El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha incluido en un informe sobre la financiación de servicios públicos esenciales la recomendación de que el futuro modelo de reparto entre las autonomías cuente con un fondo específico contra la despoblación, que respalde a las zonas con menor densidad de población.
Así figura en la última recomendación del Informe “Análisis de la gestión del programa presupuestario Deuda Pública y su relación con el sistema de financiación y el gasto en materia de sanidad y educación, ejercicios 2004-2021”, publicado este jueves, en el que el Consejo de Cuentas repasa las propuestas consensuadas en Castilla y León para que se incorporen al futuro modelo de financiación mejoras en la ponderación de variables como el envejecimiento, la dispersión territorial y la baja densidad de población, entre otras.
La densidad media: sin los municipios de más de 75.000 para que refleje la despoblación
En concreto, el Consejo habla de que el modelo debería incluir el indicador población necesaria para alcanzar la densidad media sin poblaciones de más de 75.000 habitantes, que ve como el criterio “más adecuado para reflejar el fenómeno de la despoblación”.
El informe indica que ese fondo específico para combatir la despoblación debe ser diferente al actual de compensación interterritorial y advierte de que no es adecuado considerar representada la población sólo a través de la superficie.
No obstante, reconoce el Consejo que hasta que se materialice esa reforma “se debe avanzar en la construcción de una variable de población ajustada a los costes efectivos de los servicios prestados por las comunidades autónomas, con una adecuada ponderación de las variables determinantes del gasto por bloques competenciales, especialmente las no poblacionales tal y como señala el artículo 83.6 del Estatuto de Autonomía”.
Un déficit de financiación en gasto social de 5.137 millones
El Consejo de Cuentas analiza que el gasto social por habitante en Castilla y León ha pasado de 2.514 a 3.219 euros de 2009 a 2021, el cuarto mayor aumento autonómico con un 28 por ciento, y a la par la Comunidad acumula un déficit de financiación en ese periodo -la diferencia entre lo recibido y ese gasto social- de 6.722 millones de euros, 5.137 millones si se descuentan los recursos por la covid.
Ello supone “una infrafinanciación de 395 millones de euros, con un 6 % de promedio de gasto social no cubierto”; que supone un déficit medio por habitantes de 158 euros.
Y teniendo en cuenta las propuestas de la Comunidad al grupo de trabajo del Ministerio para reformar el modelo de financiación, se deberÌa aumentar la ponderación de las variables asociadas al gasto de sanidad y servicios sociales del 38 % al 45 % y del 8,5 % al 10 %, respectivamente, tendiendo a las proyecciones de poblaciÛn del INE, que hacen previsible una mayor necesidad de gasto en los bloques de sanidad y servicios sociales y un menor gasto en educación.
En Sanidad: actualizar los coeficientes por el gasto de cada comunidad
En los indicadores asociados a los gastos de sanidad, se debería actualizar los coeficientes asociados por tramos de edad para la población protegida, en función del gasto realmente asumido por las comunidades autónomas, que depende del copago de las recetas farmacéuticas.
Plantea, además, que “se deberían modificar los indicadores asociados a los gastos de educación de manera que se considere parte de la población que cursa estudios no universitarios y al alumnado universitario, modulando la intensidad real de uso de este servicio en función de una tasa neta de escolarización en educación universitaria de 18 a 24 años; o considerando los matriculados en grado de máster y doctorado de cada Comunidad.
Respecto a servicios sociales, el Consejo plantea que se considere la población mayor de 65 años en grupos quinquenales de edad ponderados en función del grado de dependencia reconocida.
Una nueva variable sobre el coste de mantener las residencias en el territorio
Y planeta una nueva variable que tenga en cuenta el coste diferencial del mantenimiento de los centros residenciales para las personas mayores en las distintas comunidades autónomas y su distribución en el territorio.
La Junta debe incluir la deuda de todo su sector público
En las recomendaciones, el Consejo también sostiene que la Consejería debe plantearse incluir la deuda de todo su sector público, incluyendo la deuda de entes como el Instituto para la Competitividad Empresarial o el Instituto Tecnológico Agrario.
Se trata de que pueda ser más eficaz para realizar tanto un análisis funcional como una evaluación integra de la deuda del sector público de la Comunidad.
Plantea además que la Consejería debe formalizar en un documento el plan estratÈgico subyacente, que contemple la situación y dinámica del mercado financiero, las prioridades y objetivos con relación a la deuda, definiendo las variables a tener en cuenta.
Entre ellas, el cumplimiento de los objetivos exigidos por las reglas fiscales, el volumen de financiaciÛn y calendario de vencimientos armónico y sostenible en relación con las disponibilidades presupuestarias marcadas a tenor de los escenarios previstos.
Y también la cartera de deuda diversificada acorde a la situación del mercado.
Plantear al Ministerio Una revisión para combinar el FLA con la financiación del mercado
Otra recomendación, es que la Consejería impulse las medidas necesarias para que el Ministerio revise las condiciones para combinar la financiación de los mecanismos del fondo de financiación de las comunidades autónomas con la financiación en el mercado, adaptándolas a la situación presente, dado que se fijaron en un contexto diferente al actual.
Carriedo ve muy útil el informe de Consejo de Cuentas y señala que la Comunidad está “infrafinanciada”
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha considerado “muy útil” el informe del Consejo de Cuentas autonómico que incluye aportaciones para la mejora del modelo de financiación autonómica, y que a su juicio debe servir “de base” tanto para negociar un acuerdo en la Comunidad como para llevarlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y preguntado por ese informe del Consejo de Cuentas publicado este jueves, Carriedo ha incidido en que es un documento “que es bueno que sea leído por todo aquel que tenga interés en la materia” y que servirá de base para que se escuchen los argumentos de la Comunidad, que avala y ampara ese estudio.
“Lo que se nos plantea por el Consejo de Cuentas también es que nuestra Comunidad está infrafinanciada, que los recursos que recibimos del sistema de financiación no son suficientes para abordar el coste de los servicios públicos que tenemos asumidos. Esto nosotros lo compartimos”, ha reflexionado Carriedo.
En esa línea, ha sostenido que ahora “que se habla de mejorar la financiación de las Comunidades infrafinanciadas ese informe del Consejo de Cuentas va a ser muy útil para poder demostrar con cifras con números con datos que Castilla y León tiene más coste en la prestación de los servicios públicos por sus condiciones demográficas y geográficas”.