable de al menos dos de las instituciones consultivas que contempla la legislación vigente (Las Reales Academias, las Universidades de Castilla y León y “aquellas otras que reglamentariamente se determinen”).

La multiplicación de los empleos perdidos

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que la decisión del Gobierno de España de cerrar la estación de esquí es “política” y supone “una agresión al mundo rural, al turismo y al deporte”. “Las excusas o argumentos que se están dando desde el punto de vista medioambiental son falsos”, ha asegurado.

El Gobierno de España decidió a principios de marzo que debían cerrar tres pistas de esquí por su impacto medioambiental. El espacio ocupado por estas pistas está declarado Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección de Aves. En el informe que justificaba la decisión del Organismo –al que tuvo acceso elDiario.es–, la Junta de Castilla y León consideraba que la intrusión humana a base de “instalaciones deportivas y de ocio, pistas y estaciones de esquí” era una de las presiones y amenazas sobre estos ecosistemas. También expresaba su preocupación por “la afluencia masiva y uso público no ordenado”.

Ahora Mañueco ha negado que haya “una norma en Castilla y León que impida la actividad” y ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “rectifique” y permita la continuidad de las pistas de esquí “para que puedan seguir trabajando medio millar de personas de manera directa y más de manera indirecta”, una cifra repetida por Ayuso que no coincide con las de la propia empresa concesionaria. La operadora ha afirmado que su cierre implicará la pérdida de “30 puestos de trabajo” y “hasta 200 indirectos”, pero según sus propias cuentas, su plantilla media ha estado entre los 11 y 12 trabajadores. De hecho, los empleos han ido menguando con los años: en el momento de iniciarse el proceso de privatización, Deporte y Montaña SA, tenía 38 trabajadores, según informaba la propia Comunidad de Madrid.

“El cambio climático no puede ser el motivo”

El presidente castellano y leonés ha asegurado que la primera medida que han acordado es “la presión política” al Gobierno de España, al que ha pedido que “rectifique” y “dé marcha atrás” porque es una decisión que va “contra el reto demográfico”. La despoblación es uno de los problemas estructurales más graves de Castilla y León, puesto que muchos de sus jóvenes se marchan a otras comunidades a trabajar, la mayoría a Madrid. Ayuso también se ha referido a la despoblación, “otro de los problemas que nos afecta a las dos comunidades”, aunque ha asegurado que es una cuestión que afecta a “Castilla mucho más”.

La presidenta ha criticado al Gobierno de España y al PSOE por tomar decisiones “sin consenso” y “sin contar con los verdaderos gestores, las personas que trabajan todos los días en ellas y las comunidades autónomas”, a pesar de que en el informe de Parques Nacionales se hace referencia a análisis de Castilla y León.

“Esta decisión culpando a Castilla y León es una farsa porque no tiene ningún argumento jurídico”, ha defendido Ayuso, que cree que la estación de esquí de Navacerrada es “compatible” con el medio ambiente por su tamaño, “insuficiente” para afectar al Parque de Guadarrama. “El cambio climático no puede ser el motivo por el que se cierra. Si no, deberían cerrar las 38 estaciones”, ha remarcado Ayuso, quien ha asegurado que “solo el 5%” del tráfico generado en las carreteras de la zona son para esquiar. “Existe esta joya que, si ponemos interés, podremos preservar para el futuro”, ha insistido Ayuso.

La operadora de la estación sostiene que, sin las pistas del Telégrafo, el Bosque y el Escaparate “la explotación es inviable”. Necesitan crear nieve artificial y solo disponen de cañones en esa zona. En el resto de las pistas, situadas a mayor altura, las precipitaciones naturales apenas permiten su uso. La empresa asegura que el final de la concesión, que comenzó en 1996, le deja abocada a la “quiebra”. Actualmente, el canon que paga por la concesión es de 1.500 euros anuales.