Igea presenta una proposición de ley para modificar el Estatuto de los altos cargos de Castilla y León

 El procurador Francisco Igea ha presentado una proposición de ley para modificar la ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los altos cargos de la administración de la comunidad de Castilla y León. El exvicepresidente autonómico solicita reformar la composición de la Comisión de Ética Pública después de la última decisión de la Comisión de Ética y de que el consejero de la Presidencia, Luis Miguel Gago, acudiera a la reunión.

Este organismo considera que las declaraciones xenófobas del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y del consejero de Empleo, Mariano Veganzones, son compatibles con la ejemplaridad y no discriminación. Igea pretende así hacer frente a la “parcialidad en la designación de sus integrantes”.

El ex de Ciudadanos ha recordado que los niveles de exigencia ética de los altos cargos “han variando a lo largo del tiempo” y sus estándares constituyen un “reflejo de la calidad democrática de los estados y de las administraciones públicas”, según ha denunciado a través de un comunicado.

“Es necesario que de los integrantes de la Comisión de Ética Pública no sean designados por la propia administración autonómica en su totalidad”, ha demandado. “La actual composición adolece de la presunción de imparcialidad necesaria para el ejercicio de sus funciones porque la interpretación exclusiva no puede recaer en quien dirige la administración autonómica o a quienes designen”.

Pide que se valore el incumplimiento del Código Ético

Francisco Igea ha pedido, al amparo de lo previsto en la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León la actuación de la Comisión de Ética Pública para valorar el posible incumplimiento del Código Ético porque Gago acudió a la reunión cuando la norma establece que los altos cargos deben abstenerse en los asuntos en los que “pueda favorecerse un interés personal o de un tercero comprometiendo su objetividad” (artículos 4.4, 6.1 y 3.2 a).

El objetivo es valorar un posible incumplimiento del Código Ético por parte del consejero de Presidencia al participar el 29 de enero de 2024 en la reunión de la Comisión de Ética Pública, cuando se analizaba una posible sanción a García-Gallardo y Veganzones. Dicha situación se enmarca dentro de lo previsto en el artículo 8 de la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como en lo previsto en articulo 23 de la Ley 4/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, y por lo tanto, “debiendo haberse abstenido el consejero de Presidencia de su participación en este asunto”.

La Comisión de Ética Pública está compuesta por el consejero y el secretario general de la Presidencia, el secretario general de la Consejería de la Presidencia, el responsable de la Inspección de Servicios y tres expertos en Derecho designados por la Junta de Castilla y León entre catedráticos y profesores universitarios.