Mañueco afronta su investidura atado a la extrema derecha tras convocar elecciones para librarse de Ciudadanos

Castilla y León será desde este lunes la primera Comunidad gobernada por un partido de extrema derecha. El PP sellará su pacto con Vox con una investidura que se produce casi dos meses después de las elecciones del 13F y que a punto ha estado de no producirse. Hace una semana, Alfonso Fernández Mañueco y sus negociadores, recién llegados del Congreso Extraordinario de Sevilla donde se aupó a Alberto Núñez Feijóo, se reunían por última vez con los de Vox. La oferta del partido de extrema derecha era dura: o el PP le cedía la dirección de Comunicación y la presidencia en la comisión de secretarios generales, o se ponían plazos para poner en marcha 'leyes Vox': la Ley de Violencia Intrafamiliar, que diluye la violencia de género que el partido de Abascal niega, y la Ley de Concordia, que se impone al decreto de Memoria Histórica y deja de tomar como base a los represaliados. El encuentro se produjo después de una semana en la que a Mañueco no habían dejado de apretarle las tuercas y con la resaca de un Congreso en el que su equipo salió escaldado por no entrar en el círculo de confianza de Feijóo.

Mañueco escuchó y leyó el documento que se le presentó y salió de la sala sin firmar. Pero 24 horas después claudicaba y concedía la tramitación de ambas leyes antes de las vacaciones de verano en el Parlamento a cambio de la investidura. Atar su legislatura y su trayectoria política a Vox ha sido uno de los efectos adversos no esperados por Mañueco cuando el pasado mes de septiembre, tal y como adelantó elDiario.es, empezó a darle vueltas a la idea de deshacerse de Ciudadanos. Con la pandemia bajo control por el avance de la vacunación, su vicepresidente, Francisco Igea, y su consejera de Sanidad, Verónica Casado, le estorbaban. Que ambos lo eclipsasen mientras el COVID-19 golpeaba duramente en Castilla y León, le vino bien. Hasta que las encuestas de valoración dieron más puntuación a Casado que a él y hasta que otra encuesta de un diario local el pasado verano le otorgó una supuesta mayoría absoluta.

El entonces presidente empezó a pergeñar una ruptura con el partido de Arrimadas. El primer paso fue apoyar una PNL socialista en contra del plan de reforma de la Atención Primaria de Casado, toda una provocación para su socio de gobierno. Pero Ciudadanos aguantó el tirón. Mañueco tuvo que buscar una excusa y utilizó una supuesta deslealtad de Ciudadanos en la negociación de los presupuestos y una segunda moción de censura del PSOE. El 20 de diciembre, mientras Igea intervenía en un programa de radio hablando de un pacto de gobierno fuerte y negando una crisis, Mañueco publicaba un tuit en el que cesaba a todos los consejeros de Ciudadanos y disolvía las Cortes.

No había creído del todo las encuestas favorables, pero nunca esperó un resultado que le ha dejado a merced de la extrema derecha y que le convierte en responsable de haber introducido a Vox por primera vez en un gobierno autonómico. Los resultados del 13F fueron un auténtico fracaso pese a que el PP fue la primera fuerza porque, a la postre, son muy parecidos a los de 2019 (pasó de 29 a 31 escaños pero esta vez consiguió menos votos) y dependía de una tercera fuerza, Vox, que había conseguido 13 escaños.

Cuando negoció con Ciudadanos, estos contaban con 12 diputados, así que el cambio que pretendía dar Mañueco, que no era otro que gobernar en solitario con el apoyo, si acaso, de otro partido, se convirtió en un giro, pero de 360 grados: ahora está en la misma situación que antes de adelantar las elecciones, sólo que el yugo no lo sujeta Igea, sino Santiago Abascal. Por el momento el líder de Vox ya ha conseguido que su partido tenga la presidencia del Parlamento Autonómico y que las primeras leyes que se aborden en esta nueva legislatura, sean las que lleva en su programa. Mañueco, mientras, tiene serias dificultades para explicar qué significan esas concesiones. Sin tener las consejerías de Familia e Igualdad y Transparencia (ha escogido Agricultura, Empleo e Industria y Cultura), Vox ha impuesto leyes que pendían de ellas, y además coloca a un vicepresidente, Juan García-Gallardo, sin funciones ejecutivas, pero que asegura que va a “supervisar” la publicidad institucional y el plan de medios de la Junta.

Las implicaciones del pacto son complicadas. Este lunes, el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no estará en la investidura, pero sí acudirá la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de las pocas del PP que avalan un futuro ligado a Vox. La sesión comenzará a las 12.00, con el discurso sin límite de tiempo de Mañueco para exponer su programa, y se reanudará por la tarde con la intervención de los grupos parlamentarios.